La modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional incorpora más de un centenar de obras alternativas al trasvase del Ebro, que se incluyen en el Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua (AGUA). Entre ellas se incluye la construcción de plantas desalinizadoras, la modernización de regadíos en la cuencas mediterráneas y una amplia revisión de la Ley de Aguas. En total, se han aprobado casi 200 enmiendas al texto remitido por el Ejecutivo, la mayoría de ellas presentadas por los socialistas o transaccionadas con Esquerra Republicana (ERC), Izquierda Verde (IV) o Convergència i Unió.
Los diputados derogaron un trasvase, el del Ebro, pero mantuvieron otro (con el voto favorable de socialistas y populares y con el rechazo de IV y ERC), el del Júcar-Vinalopó, también muy criticado por las organizaciones ecologistas.
También se dio luz verde a una polémica enmienda sobre el trasvase del Tajo-Segura, presentada por el Grupo Socialista. Este texto, que ha sido rechazado por los responsables del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, trata de llegar a un punto de encuentro entre los intereses de Castilla-La Mancha y los agricultores de Murcia y Alicante, principales beneficiarios de ese trasvase.
Así, y por expreso deseo de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, el Ejecutivo socialista iniciará de forma inmediata las obras hídricas en la comunidad castellano-manchega, algunas de ellas licitadas. Estas infraestructuras constituían una de las reivindicaciones históricas de José Bono cuando era presidente de esta comunidad, y ahora de José María Barreda, quien recientemente llegó a un acuerdo con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (PP), sobre el uso del agua del trasvase.
Contentar a los murcianos
Pero para contentar a los murcianos, la enmienda socialista incluye, además de la prioridad de la cuenca cedente, que es la del Tajo, un párrafo que dice: 'El volumen trasvasable desde la cabecera del Tajo se revisará en el futuro, oídas las comunidades autónomas afectadas, a medida que el Gobierno lleve a cabo las inversiones precisas para que resulten adecuadamente satisfechas las necesidades de la cuenca del Segura'.
De esta forma, Narbona se ha comprometido a que en el caso de que Castilla-La Mancha necesite el agua, tal y como ha reiterado Barreda, habría nuevas inversiones para Murcia y Alicante, que completarían la batería de inversiones ya comprometidas en el Programa AGUA. También se garantiza que durante la presente legislatura no se modificarán las reglas de explotación del Tajo-Segura.
El ministerio de Medio Ambiente se compromete, además, y gracias a una enmienda socialista, a informar del volumen y destino de los caudales transportados por el acueducto Tajo-Segura, de los ingresos y costes derivados de su explotación y utilización, con especial mención de los caudales transportados que no han obtenido ingresos, y de la distribución por comunidades autónomas. Este texto trata de mostrar 'el buen uso de las aguas por parte de los regantes de Murcia y Alicante', en palabras del diputado murciano del PSOE Pedro Saura, quien califica su enmienda como un 'blindaje económico del trasvase'.
Además, el Congreso dio su visto bueno al dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, que incorpora numerosas reformas a la Ley de Aguas, entre las que destaca la consideración de bien de dominio público que tendrán las aguas desaladas, así como medidas de racionalización en la toma de decisiones sobre las obras de interés general, la definición de los caudales mínimos de los ríos y un aumento en el control del agua por parte de la confederaciones hidrográficas.
Asimismo, para garantizar el mantenimiento del ecosistema del Delta del Ebro, se aprobaron enmiendas de los socialistas destinadas a elaborar un plan integral de protección, fijar el caudal mínimo necesario para la subsistencia de la fauna y evitar la regresión del Delta, considerada una de las eventuales consecuencias más graves del derogado trasvase del Ebro