UE-R.UNIDO CE envía ultimátum al Reino Unido por tratamiento de aguas sucias

Mié, 12/01/2005

EFE

La Comisión Europea (CE) enviará un último aviso al Reino Unido para que cumpla la directiva (ley-marco) europea sobre gestión urbana de aguas sucias, que exige crear plantas de tratamiento biológico antes de que el líquido contaminado sea vertido en los ríos u otras fuentes hidrológicas.
La directiva de 1991 estipula que las aguas residuales de todas las comunidades con más de 15.000 habitantes deben ser sometidas a un tratamiento de segundo nivel (biológico) antes de desecharlas en las fuentes hidrológicas, señala un comunicado de la CE.
La norma europea establece que dichas plantas de tratamiento deben estar en funcionamiento desde el 31 de diciembre de 2000, pero el Reino Unido no ha cumplido con esta prerrogativa y todavía cuenta con catorce comunidades de más de 15.000 habitantes que carecen de esas instalaciones.
El comisario europeo de Medio Ambiente, el griego Stavros Dimas, advirtió de que "al no cumplir plenamente con esta ley europea, el Reino Unido no está proporcionando el nivel de protección contra la polución producida por aguas sucias al que se comprometió, y que los ciudadanos británicos merecen".
Una de las prioridades del comisario griego será "asegurar que los Estados miembros cumplan sus compromisos", señaló Dimas.
Diez de estas comunidades están en Irlanda del Norte (Bangor, Carrickfergus, Coleraine, Londonderry, Larne, Lerwick, Newtownabbey, Omagh, Portrush y Donaghdee), y las cuatro restantes se encuentran en Inglaterra (Broadstairs, Margate, Bideford y otra en Brighton).
La situación puede empeorar dada la decisión de las autoridades locales de Irlanda del Norte de aprobar nuevos desarrollos urbanísticos en algunas de las áreas que no cuentan con plantas adecuadas para el tratamiento de aguas sucias.
La decisión de desarrollar más estas comunidades se produce, según la Comisión, ignorando estudios elaborados por esas mismas autoridades locales que indican la posibilidad de un alto riesgo de impacto medioambiental negativo.
Si el Reino Unido no cumple con las exigencias de la CE, el Ejecutivo comunitario puede denunciar el caso al Tribunal de Justicia de la UE