El Gobierno planea eximir a algunos sectores o usuarios de sufragar el coste de las obras hídricas que se construyan en el futuro, con el fin de evitar las repercusiones económicas o sociales que esa medida pudiera ocasionar en algunas zonas.
Así lo anunciaron hoy los secretarios generales del Territorio y la Biodivesidad, Antonio Serrano, y el de Agricultura, Fernando Moraleda, quienes insistieron sin embargo en que el Gobierno español no renuncia a aplicar el criterio de "recuperación de costes" previsto en la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.
Esa Directiva, que deberá estar en vigor en 2010, prevé que se repercuta sobre el coste del agua el precio de las infraestructuras hídricas que se realicen, aunque los secretarios generales advirtieron que la propia Directiva prevé situaciones de "excepcionalidad" para que no se aplique ese principio.
Moraleda y Serrano explicaron que se trata de aplicar esa "recuperación de costes" no de una forma genérica sino diferenciada y adaptada a la realidad de cada territorio, para evitar que pudiera tener efectos sobre la economía de una zona, sobre el empleo, o repercutir negativamente en áreas que ya sufren, por ejemplo, los efectos del despoblamiento.
Descartaron que la aplicación de la medida comunitaria vaya a provocar una subida del precio del agua en España.
Los representantes de los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura comparecieron ante los medios de comunicación para hacer una declaración conjunta relacionada con el desarrollo de la Directiva Europea de Agua.
Tras ratificar el compromiso del Gobierno español con el principio de "recuperación de costes" ambientales se refirieron a la singularidad "y en algunos casos excepcionalidad" de la actividad agraria y del desarrollo rural.
Los dos Ministerios han previsto por ello que los futuros planes hidrológicos de cuenca (que deberán estar concluidos en 2009) establezcan el marco de aplicación de ese principio.
Fernando Moraleda incidió en la necesidad de adaptar el mismo a la realidad de cada territorio y en realizar un profundo análisis sectorial para estudiar la repercusión que la aplicación de ese principio tendrá sobre cada cultivo.
Según el secretario general de Agricultura, una pequeña oscilación en el precio de agua puede tener repercusiones económicas muy grandes en un determinado cultivo, mientras que la misma podría ser inapreciable en otros, por lo que abogó por respuestas "heterogéneas".
El Gobierno pretende así evitar los efectos sociales, medioambientales y económicos que la aplicación del principio de "recuperación de costes" pueda tener, y explicará los motivos que justifiquen que en algunos de esos territorios no se apliquen esos preceptos.
Antonio Serrano aseveró que "no se aparca" un proceso -en referencia a la política de aguas que impone la UE- sino que se trata de "racionalizarlo" y de acometer un proceso gradual de acercamiento a la misma y de estudiar "cuenca a cuenca" los efectos que tendrá su aplicación.
Moraleda insistió, por su parte, en que la aplicación de esta medida no se traducirá en una subida adicional del precio del agua para los regantes respecto al sistema tarifario actual, y ambos apuntaron que incluso en algunas zonas el precio podría bajar.
Los dos secretarios generales coincidieron al asegurar que las repercusiones de la directiva europea de aguas serán diferentes en cada cuenca y en que las políticas tarifarias no se aplicarán de la misma forma en todas las cuencas hidrográficas, pero observaron que esa situación es similar a la actual, ya que hoy los regantes o consumidores urbanos también pagan precios muy diferentes por el agua.
El representante del Ministerio de Agricultura observó no obstante que las prioridades del Gobierno serán las de optimizar y modernizar los regadíos españoles, y anunció en este sentido la creación de un Centro de Alta Tecnología del Regadío que a su juicio será "una referencia mundial".