La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó hoy que el Acuerdo por el Agua en la Cuenca del Guadalquivir, pacto pionero en España que han suscrito una cuarentena de administraciones y grupos sociales, es un ejemplo frente a la confrontación partidista que rodea la gestión del agua.
Narbona, que abogó por trasladar este acuerdo al resto de las confederaciones hidrográficas españolas, opinó que "la conflictividad política en materia de agua debe de ir quedando atrás".
"El Ministerio de Medio Ambiente quiere impulsar el acuerdo en materia de política del agua por encima de los distintos partidos", apostilló.
Advirtió de que "nos jugamos mucho" en España en política hidrológica, "entre otras cosas -dijo- preparar a este país para que la próxima sequía nos coja mucho mejor preparados".
Destacó que el consenso, y no la confrontación partidista, debería ser lo normal en la gestión del agua, porque en España requiere de "un acuerdo que sea estable en tiempo".
"Por encima de cualquier discrepancia, tanto de carácter partidista como social, creo que hay un mínimo común denominador para trabajar juntos y seguir avanzando para mejorar la gestión del agua", destacó.
La ministra aplaudió que el Acuerdo del Guadalquivir se base en el consenso político y en la limitación de la demanda de agua y recordó que la gestión del agua en España debe "reorientarse" para cumplir las directivas comunitarias que exigen más sostenibilidad medioambiental, racionalidad económica y participación social en la política hidrológica.
El consejero andaluz de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, recordó que el acuerdo firmado hoy es pionero en España en unir a responsables agrarios y medioambientales y destacó que los agricultores del Guadalquivir ya no son "unos derrochadores de agua", porque la modernización de doscientas mil hectáreas de regadío ha permitido ahorrar 133 hectómetros cúbicos anuales.
Su homóloga de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, destacó que el Acuerdo suscito hoy no sólo se preocupa del ahorro del agua sino que también aborda la mejoras de la calidad ecológica del Guadalquivir, y lo calificó de "modelo de gestión del agua basado en el acuerdo de las administraciones y el consenso de los usuarios".
El Acuerdo por el Agua en la Cuenca del Guadalquivir, consensúa las prioridades hidrológicas en esta zona para los próximos años sobre la base de que no se incrementen las casi 700.000 hectáreas de regadío actuales y se mejore la gestión del agua con políticas como la modernización de regadíos, en la que la Junta de Andalucía ha invertido 310 millones de euros en los últimos cinco años.
El documento aboga por vigilar también las extracciones de agua subterránea y restringe la construcción de nuevos embalses a los ya aprobados de La Breña II y Arenoso, en Córdoba, y el de Melonares, en Sevilla.
El acuerdo también prevé la creación de los denominados Bancos Públicos de Agua, que permitirían la venta de recursos hídricos obtenido de un ahorro de agua, pero siempre bajo control público.
También propugna una política de precios que "proporcione incentivos para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos" y permita recuperar "los costes de los servicios relacionados con el agua, teniendo en cuenta el principio de que quien contamina, paga".