La Fundación Ecología y Desarrollo propone medidas de choque para reducir los impactos de la sequía
Lun, 18/04/2005
La Fundación Ecología y Desarrollo propone cambios en la planificación de la gestión hidráulica a los más de 9.000 municipios españoles (generalización de los planes de sequía y de gestión de la demanda) y 10 medidas de choque para reducir los impactos nefastos de la sequía.
Los desequilibrios entre la oferta y la demanda de agua se han intentado corregir siempre por el lado de la oferta. Desde la Fundación Ecología y Desarrollo se quiere demostrar que es posible resolver los problemas de la escasez de agua con un enfoque diferente a este modelo generalizado, más barato, más ecológico, más rápido y sin enfrentamientos sociales: aumentando la eficiencia en su uso.
Existe un amplio margen para ello, ya que España es uno de los países menos eficientes en el uso de los recursos hídricos. Así ha quedado reflejado en el informe Water Poverty Index, elaborado por el Consejo Mundial del Agua y por el Centro para la Ecología y la Hidrología del Reino Unido en el 2002, acerca de la situación del agua en 147 países. En el apartado referido al uso eficiente del recurso, España ocupa una de las últimas posiciones (el puesto 133 de los 147 países), lo que significa que existe un despilfarro en el uso en los hogares, en la agricultura y en la industria.
La Fundación Ecología y Desarrollo propone desarrollar iniciativas y actitudes para no desaprovechar para la reflexión y la introducción de medidas la presente sequía, implantando una planificación hidráulica racional que sea capaz de adecuar, con el debido equilibrio, las demandas de recursos de agua a las disponibilidades naturales existentes en cada momento.
"Lamentablemente --apuntan desde la Fundación-- es común que las sequías se olviden en cuanto se suceden uno o dos años con pluviometría normal. Es necesario mantener un elevado interés social y de los planificadores".
PLANES DE SEQUÍA
Son actuaciones de urgencia frente a un periodo de sequía.
En 2002, ante las escasas reservas de agua de los embalses, para asegurar al máximo los usos del agua para abastecimiento de la población y otros usos declarados prioritarios por la ley, la Generalitat de Cataluña promulgó un decreto de medidas de urgencia para ahorrar agua potable.
El decreto prohibía a los ayuntamientos utilizar agua potable en fuentes ornamentales y establecía que sólo se utilizara para la limpieza de calles cuando fuera imprescindible por razones higiénicas y sanitarias. El uso de agua para regar jardines públicos quedaba limitado a 450 m³/ha/mes. En cultivos agrícolas, la Agència Catalana de l'Aigua estableció programas de reutilización de las aguas residuales en las zonas donde la sequía era más intensa. También quedó limitado el riego de campos de golf, reduciendo la extracción o derivación de agua no procedente de depuradora de aguas residuales, para el riego en un máximo de 210 y 840 m³/ha, dependiendo del mes.
PLANES DE GESTIÓN DE LA DEMANDA
Son planes que tienen como objetivo principal la gestión de la demanda de agua y la promoción de un uso sostenible y de calidad a largo plazo así como una reducción de los costes totales de gestión. Además, en muchos casos es la alternativa más barata de suministro adicional de agua, y en algunas áreas, es la única opción disponible.
Este objetivo de ahorro de agua entre los diversos agentes implicados en su distribución y su consumo en el ámbito urbano se pretende alcanzar mediante una serie de programas de intervención que afectan a todos los sectores y que se pueden resumir en: frenar el crecimiento de la demanda doméstica, reducir los consumos actuales en el sector institucional, estabilizar el consumo actual en el sector industrial-comercial, mantener el volumen de entrada de agua en alta, alcanzar rendimientos de la red de distribución eficientes y analizar y valorar las posibilidades de sustitución de agua potable por aguas regeneradas en procesos industriales, limpieza de calles y riego de zonas ajardinadas.
Actualmente, la Fundación Ecología y Desarrollo está participando en dos Programas de este tipo. Uno en Vitoria-Gasteiz, a iniciativa del Ayuntamiento y de la empresa privada municipal responsable del ciclo del agua AMVISA, que está ya en su fase operativa y, el segundo en fase de diseño de las bases del futuro Plan de Gestión de la demanda de Cantabria, promocionado por la Consejería de Medio Ambiente de esta comunidad.
MEDIDAS DE CHOQUE
Una de las medidas que propone la Fundación es la Implantación de precios diferentes en función de la climatología --sistemas tarifarios temporales--. Estos sistemas tarifarios temporales o estacionales tienen la ventaja principal de la reducción de la demanda al incrementarse los precios en los periodos de sequía, evitando así recurrir a la construcción de nuevas obras o a la restricción en la prestación de servicios con los costes económicos, ambientales e imagen que suponen.
La colocación de nuevos contadores, la segunda de las medidas, permitiendo un seguimiento continuo de los consumos y no solo el conocimiento de los consumos de un periodo acabado, mejorará la información sobre el funcionamiento del sistema tanto para el suministrador como para el abonado. Además se reducirá las mermas en el rendimiento hidráulico a causa de la falta de sensibilidad de los antiguos contadores.
Además se debería adecuar las normativas autonómicas y municipales de construcción para la incorporación de tecnologías eficientes en las instalaciones consumidoras de agua de todos los nuevos edificios que se construyan o rehabiliten.
La creación de un Plan Renove para la compra de aparatos sanitarios eficientes, permitiría incentivar a los ciudadanos al cambio y renovación de sus instalaciones consumidoras de agua antiguas y no eficientes.
Fomentar la adecuación de la calidad del agua utilizada al uso para el que se destina forma parte asimismo del paquete de medidas. En este sentido, el servicio de abastecimiento debería potenciar el uso de fuentes alternativas de abastecimiento (pozos, canal superficial) cuando no se necesita el agua para consumo humano: riego, refrigeración e incluso exigirlo en aquellas licencias de obras que prevean algunos de estos usos.
Se debería reforzar y clarificar la normativa nacional sobre la reutilización en función de los usos establecidos (fijación de los criterios mínimos de calidad, condiciones de usos para cada tipo de utilización del agua regenerada y seguimiento de la calidad del agua), apunta otra de las medidas.
La inversión en el mantenimiento y renovación de las redes de distribución es primordial, según la Fundación, hasta conseguir una ratio de eficiencia del 85 por ciento.
Las tarifas de agua en alta deben recoger el principio establecido en la nueva Directiva Marco del Agua de "recuperación de todos los costes relacionados con el agua" para incentivar mayores niveles de eficiencia en la distribución del recurso.
Se deberían crear regulaciones y normativas por parte de los distintos niveles de la Administración Pública que condicionen las ayudas, subvenciones y acceso a determinados fondos públicos al cumplimiento de unos mínimos de eficiencia de uso y compatibilidad ecológica.
La administración debe actuar de ejemplo para el resto de la sociedad. Se deberían tener en consideración todos los criterios medioambientales en los procesos de adjudicación de contratos y en particular el uso eficiente del agua.
La última de las medidas aborda la puesta en marcha de campañas educativas que se deberían llevar a cabo durante el periodo de sequía, pero también fuera de él, que informen a la población de los beneficios ambientales, sociales e individuales de instalar tecnologías eficientes en el uso del agua y de desarrollar hábitos ahorradores.
Los desequilibrios entre la oferta y la demanda de agua se han intentado corregir siempre por el lado de la oferta. Desde la Fundación Ecología y Desarrollo se quiere demostrar que es posible resolver los problemas de la escasez de agua con un enfoque diferente a este modelo generalizado, más barato, más ecológico, más rápido y sin enfrentamientos sociales: aumentando la eficiencia en su uso.
Existe un amplio margen para ello, ya que España es uno de los países menos eficientes en el uso de los recursos hídricos. Así ha quedado reflejado en el informe Water Poverty Index, elaborado por el Consejo Mundial del Agua y por el Centro para la Ecología y la Hidrología del Reino Unido en el 2002, acerca de la situación del agua en 147 países. En el apartado referido al uso eficiente del recurso, España ocupa una de las últimas posiciones (el puesto 133 de los 147 países), lo que significa que existe un despilfarro en el uso en los hogares, en la agricultura y en la industria.
La Fundación Ecología y Desarrollo propone desarrollar iniciativas y actitudes para no desaprovechar para la reflexión y la introducción de medidas la presente sequía, implantando una planificación hidráulica racional que sea capaz de adecuar, con el debido equilibrio, las demandas de recursos de agua a las disponibilidades naturales existentes en cada momento.
"Lamentablemente --apuntan desde la Fundación-- es común que las sequías se olviden en cuanto se suceden uno o dos años con pluviometría normal. Es necesario mantener un elevado interés social y de los planificadores".
PLANES DE SEQUÍA
Son actuaciones de urgencia frente a un periodo de sequía.
En 2002, ante las escasas reservas de agua de los embalses, para asegurar al máximo los usos del agua para abastecimiento de la población y otros usos declarados prioritarios por la ley, la Generalitat de Cataluña promulgó un decreto de medidas de urgencia para ahorrar agua potable.
El decreto prohibía a los ayuntamientos utilizar agua potable en fuentes ornamentales y establecía que sólo se utilizara para la limpieza de calles cuando fuera imprescindible por razones higiénicas y sanitarias. El uso de agua para regar jardines públicos quedaba limitado a 450 m³/ha/mes. En cultivos agrícolas, la Agència Catalana de l'Aigua estableció programas de reutilización de las aguas residuales en las zonas donde la sequía era más intensa. También quedó limitado el riego de campos de golf, reduciendo la extracción o derivación de agua no procedente de depuradora de aguas residuales, para el riego en un máximo de 210 y 840 m³/ha, dependiendo del mes.
PLANES DE GESTIÓN DE LA DEMANDA
Son planes que tienen como objetivo principal la gestión de la demanda de agua y la promoción de un uso sostenible y de calidad a largo plazo así como una reducción de los costes totales de gestión. Además, en muchos casos es la alternativa más barata de suministro adicional de agua, y en algunas áreas, es la única opción disponible.
Este objetivo de ahorro de agua entre los diversos agentes implicados en su distribución y su consumo en el ámbito urbano se pretende alcanzar mediante una serie de programas de intervención que afectan a todos los sectores y que se pueden resumir en: frenar el crecimiento de la demanda doméstica, reducir los consumos actuales en el sector institucional, estabilizar el consumo actual en el sector industrial-comercial, mantener el volumen de entrada de agua en alta, alcanzar rendimientos de la red de distribución eficientes y analizar y valorar las posibilidades de sustitución de agua potable por aguas regeneradas en procesos industriales, limpieza de calles y riego de zonas ajardinadas.
Actualmente, la Fundación Ecología y Desarrollo está participando en dos Programas de este tipo. Uno en Vitoria-Gasteiz, a iniciativa del Ayuntamiento y de la empresa privada municipal responsable del ciclo del agua AMVISA, que está ya en su fase operativa y, el segundo en fase de diseño de las bases del futuro Plan de Gestión de la demanda de Cantabria, promocionado por la Consejería de Medio Ambiente de esta comunidad.
MEDIDAS DE CHOQUE
Una de las medidas que propone la Fundación es la Implantación de precios diferentes en función de la climatología --sistemas tarifarios temporales--. Estos sistemas tarifarios temporales o estacionales tienen la ventaja principal de la reducción de la demanda al incrementarse los precios en los periodos de sequía, evitando así recurrir a la construcción de nuevas obras o a la restricción en la prestación de servicios con los costes económicos, ambientales e imagen que suponen.
La colocación de nuevos contadores, la segunda de las medidas, permitiendo un seguimiento continuo de los consumos y no solo el conocimiento de los consumos de un periodo acabado, mejorará la información sobre el funcionamiento del sistema tanto para el suministrador como para el abonado. Además se reducirá las mermas en el rendimiento hidráulico a causa de la falta de sensibilidad de los antiguos contadores.
Además se debería adecuar las normativas autonómicas y municipales de construcción para la incorporación de tecnologías eficientes en las instalaciones consumidoras de agua de todos los nuevos edificios que se construyan o rehabiliten.
La creación de un Plan Renove para la compra de aparatos sanitarios eficientes, permitiría incentivar a los ciudadanos al cambio y renovación de sus instalaciones consumidoras de agua antiguas y no eficientes.
Fomentar la adecuación de la calidad del agua utilizada al uso para el que se destina forma parte asimismo del paquete de medidas. En este sentido, el servicio de abastecimiento debería potenciar el uso de fuentes alternativas de abastecimiento (pozos, canal superficial) cuando no se necesita el agua para consumo humano: riego, refrigeración e incluso exigirlo en aquellas licencias de obras que prevean algunos de estos usos.
Se debería reforzar y clarificar la normativa nacional sobre la reutilización en función de los usos establecidos (fijación de los criterios mínimos de calidad, condiciones de usos para cada tipo de utilización del agua regenerada y seguimiento de la calidad del agua), apunta otra de las medidas.
La inversión en el mantenimiento y renovación de las redes de distribución es primordial, según la Fundación, hasta conseguir una ratio de eficiencia del 85 por ciento.
Las tarifas de agua en alta deben recoger el principio establecido en la nueva Directiva Marco del Agua de "recuperación de todos los costes relacionados con el agua" para incentivar mayores niveles de eficiencia en la distribución del recurso.
Se deberían crear regulaciones y normativas por parte de los distintos niveles de la Administración Pública que condicionen las ayudas, subvenciones y acceso a determinados fondos públicos al cumplimiento de unos mínimos de eficiencia de uso y compatibilidad ecológica.
La administración debe actuar de ejemplo para el resto de la sociedad. Se deberían tener en consideración todos los criterios medioambientales en los procesos de adjudicación de contratos y en particular el uso eficiente del agua.
La última de las medidas aborda la puesta en marcha de campañas educativas que se deberían llevar a cabo durante el periodo de sequía, pero también fuera de él, que informen a la población de los beneficios ambientales, sociales e individuales de instalar tecnologías eficientes en el uso del agua y de desarrollar hábitos ahorradores.