El Gobierno vasco abrió el pasado año un total de 29 expedientes sancionadores por vertidos ilegales a los ríos, cifra similar a la registrada en los últimos ejercicios. El Departamento de Medio Ambiente inició además en 2004 un total de 139 expedientes por actuaciones ilegales en los ríos, como, además de vertidos, obras, rellenos o talas de árboles. La política de control de los cauces de la Administración resgitró un fuerte impulso a partir de 1997, cuando se incoaron un total de 40 expedientes. Los ecologistas censuran que sólo son una pequeña parte de los casos reales.
Sólo en los últimos diez días se han registrado dos nuevos vertidos que han desembocado en el mismo río, el Ibaizabal, en la comarca del Duranguesado. El primero se produjo en la central energética que se está construyendo en Amorebieta, en el barrio de Boroa, cuando se desparramaron 50.000 litros de nitrito sódico, según los primeros datos de los técnicos. El segundo se localizó en una empresa de Elorrio. El vertido -400 litros de detergente- se produjo en este caso de manera deliberada, según las investigaciones preliminares.
Los ríos se mantienen como uno de los ecosistemas más castigados en Euskadi, pese a que las obras de canalización de las redes de saneamiento y depuración de aguas residuales están reduciendo de manera significativa la contaminación histórica de sus cauces. Su protección se encuentra regulada por el reglamento del dominio hidráulico de 1986 y la ley de Aguas de 2000. El último informe oficial sobre la situación de los ríos en el País Vasco, referido a 2003, señala que 14 de los 53 analizados presentan afecciones ambientales graves, aunque esta cifra supone la mitad con respecto a 2001, cuando el Gobierno tenía registrados 29 ríos en ese deficiente estado.
Una de las mayores afecciones son los vertidos de empresas, si bien en la mayoría de los casos no se puede determinar de forma definitiva la responsabilidad. Hace unos años, el Gobierno investigó a 200 compañías sospechosas de verter sustancias contaminantes a los cauces, pero sólo pudo sancionar finalmente a una decena.
Cuando en 1997 aumentaron las inspecciones se llegaron a incoar un total de 40 expedientes sancionadores, cifra que se redujo a 12 en 1998 y a una decena en 1999. En 2002, las actas abiertas se elevaron a 38 y los últimos datos, referidos al año pasado, apuntan a un total de 29 expedientes realizados a causa de vertidos ilegales, la mayoría de ellos resueltos con sanciones.
Un 60% de multas
Medio Ambiente suele ejecutar más actas sancionadores por otras actuaciones ilegales junto a los ríos, como obras de infraestructura o aprovechamientos no permitidos. Según los datos del departamento que dirige Sabin Intxaurraga, el pasado año se abrieron 64 por obras, otros 12 a causa de talas, igual cifra debido a rellenos y uno más por aprovechamiento ilegal, en concreto la extracción de agua del cauce sin disponer de una concesión.
De estas 139 actas, incluidos los vertidos, el 60% acabó con la imposición de multas cifradas entre 360 y 9.000 euros. Estas sanciones se sitúan entre las consideradas leves o menos leves. La ley vasca de Medio Ambiente establece una horquilla de multas que puede llegar hasta los 600.000 euros en caso de incidentes muy graves. Los menos graves pueden alcanzar los 30.000 euros de multa y para los graves se sitúan entre esta cantidad y los 300.000 euros. La calificación de las infracciones depende de los daños y no suelen considerarse graves, salvo que exista reincidencia.
La Administración suele asegurar que los vertidos de las empresas a los ríos se achacan de forma habitual a las averías y los técnicos se encuentran con grandes dificultades para demostrar lo contrario. Los expedientes, que se suelen resolver en un plazo medio de seis meses, vienen acompañados en algunos casos de indemnizaciones por los daños cometidos al medio ambiente.
Los grupos ecologistas critican la falta de medios para perseguir las agresiones ambientales a los ríos, que afirman son 'el pan de cada día. Sólo se ven cuando son muy fuertes', afirman. Los grandes inconvenientes, añaden, son la falta de una policía especializada en delitos ecológicos y la configuración política del País Vasco, con las competencias repartidas entre distintas administraciones. En un incidente ecológico pueden intervenir desde el Ayuntamiento, el Gobierno vasco y la Diputación hasta el Ejecutivo central o la Autoridad Portuaria