La sequía provocará este año que los agricultores tengan que pagar a la Administración tarifas más altas que en un año lluvioso por el uso de las infraestructuras de regulación y regadío, cuando el servicio que les van a prestar --la disponibilidad de caudales-- va a ser ínfimo si no cambia la climatología.
El régimen económico-financiero del agua contempla dos conceptos de pago: el canon de regulación y la tarifa por usar el agua. Ambas tienen tres componentes: los gastos de explotación y mantenimiento de la infraestructura, la administración de las obras y su amortización. Su pago se reparte entre todos los beneficiarios --abastecimientos urbanos, usuarios industriales, hidroeléctricos y regantes-- "en unidades de superficie cultivable, caudal, consumo de agua, energía o cualquier otro tipo de unidad adecuada al uso de que se trate".
En la práctica, los gastos similares cada año. A la hora de cubrirlos, los dos primeros usuarios lo hacen en función del caudal que consumen, por lo que su factura apenas varía de un año a otro salvo por la corrección de la inflación; los eléctricos lo hacen según su producción --este año reducida prácticamente a la mitad-- y los agricultores cubren el resto, lo que hará que, paradójicamente, su aportación se dispare en un año en que el rendimiento del campo va a estar bajo mínimos y dispondrán de mucho menos caudal del habitual.
En Riegos del Alto Aragón, tarifa y canon suelen rondar los 4,3 millones de euros en años húmedos mientras que pasan de 4,8 en campañas secas. Este año la factura puede dispararse.
El presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, explicó ayer que su comunidad propondrá a la Federación de Regantes del Ebro solicitar que este año los agricultores sean eximidos del pago de las tarifas y cánones para paliar los efectos de la sequía en el campo. De hecho, este sindicato ya acordó en su última asamblea general asumir el primer plazo de la factura de los regantes, que se hace efectivo en junio, y no pasar los recibos hasta diciembre.
LA RESERVA DEL PHNPor otro lado, fuentes del PP confirmaron ayer la presentación en el Senado de una enmienda para añadir a la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) una disposición adicional que propone crear una reserva de 6.550 hectómetros cúbicos para cubrir las "necesidades hídricas presentes y futuras" de Aragón. El texto, presentado por Gustavo Alcalde, establece que dichos caudales no podrían estar "sujetos a restricción medioambiental alguna que no sea específica del territorio o cauce por los que discurra".

Los populares justifican la propuesta, rechazada por el PSOE y varios grupos minoritarios durante la tramitación de la reforma del PHN en el Congreso pero apoyada por los socialistas y el PAR en las Cortes de Aragón, en la necesidad de "garantizar la cobertura de las necesidades hídrocas del territorio aragonés" y en la de "cumplir con los acuerdos alcanzados mayoritariamente por las fuerzas políticas con representación" en la cámara aragonesa.
El PHN es susceptible de modificaciones tanto en el Senado, donde la fuerza mayoritaria es el PP, como en su segunda lectura en el Congreso, donde la primacía es del PSOE, al no tratarse de una ley orgánica