El Gobierno pide responsabilidad política ante la "drástica situación" por la sequía. Castilla-La Mancha tilda la medida de desmesurada y Murcia la considera decepcionante e insolidaria.

EFE. MADRID

El Consejo de Ministros aprobó ayer el trasvase de 82 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, de los que 39 se destinarán a abastecimiento y 43 a regadíos, decisión que suscitó críticas en Castilla-La Mancha y en Murcia, mientras que el Gobierno pidió responsabilidad a los partidos.
Así, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió "a todas las fuerzas políticas en Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Almería la máxima responsabilidad ante la delicada situación provocada por la drástica reducción de las lluvias en la cabecera del Tajo".
Ayudas. De la Vega se refirió a diferentes medidas tomadas en este año para paliar los efectos de la sequía, como obras de emergencia por cerca de 400 millones de euros, la mitad de ellas en la cuenca del Segura, ayudas a los regantes afectados y al compromiso de inversión en Castilla-La Mancha de 2.000 millones de euros a lo largo de la legislatura.
Ayer también se aprobaron ocho obras de emergencia para garantizar el abastecimiento en zonas con problemas en Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Extremadura, por un importe de 16 millones de euros.
Según la vicepresidenta, la distribución definitiva de los 82 hectómetros la hará la Comisión de Explotación del trasvase, el próximo miércoles, que decidirá también los desembalses.
Precisó que para tomar esa decisión se tuvo en cuenta la situación excepcional en la cabecera del Tajo, donde las aportaciones netas del año hidrológico no superarán los 360 hectómetros cúbicos, la cifra más baja del período 1912-2004.
Indicó que el nivel actual de los embalses se sitúa en 511 hectómetros cúbicos y destacó que el Gobierno también tuvo en cuenta "la gravísima situación de la cuenca del Segura, cuyos recursos propios han descendido al diez por ciento", lo que pone en peligro no sólo las cosechas de este año, sino la supervivencia de los cultivos leñosos.
Por su parte, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, tildó de irresponsable y de desmesurada la decisión, ya que, según dijo, puede solucionar el problema de unos regantes pero pone en riesgo el abastecimiento de "tres millones de españoles que beben del Tajo".
Tras insistir en que la decisión es imprudente, dada la situación de los embalses, dijo que el Gobierno autonómico estudiará si plantea algún tipo de actuación política o jurídica contra el trasvase.
Para el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Murcia, Fernando de la Cierva, es "absolutamente decepcionante e insolidaria" la decisión y aseguró que supone un ataque frontal a la región.
De esta forma, advirtió de que su Ejecutivo adoptará las medidas que estén en su mano, de carácter político, económico y legal para defender los intereses de los regantes murcianos, y comprometió la presencia del Gobierno en movilizaciones que pudieran celebrarse contra esta decisión, "siempre que las convoque la sociedad".