El Ministerio acuerda con la Junta Central la modificación del convenio para pagar el proyecto
y se compromete a no subir los precios del agua
F. J. BENITO
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, cerró ayer la crisis abierta entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó al acordar la modificación del convenio firmado para la ejecución del trasvase incorporando los caudales de la desalación y la reutilización de aguas residuales.
El Ministerio respeta que los usuarios reciban hasta 62 hm3 al año desde el Júcar: una cantidad que se completará con nuevos recursos -desalación y reutilización- hasta completar los 80 hm3 contemplados en el plan de cuenca o todavía más, según apuntó Moragues quien, además, subrayó que los precios del agua no subirán por encima de los ya fijados.
Medio Ambiente acordó con la Junta establecer una moratoria en el pago de las obras de la canalización hasta que se firme el nuevo convenio subrayando «que nadie se va a quedar colgado», según el presidente.
Hasta ayer, el convenio entre los usuarios y Aguas del Júcar -la empresa pública que ejecuta los trabajos- se refería sólo a la transferencia de agua del Júcar captada en el embalse de Cortes de Pallás. Desde ayer, los usuarios -comunidades de regantes y ayuntamientos- aceptan abastecerse también con agua desalada «siempre que no salga más cara porque de no ser así no firmaríamos el nuevo convenio, ya que debe significar una mejora de nuestros intereses», señaló Andrés Martínez, presidente de la Junta.
Moragues, quien estuvo arropado por el presidente del PSPV-PSOE, Diego Maciá, el diputado autonómico José Antonio Godoy, y la diputada nacional, Juana Serna, -aunque no llegaron a intervenir-, logró en una hora lo que la comisión de expertos no había conseguido en cuatro meses. Convencer a los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó-l´Alacantí-Marina Baixa, de que aceptaran el uso de agua desalada.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar zanjó el debate de los altos precios de la desalación preguntándo: «¿Cuál es más cara, el agua desalada o la que no iba a venir?». Moragues se refirió al proyecto redactado por el Gobierno anterior que, según él, «estimaba que el Júcar tenía para trasvasar 52 hm3 y esos son los datos que envió a Bruselas».
Con esta afirmación, Moragues aludió a los supuestos errores cometidos en la redacción del proyecto económico sobre el precio del agua en el Júcar-Vinalopó que ahora se va a modificar.
El presidente de la Confederación del Júcar ratificó que «las obras seguirán su ritmo porque el Ministerio jamás ha puesto en duda que el trasvase se iba a realizar, pero teníamos que solucionar el tema de los caudales, por lo que es necesario incorporar los caudales desalados y los que lleguen de la reutilización gracias a las nuevas depuradoras».
Moragues insistió en que la empresa pública tiene presupuesto de sobra para ejecutar el Plan Agua, pero no concretó las ubicación de las desaladoras, aludiendo a la comisión mixta formada entre la sociedad y el Consell. Moragues reiteró que la concesiones actuales de suministro hídrico se mantendrán hasta su caducidad «pero todos tenemos que tener claro que debemos dejar de extraer agua subterránea de los acuíferos».
El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, se mostró satisfecho del acuerdo y de no tener que hacer uso del documento que habían preparado y que figura en el plan de cuenca del Júcar aprobado en 1998. Los usuarios tienen derecho a extraer de los acuíferos un total de 226 hm3 al año. La demanda actual es de 200 hm3 y los recursos disponibles alcanzan los 58 hm3 . Se genera pues un déficit de 147 hm3, que se paliaban con los 68,5 hm3 fijos del trasvase, pero dejando otros 80 hm3 sin resolver, según el documento oficial