Hoy, 22 de marzo, celebramos el Día Mundial del Agua, fecha que el año pasado se inscribía en el entorno del cambio de gobierno producido tras las elecciones del 14 de marzo y del consecuente impulso de una nueva política del agua en nuestro país. Por primera vez el discurso de investidura de un presidente del Gobierno español haría referencia al agua como uno de los aspectos fundamentales de su programa de gobierno y por primera vez ese aspecto se abordaba desde una concepción integral que consideraba el agua como un elemento esencial que sostiene la vida sobre la tierra y no solo como un recurso natural más a explotar por el hombre. Desde esa concepción, se anunciaba la aplicación de una nueva política del agua cuyo objetivo es asegurar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente, sin olvidar (y aquí está lo novedoso) la preservación de los ecosistemas asociados al agua. Esto último es consecuente con la constatación de que ni un solo litro de agua está ocioso o carece de finalidad en la naturaleza. Toda el agua trabaja incesantemente en el sostenimiento de los sistemas vitales que nos mantienen y, en consecuencia, asegurar su preservación es garantizar nuestra supervivencia. Este discurso medioambientalista era novedoso en España, pero no en la Unión Europea, que había aprobado en 2000 la Directiva Marco de Aguas con este mismo enfoque. Tampoco suponía una visión voluntarista o utópica, que resultaría inútil para solucionar los problemas hídricos de toda índole a los que se enfrenta la sociedad valenciana (escasez, inundaciones, contaminación, etc). Muy al contrario, se trata de la única política realista con la que se les puede hacer frente, porque lo más importante para dar con la solución adecuada es plantear correctamente el problema.
El siglo XX marcó el apogeo y el declive de un modelo de desarrollo en el que el mercado era el único límite para la explotación masiva de los recursos. La atención de la demanda, y no la disponibilidad real de los mismos, era lo único que importaba, tachando de agoreros a aquéllos que advertían de que los recursos naturales no eran ilimitados y que consumirlos por encima de su capacidad de renovación constituía una temeridad que ponía en riesgo la continuidad de la civilización tal como la conocemos. A finales del siglo XX, la constatación del agotamiento de los recursos y de los efectos de la contaminación condujo a actitudes internacionales mucho más responsables y respetuosas con la naturaleza. La firma del Protocolo de Kyoto para limitar la contaminación de nuestra atmósfera y evitar sus desastrosos efectos sobre el planeta, o la promoción de fuentes de energía alternativas para hacer frente al agotamiento de los materiales fósiles, son buena prueba de ello.
De la misma forma, la tecnología ha evolucionado para hacer del mar una fuente alternativa, y prácticamente inagotable, de agua dulce. La desalación se revela, así, como un instrumento importante para obtener nuevos recursos hídricos sin agotar los caudales de los ríos ni afectar al buen estado de sus aguas. Con la desalación se avanza en la política del agua que promueve la Directiva Marco, uno de cuyos objetivos prioritarios es garantizar el buen estado ecológico de los ecosistemas. La directiva también establece la necesidad de enfocar la gestión de los recursos desde una escala de cuenca hidrográfica, buscando la máxima eficiencia, y promueve la búsqueda de un equilibrio entre la oferta y la demanda, desacoplando el crecimiento económico del incremento en el gasto de agua (característica de los países más desarrollados). Ello implica enfocar la gestión hacia fórmulas de aprovechamiento integral de los recursos, incidiendo por ejemplo en la reutilización de las aguas residuales depuradas. Pero la Directiva hace hincapié también en la forma de aplicar esta nueva política del agua y determina que hay que hacerlo desde la transparencia y con la participación de todos los sectores afectados. Esto último resulta imprescindible para lograr el necesario cambio en las pautas seculares de producción y consumo que han conducido a la situación insostenible que padecemos. Un cambio que exige un esfuerzo colectivo que sólo tendrá éxito si asumimos conjuntamente que el objetivo vale la pena y que la recompensa es garantizarnos un futuro de bienestar. En este sentido, días como el de hoy proporcionan una oportunidad para la reflexión.
Decía al principio que hace un año se anunciaba la aplicación de una nueva política del agua en nuestro país y habría que añadir que ha sido un año muy intenso para los valencianos. En nuestra Comunidad se han encontrado la antigua y la nueva concepción de la política del agua y lo han hecho en un clima de crispación que ha ido más allá de lo razonable. Es cierto que todo cambio provoca fricciones, porque los más concienciados exigen una aplicación inmediata y radical del nuevo modelo, no sin coherencia con la gravedad del problema. Mientras que otros, sin embargo, se resisten a modificar un status que les ha sido provechoso y mantienen su apoyo a planteamientos que, aunque han demostrado su inviabilidad, encajan mejor en la tradición ya conocida. Sólo el diálogo y el debate sereno pueden llevar a encontrar puntos de encuentro con los que ir avanzando. No obstante, en la Comunidad Valenciana no ha sido posible ese diálogo porque el PP ha convertido el trasvase del Ebro en la trinchera donde librar sus batallas políticas contra el gobierno socialista del Estado y se niega a admitir siquiera la viabilidad de otras actuaciones para resolver la problemática hídrica de esta Comunidad. Lo peor es que esa actitud ha impedido que la sociedad valenciana se implique en la cuestión y protagonice el proceso, tal como debiera haberlo hecho desde el principio. En estos momentos, la sociedad reclama agua venga de donde venga y se muestra harta de enfrentamientos estériles que en nada ayudan a resolver sus problemas.
El PSPV, al igual que lo viene haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, se ha volcado en actuar con el ánimo de convencer por las obras y que sean los resultados los que acaben concienciando a los ciudadanos de que, para obtener agua, lo más eficaz y seguro no es mirar fuera de nuestras fronteras, sino aprovechar al máximo nuestras posibilidades. Veamos algunos ejemplos de ello. El 80% del agua que utiliza la Comunidad Valenciana es consumida por la agricultura que, sin embargo, representa un 20% del PIB valenciano (incluidas las industrias agroalimentarias), lo que indica que la modernización de los regadíos ofrece grandes posibilidades de ahorro. De los 437 hectómetros cúbicos que anualmente fluyen de nuestras depuradoras, únicamente se reutilizan 125, lo que también indica que disponemos de un importante efluente infrautilizado cuyo destino agrícola, ambiental o deportivo supera ampliamente las previsiones del trasvase del Ebro para estos fines (estimado en 205 hectómetros cúbicos/año). Por su parte, el Mediterráneo es un formidable depósito de 3.700 millones de hectómetros cúbicos a nuestro alcance, del que extraer agua de excelente calidad para el consumo humano. Murcia y Almería ya obtienen de él 400 hectómetros cúbicos anuales, mientras que la Comunidad Valenciana únicamente extrae alrededor de 40 hectómetros cúbicos al año. Y para qué hablar de la necesidad de acabar con prácticas tan irracionales como limpiar las calles con agua potable en municipios, como el de Benidorm, afectados por déficit de abastecimiento.
En conclusión, la Comunidad Valenciana necesita aplicar la nueva política del agua que impera en Europa. La única política capaz, además, de hacer del agua un cauce para la paz y la prosperidad. Por eso, éste sería un magnífico día para que la Generalitat Valenciana anunciara que opta por la colaboración responsable y se implica realmente en la solución de los problemas hídricos de los valencianos. Tiene muchos campos donde actuar, que son de su competencia: la modernización de los regadíos, la depuración y reutilización de las aguas residuales, la mejora de la calidad de agua de abastecimiento (todavía existen 300.000 valencianos que no disponen de agua potable en sus domicilios) o la modernización de las redes de suministro urbano (anualmente se pierde más caudal de agua por las fugas de las tuberías que lo que se nos prometía desde el Ebro). De esta forma, el PP dejaría de ser el principal obstáculo que tiene esta Comunidad para resolver definitivamente sus problemas de agua.
Francesc Signes i Núñez es secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV.