barcelona. - Las obras alternativas al trasvase del Ebro no podrán entrar en funcionamiento para poder afrontar el nuevo episodio de sequía que sufren las cuencas de Catalunya. La veintena de infraestructuras pactadas entre el ministerio que dirige Cristina Narbona y su homólogo Salvador Milà para resolver los déficit hidráulicos en esta comunidad se encuentran en fase de proyecto y la mayor parte está pendiente de financiación europea.
Los dos primeros convenios entre administraciones para impulsar obras se han firmado esta semana. Servirán para mejorar el suministro de aguas en Tarragona y otras comarcas, y para crear la red de abastecimiento desde el embalse de la Llosa del Cavall hasta las zonas secas del Solsonès, Bages y Berguedà.
Sin embargo, este impulso llega cuando la sequía recuerda que la falta de recursos hidráulicos es aquí un problema estructural. La carencia de agua se repite cíclicamente, como los decretos contra la sequía.
Además, Catalunya ha perdido recursos hídricos los últimos tiempos. La contaminación por nitratos en las reservas subterráneas -procedentes sobre todo de los purines- ha destruido unos 30 hm3, una cifra superior a los 20 hm3 que ahorrarán de junio a diciembre las medidas de ahorro en el desagüe restringido en los embalses del Ter y del Llobregat.
Las obras alternativas pactadas incluyen la desaladora de El Prat, la captación de nuevos caudales en el Besòs o una nueva tubería de Cardedeu a Barcelona.
Todos estos proyectos han sido objeto de un pacto concretado a través de una enmienda del PSOE a la ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional, con lo que estas obras dejan de ser de interés estatal y pasan a ser de competencia de la Generalitat. Como contrapartida, el Ministerio de Medio Ambiente tramitará ante la UE la financiación de estos proyectos con la promesa de obtener fondos de cohesión por valor de 542 millones de euros para costear aproximadamente la mitad de las inversiones (el resto a cargo de la Generalitat y los usuarios). La madeja de competencias deberá deshilarse en futuros convenios custodiados con la letra menuda de abogados del Estado.
Sin embargo, el acuerdo ha sido muy criticado en el Parlament por el diputado de CiU, Ramon Espadaler, quien acusó ayer al conseller Milà de dejarse engañar por el Gobierno porque 'somos la única comunidad que no tiene ni una obra de interés general'. Según Espadaler, con la polémica enmienda, Catalunya pasa de tener garantizada una inversión estatal de 1.092 millones de euros a 649 millones, lo que supone una pérdida de 443 millones: que equivalen a 'siete años de canon de agua'. Espadaler cree que 'no tenemos ninguna certeza de que se vaya a obtener esta financiación europea', que es previsible que Bruselas ponga alguna objeción, y que 'además los fondos acaban en el 2007'.
Milà -que acostumbra a neutralizar las críticas por anticipado- se defendió un día antes. Afirmó que la inversión del nuevo PHN se incrementará desde los 1.294 millones iniciales a 1.564, con fondos estatales que suman 966 millones (incluye la mejora ambiental del delta del Ebro, la descontaminación de Flix y las obras que suplen la prolongación del minitrasvase). El conseller insistió en que los fondos 'estarán ahora mejor amarrados', pues cuando el PSOE llegó al poder se encontró con que el PP había prometido más fondos de cohesión que los que podía garantizar. Milà reiteró que 'las obras de interés general no significan que se ejecuten' y que el modelo de financiación es el mismo que antes (depuradora de El Prat). También insistió en que al asumir la competencia la Generalitat se evitará 'el desastre' que han sido las obras del Estado en Catalunya.