El vicepresidente del Sindicato, Manuel Serrano, afirma que esta vez va en serio y aconseja al Gobierno que «se ate los machos»
J. P.
El Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura va a movilizar a los agricultores de Alicante, Murcia y Almería contra la decisión adoptada ayer por el Consejo de Ministros. Su vicepresidente, el ilicitano Manuel Serrano, auguró que el desembalse autorizado sólo va a permitir la supervivencia del 10% del arbolado y acarreará numerosos expedientes de regulación de empleo y pérdidas económicas no inferiores a los 20.000 millones de euros.
«Los ánimos están francamente exaltados y esta vez no va en broma. Que se aten los machos», advirtió. Así se manifestó, en un tono poco habitual en él, Serrano al término la Junta de Gobierno del Sindicato celebrada en Murcia para valorar el acuerdo tomado a mediodía por el Consejo de Ministros.
Para el martes a las 20 horas se ha convocado en la capital del Segura una asamblea general -a la que asistirán representaciones de todas las comunidades de regantes afectadas en las tres provincias- con un único punto en el orden del día: «la autorización de medidas de fuerza».
Serrano no quiso avanzar ninguna posibilidad aunque, a preguntas de este diario reconoció que, «en el sentir de la gente» está actuar contra las infraestructuras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que abastece de agua potable a la Región de Murcia y el sur de Alicante.
El vicepresidente del Sindicato avanzó que se entablará un contencioso contra la decisión del Consejo de Ministros aunque, al tiempo, reconocía que esta actuación va a servir para bien poco porque el resultado se conocerá no antes de ocho o diez años.
La medida adoptada ayer dejará a a los comuneros de Riegos de Levante con sólo siete minutos de agua por tahúlla para los tres meses de verano o, lo que es lo mismo, 2 minutos y 33 segundos para cada mes. «Eso es un chiste», afirmó Serrano, quien se mostro francamente enojado tras conocer que el secretario de Medio Ambiente de los socialistas valencianos, Francesc Signes, había manifestado que el acuerdo ministerial «asegura el mantenimiento de las explotaciones agrarias del sur de la Comunidad Valenciana».
«¿Está de cachondeo o se está burlando de mi?», se preguntó Serrano en relación al comentario de Signes. «Creía que era un ciudadano de segunda, pero ahora estoy cerca de la segunda regional. Si lo que ha dicho es una broma, es de muy mal gusto. Me parece un insulto a los agricultores y a la mente humana».
Serrano afirmó que tras la decisión de ayer no se podrá salvar más de un 10% del arbolado «y, por supuesto, no se podrá plantar nada». Los propietarios de invernaderos, como es su caso, ni podrán acabar el año ni planificar el siguiente. Además, «esto va a suponer un aumento importante de los expedientes de regulación de empleo. La recuperación del arbolado no va a ser inferior a cuatro años en el mejor de los casos. Son 70.000 hectáreas. Las pérdidas económicas van a ser de más de 20.000 millones de euros».
El vicepresidente del Sindicato considera que el Gobierno no ha valorado adecuadamente su decisión y explicó que no tiene sentido dejar en los embalses agua de riego para octubre «porque en agosto ya habremos acabado todos».
Por su parte, el presidente del Sindicato, Francisco del Amor, no dudó en hablar ya de «zona catastrófica» y señaló que el informe presentado al Gobierno cifraba la pérdida de frutales en 41 millones de árboles. Asimismo, destacó el impacto ambiental que supondrá la pérdida del pulmón verde que supone el arbolado para el Levante español que, según afirmó, es el freno de la desertización de esta zona.
El portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, consideró «absolutamente decepcionante e insolidaria» la decisión del Consejo de Ministros y subrayó que su Ejecutivo adoptará «las medidas que estén en su mano, de carácter político, económico y legal» y apoyará las movilizaciones, informa Efe.