URUGUAY-AGUA En Uruguay crean comisión por traspaso de agua al Estado
Montevideo, 27 jun (EFECOM).- El Gobierno uruguayo y la Comisión Nacional por el Agua y la Vida crearán una comisión mixta para analizar el alcance de la reforma constitucional que coloca en manos del Estado todos los servicios de saneamiento y suministro de agua, dijeron hoy fuentes sindicales.
"Se abre una instancia de diálogo que es muy importante para nosotros", dijo a EFE Adriana Marquisio, una de las integrantes de la Comisión, tras reunirse hoy con el secretario de la presidencia de la República, Gonzalo Fernández, y con el viceministro de Medio Ambiente, Jaime Igorra.
El pasado 31 de octubre, los uruguayos aprobaron en un referéndum una reforma constitucional que establece que todos los servicios de agua y saneamiento tienen que estar bajo la órbita del Estado.
Sin embargo, tras meses de debate interno, el Poder Ejecutivo firmó en mayo un decreto que establece la continuidad de las empresas privadas que brindan servicios de saneamiento y agua potable y que tenían contratos con el Estado anteriores al 31 de octubre pasado.
La española Aguas de la Costa -el 60 por ciento de cuyas acciones es propiedad de Aguas de Barcelona- se benefició del decreto, pero a la también española Uragua -propiedad de Iberdrola, Aguas de Bilbao y BBK)- se le rescindió el contrato "por incumplimiento".
El decreto fue muy contestado por la Comisión, que había sido la impulsora de la reforma constitucional, a pesar de que el 99,7 por ciento de los servicios de agua potable y saneamiento del país vuelve a estar en manos del Estado.
La Comisión, que exige la rescisión de todos los contratos, llegó a plantear un recurso de revocación del decreto. Un camino que también siguieron Uragua y el Partido Colorado, en la oposición.
Además, los integrantes de la Comisión hicieron distintos actos de protesta, entre ellos una caminata de cinco días desde el departamento atlántico de Maldonado, donde se encuentran la mayoría de las empresas privadas de prestación de servicios de agua.
La caminata culminó hoy frente al Edificio Libertad, sede del Ejecutivo, y allí algunos de los participantes se reunieron con representantes del Gobierno.
Marquisio explicó que la comisión se conformará "en los próximos días" y que la intención es poder "debatir tanto el alcance de las indemnizaciones a pagar, teniendo en cuenta las inversiones y las amortizaciones como juntar información sobre los incumplimientos cometidos por las empresas".
Paralelamente, mañana, martes, se celebrará la audiencia de conciliación presentada por Uragua contra el Estado por la rescisión del contrato.
La empresa interpreta que, más allá de que se hayan producido o no dichos incumplimientos, no puede seguir prestando el servicio a causa de la reforma constitucional y por eso exige una indemnización de 24 millones de dólares.
"Se abre una instancia de diálogo que es muy importante para nosotros", dijo a EFE Adriana Marquisio, una de las integrantes de la Comisión, tras reunirse hoy con el secretario de la presidencia de la República, Gonzalo Fernández, y con el viceministro de Medio Ambiente, Jaime Igorra.
El pasado 31 de octubre, los uruguayos aprobaron en un referéndum una reforma constitucional que establece que todos los servicios de agua y saneamiento tienen que estar bajo la órbita del Estado.
Sin embargo, tras meses de debate interno, el Poder Ejecutivo firmó en mayo un decreto que establece la continuidad de las empresas privadas que brindan servicios de saneamiento y agua potable y que tenían contratos con el Estado anteriores al 31 de octubre pasado.
La española Aguas de la Costa -el 60 por ciento de cuyas acciones es propiedad de Aguas de Barcelona- se benefició del decreto, pero a la también española Uragua -propiedad de Iberdrola, Aguas de Bilbao y BBK)- se le rescindió el contrato "por incumplimiento".
El decreto fue muy contestado por la Comisión, que había sido la impulsora de la reforma constitucional, a pesar de que el 99,7 por ciento de los servicios de agua potable y saneamiento del país vuelve a estar en manos del Estado.
La Comisión, que exige la rescisión de todos los contratos, llegó a plantear un recurso de revocación del decreto. Un camino que también siguieron Uragua y el Partido Colorado, en la oposición.
Además, los integrantes de la Comisión hicieron distintos actos de protesta, entre ellos una caminata de cinco días desde el departamento atlántico de Maldonado, donde se encuentran la mayoría de las empresas privadas de prestación de servicios de agua.
La caminata culminó hoy frente al Edificio Libertad, sede del Ejecutivo, y allí algunos de los participantes se reunieron con representantes del Gobierno.
Marquisio explicó que la comisión se conformará "en los próximos días" y que la intención es poder "debatir tanto el alcance de las indemnizaciones a pagar, teniendo en cuenta las inversiones y las amortizaciones como juntar información sobre los incumplimientos cometidos por las empresas".
Paralelamente, mañana, martes, se celebrará la audiencia de conciliación presentada por Uragua contra el Estado por la rescisión del contrato.
La empresa interpreta que, más allá de que se hayan producido o no dichos incumplimientos, no puede seguir prestando el servicio a causa de la reforma constitucional y por eso exige una indemnización de 24 millones de dólares.