Medio Ambiente pondrá en marcha una red de indicadores para detectar sequías
Jue, 20/01/2005
El Ministerio espera tener ultimado en dos meses un sistema de indicadores hidrológicos que permita prever y minimizar los impactos de situaciones de escasez
MADRID. El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever las situaciones de sequía y minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de escasez. El director general del Agua, Jaime Palop, dijo a ABC que espera que esta red pueda estar ultimada en un plazo de dos meses. El establecimiento de este sistema era uno de los mandatos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), al igual que los planes de actuación contra la sequía que debían elaborar las Confederaciones Hidrográficas antes de julio de 2003, y que ninguna tiene aún finalizados. Y es que precisamente esa red de indicadores debe servir de «referencia general a los organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía», según recoge la Ley del PHN. Y dicha declaración implicaría la entrada en vigor de ese Plan especial contra la sequía en la Confederación Hidrográfica afectada.
Palop explicó que se trata de unos indicadores mixtos, que recogerán datos de precipitaciones y otros parámetros climatológicos que, junto a las reservas y a las demandas existentes en cada cuenca, permitirán adecuar los recursos hídricos. No obstante, Palop no quiso dejar de insistir en que no estamos en estos momentos en un periodo de sequía en nuestro país, aunque sí dijo que debemos estar preparados. «Las sequías -dijo- hay que gestionarlas, por lo tanto desde el Ministerio lo que queremos es plantearnos el tema de la sequía de forma sistemática» y no sólo cuando salten las alarmas.
En este sentido, explicó que ahora se trata de ver lo que ha pasado en situaciones similares, como en el último episodio de sequía de hace 10-12 años y que provocó restricciones a unos 4 ó 5 millones de habitantes. En ese momento se pusieron en marcha actuaciones de urgencia, como pozos, conducciones y bombeos, que habrá que revisar, al igual que las estimaciones que se hicieron sobre los tipos de cultivo, sus demandas de agua, cuántos riegos de emergencia harían falta y en qué cuantía en caso y en previsión de que se produjeran situaciones de escasez.
Un tema que se abordará hoy en la reunión que el propio director general del Agua mantendrá con los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas, quienes tendrán que explicar en qué fase de elaboración se encuentran sus respectivos planes de actuación contra la sequía, toda vez que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, les ha instado públicamente a que aceleren estos trabajos. Aunque sólo la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene casi ultimado este plan, con la previsión de presentarlo al Ministerio para su aprobación en un plazo de un mes y medio o dos meses, lo cierto es que en otras cuencas, aunque no se cuente con medidas en forma de plan, sí existen documentos técnicos y previsiones sobre lo que hay que hacer para dar prioridad a unos usos del agua sobre otros.
Ofertas públicas de agua
Además, tres Confederaciones Hidrográficas -Júcar, Segura y Guadiana- tienen ya la autorización para hacer ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de agua a través de los Centros de Intercambio de Derechos del Agua, mecanismo pensado para hacer frente a los problemas de escasez del recurso, sequía y otras situaciones de urgencia. Se trata de rescatar concesiones que en su día el organismo de cuenca otorgó, actuando la Administración hidráulica como un banco de agua. Y es que estos centros son la antesala de una de las propuestas estrella del departamento de Narbona, los Bancos Públicos del Agua en cada una de las cuencas hidrográficas.
Para su creación es necesario que se reforme la Ley de Aguas, pero el propio director general del Agua confirmó que esta propuesta tendrá que esperar a una segunda etapa y, por tanto, la reforma de la ley de Aguas que el Gobierno quiere tramitar en el Congreso junto con el decreto que anuló el trasvase del Ebro será parcial y sólo afectará al régimen económico y financiero, con la polémica «ecotasa» sobre el agua
MADRID. El Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever las situaciones de sequía y minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de escasez. El director general del Agua, Jaime Palop, dijo a ABC que espera que esta red pueda estar ultimada en un plazo de dos meses. El establecimiento de este sistema era uno de los mandatos de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), al igual que los planes de actuación contra la sequía que debían elaborar las Confederaciones Hidrográficas antes de julio de 2003, y que ninguna tiene aún finalizados. Y es que precisamente esa red de indicadores debe servir de «referencia general a los organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía», según recoge la Ley del PHN. Y dicha declaración implicaría la entrada en vigor de ese Plan especial contra la sequía en la Confederación Hidrográfica afectada.
Palop explicó que se trata de unos indicadores mixtos, que recogerán datos de precipitaciones y otros parámetros climatológicos que, junto a las reservas y a las demandas existentes en cada cuenca, permitirán adecuar los recursos hídricos. No obstante, Palop no quiso dejar de insistir en que no estamos en estos momentos en un periodo de sequía en nuestro país, aunque sí dijo que debemos estar preparados. «Las sequías -dijo- hay que gestionarlas, por lo tanto desde el Ministerio lo que queremos es plantearnos el tema de la sequía de forma sistemática» y no sólo cuando salten las alarmas.
En este sentido, explicó que ahora se trata de ver lo que ha pasado en situaciones similares, como en el último episodio de sequía de hace 10-12 años y que provocó restricciones a unos 4 ó 5 millones de habitantes. En ese momento se pusieron en marcha actuaciones de urgencia, como pozos, conducciones y bombeos, que habrá que revisar, al igual que las estimaciones que se hicieron sobre los tipos de cultivo, sus demandas de agua, cuántos riegos de emergencia harían falta y en qué cuantía en caso y en previsión de que se produjeran situaciones de escasez.
Un tema que se abordará hoy en la reunión que el propio director general del Agua mantendrá con los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas, quienes tendrán que explicar en qué fase de elaboración se encuentran sus respectivos planes de actuación contra la sequía, toda vez que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, les ha instado públicamente a que aceleren estos trabajos. Aunque sólo la Confederación Hidrográfica del Júcar tiene casi ultimado este plan, con la previsión de presentarlo al Ministerio para su aprobación en un plazo de un mes y medio o dos meses, lo cierto es que en otras cuencas, aunque no se cuente con medidas en forma de plan, sí existen documentos técnicos y previsiones sobre lo que hay que hacer para dar prioridad a unos usos del agua sobre otros.
Ofertas públicas de agua
Además, tres Confederaciones Hidrográficas -Júcar, Segura y Guadiana- tienen ya la autorización para hacer ofertas públicas de adquisición de derechos de uso de agua a través de los Centros de Intercambio de Derechos del Agua, mecanismo pensado para hacer frente a los problemas de escasez del recurso, sequía y otras situaciones de urgencia. Se trata de rescatar concesiones que en su día el organismo de cuenca otorgó, actuando la Administración hidráulica como un banco de agua. Y es que estos centros son la antesala de una de las propuestas estrella del departamento de Narbona, los Bancos Públicos del Agua en cada una de las cuencas hidrográficas.
Para su creación es necesario que se reforme la Ley de Aguas, pero el propio director general del Agua confirmó que esta propuesta tendrá que esperar a una segunda etapa y, por tanto, la reforma de la ley de Aguas que el Gobierno quiere tramitar en el Congreso junto con el decreto que anuló el trasvase del Ebro será parcial y sólo afectará al régimen económico y financiero, con la polémica «ecotasa» sobre el agua