La empresa Aguas Provinciales de Santa Fe, controlada por capitales franceses y españoles, rescindió hoy el contrato de concesión del servicio de distribución de agua en esa provincia argentina, confirmaron a EFE fuentes gubernamentales.
La compañía con participación del grupo francés Suez y Aguas de Barcelona (Agbar), notificó hoy su decisión de anular unilateralmente el contrato de concesión con el Gobierno de la provincia central de Santa Fe, indicaron las fuentes.
En un comunicado la empresa culpó al Gobierno provincial de obligarle a rescindir el contrato ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo "respecto de la recomposición del contrato" de concesión, firmado en 1995.
La compañía trazó un plazo de noventa días para transferir al Estado provincial los bienes y servicios de la concesión.
"El objetivo de Aguas Provinciales de Santa Fe y sus accionistas es seguir las tratativas con la provincia para coordinar una salida ordenada que garantice la continuidad y calidad de los servicios", afirma la nota.
La empresa da servicios da 1,8 millones de habitantes en 15 localidades de Santa Fe, donde opera una red de agua de 4.374 kilómetros de extensión y otra de desagües cloacales de 3.088 kilómetros.
La compañía cuenta con la participación de Suez (51,69 por ciento), Interagua, controlada por Aguas de Barcelona (14,92 por ciento), Banco de Galicia y Buenos Aires (12,50 por ciento) y Agbar (10,89 por ciento), en tanto que el 10 por ciento restante de las acciones está en manos de los trabajadores.
Aguas Provinciales de Santa Fe presentó en abril de 2003 una demanda por 170 millones de dólares contra el Estado argentino ante un tribunal arbitral internacional, dependiente del Banco Mundial, por las pérdidas ocasionadas por la congelación de las tarifas desde comienzos de 2002.
Meses más tarde, tanto Suez como Agbar presentaron sus propias demandas ante la misma instancia por los perjuicios ocasionados a su participada Aguas Argentinas, que da servicios de agua en Buenos Aires y en 17 municipios de su cordón urbano.
En la negociación de un nuevo contrato con Aguas de Santa Fe, mientras la empresa presionaba por un aumento tarifario, el Gobierno santafesino acusaba a la firma de haber incumplido las inversiones convenidas.
El ministro de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de Santa Fe, Alberto Nazareno Hammerly, dijo a la prensa que la compañía tendrá que demostrar ante la instancia judicial que la rescisión del contrato fue "por culpa de la provincia y no de la empresa".