Fenacore advierte que ya existen recortes encubiertos de caudales
J. S., Valencia.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore)ha pedido al Gobierno que establezca compensaciones económicas a los regantes que cedan sus caudales concesionales en beneficio del consumo urbano en aquellos lugares donde la sequía obligue a adoptar este tipo de medidas.
Los regantes dicen estar amparados por la Ley de Aguas y también por abundante jurisprudencia. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Estado tuvo que hacer frente al pago de los caudales asignados a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) que en la década de los 90 tuvieron que ser derivados desde Alarcón hasta la Marina Baja a consecuencia de la sequía.
Fenacore considera que la sociedad está inmersa en una «sequía climatológica», pero no hidráulica, «ya que todavía hay agua en los embalses como para garantizar el abastecimiento urbano y agrícola».
No obstante, los regantes añaden que los embalses se encuentra por debajo del nivel que debería considerarse normal en esta época del año y afirman que si bien las confederaciones hidrográficas no han anunciado todavía oficialmente la existencia de recortes de agua para regadío, «si se puede hablar extraoficialmente de restricciones en algunas cuencas».
En este sentido, los regantes aseguran que si el déficit de lluvias se mantiene las primeras restricciones de agua llegaran para la margen izquierda del Ebro y «el Levante peninsular», en alusión al sur de Alicante y Murcia.Por otro lado, Fenacore reconoce que la paralización del Plan Hidrológico Nacional «no ha acentuado el problema de la sequía, ya que las nuevas obras del trasvase no habían estado concluidas para la fecha actual pero reconoce que, al menos, los regantes si tendrían la esperanza y aliento de que las próximas sequías serían más llevaderas».
Pendiente de la Comunidad
Por otro lado, el Gobierno aprobará medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía en cuanto disponga de las valoraciones que tienen que aportar las comunidades autónomas en el marco de la Oficina Permanente para situaciones de adversidad climática o medioambiental, según anunció en el Senado la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa. Así, en los próximos días, el Real Decreto-Ley que está preparando el Ejecutivo se presentará a las comunidades autónomas y al sector, con el objetivo de que se pueda aprobar en junio.
La ministra informó de que algunas de las medidas que contendrá el Real Decreto-Ley ya han sido transmitidas a las comunidades en la última reunión de la Oficina Permanente, el pasado día 20 de mayo, y que incluyen, entre otras, reducciones y exenciones fiscales, moratorias en los pagos a la Seguridad Social, créditos bonificados y apoyo al sistema de seguros agrarios