El Consejo de Ministros, reunido hoy en Mérida (Badajoz), autorizó hoy, oídos los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, un trasvase de 82 hectómetros cúbicos de agua procedentes de los embalses de cabecera del Tajo con destino a la Cuenca del Segura para el período de julio a septiembre. De este volumen, 39 hectómetros cúbicos se destinarán a abastecimiento y los 43 restantes a regadíos.
La distribución definitiva, dentro del total autorizado, le corresponde a la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que se reunirá el próximo miércoles para decidir también el calendario de los desembalses. Fueron precisamente estos expertos quienes dejaron en manos del Gobierno la decisión sobre la cantidad de agua a trasvasar por las condiciones hidrológicas "excepcionales".
En total, el Ejecutivo ha dado luz verde a un total de ocho obras de emergencia para la construcción de conducciones y depósitos que garanticen el abastecimiento en zonas con problemas. Las obras se llevarán a cabo en Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Extremadura, con un importe de 16 millones de euros.
Según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, esta decisión gubernamental ha tenido en cuenta la situación excepcional registrada en la cabecera del Tajo, donde las aportaciones netas de este año hidrológico no superarán los 360 hectómetros cúbicos, la cifra más baja del período 1912-2004.
El nivel actual de los embalses se sitúa en 511 hectómetros cúbicos, lo que exige "la máxima prudencia para no comprometer ahora recursos imprescindibles para el próximo año", dijo De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, aseguró que el Ejecutivo ha tenido también en consideración la "gravísima" situación de la Cuenca del Segura, cuyos recursos propios han descendido al 10 por ciento, "poniendo en peligro las cosechas de este año y la supervivencia de los cultivos leñosos".
Con los 82 hectómetros de agua aprobados para trasvasar, se podrá atender "todas las necesidades" de la Cuenca del Tajo tanto para abastecimiento como para parte del regadío y también en la Cuenca del Segura de acuerdo con las hipótesis "más prudentes" en materia de pluviometría, tal y como manifestó la portavoz del Ejecutivo.
"MÁXIMA" RESPONSABILIDAD DE CC.AA.
De todas formas, el Gobierno pide a las fuerzas políticas en Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Almería la "máxima responsabilidad" ante la "delicada" situación provocada por la "drástica" reducción de las lluvias en la cabecera del Tajo, al inicio, de este período de sequía.
"Consideramos urgente impulsar la reorientación ya iniciada en la política del agua en toda España", afirmó De la Vega. A su juicio, es necesario mejorar el control público del uso del agua, tanto superficial como subterránea; acelerar el proceso de modernización de los regadíos, el incremento en el ahorro, la eficiencia y el consumo del agua y garantizar de forma "estable" la disponibilidad de agua de buena calidad, incluidos los períodos de sequía.
De la Vega reconoció que cualquier trasvase, como el del Tajo-Segura, tiende a generar expectativas en la cuenca receptora que a veces son "poco compatibles" con la evolución de las disponibilidades efectivas en la cuenca cedente. "Estos factores hay que tenerlos en cuenta", dijo.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha aprobado dos obras de compensación en Castilla-La Mancha, una en el canal de Albacete, en una superficie de 6.744 hectáreas afectada del Plan Nacional de Regadíos, que va a beneficiar a 800 regantes, y unas infraestructuras para sustitución de bombeos en el acuífero de La Mancha oriental, de unas 14.000 hectáreas.
Finalmente, De la Vega manifestó que España se encuentra en un momento hidrológico "especialmente difícil" desde el mes de enero, por lo que el Gobierno está actuando para prevenir los efectos negativos de "uno de los años más secos de la historia reciente".
Planes específicos contra la sequía, protocolos de actuación y planes de emergencia y obras por cerca de 400 millones de euros, la mitad en la Cuenca del Segura, son algunas de las medidas adoptadas.
Además, el Ejecutivo exonera a los regantes afectados del pago de las tarifas de agua y ha acelerado las actuaciones en Murcia y la Comunidad Valenciana. También ha puesto "especial" atención en Castilla-La Mancha, con la que hay un compromiso de 2.000 millones de euros de inversión a lo largo de la legislatura además de abordar obras de urgencia por primera vez en la comunidad, concluyó la vicepresidenta