El conseller de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, consideró hoy que "la desalación y el precio del agua no pueden solucionar el déficit hídrico de la Comunidad Valenciana, porque no son la panacea" y que hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente "lo único que ha demostrado es que ignora la realidad hídrica de nuestro territorio".
García Antón, quien realizó estas declaraciones en una Conferencia sobre el Uso y el coste del agua en la Comunidad Valenciana, impartida en el Ateneo de Alicante, destacó que el ministerio "no tiene ni idea de lo que va a hacer con el agua y que hasta ahora lo único que ha demostrado es que ignora la realidad hídrica de nuestro territorio, el cual arrastra un déficit técnica y objetivamente evaluado entorno a los 350 hectómetros cúbicos anuales".
En este sentido, indicó que "para el ministerio no hay otra alternativa al trasvase más que la desalación y los precios del agua". Respecto a la desalación, el conseller considera que "es un aspecto dentro de la política integral de agua que defendemos, pero no es la panacea universal para todos los problemas, entre otras cosas porque en la Comunidad Valenciana hemos construido muchas desaladoras, y sabemos que las cifras que el Ministerio está dando sobre los costes de desalación son falsas".
Según García Antón, la Ministra Narbona "también ha encontrado un nuevo caballo de batalla con el tema del precio del agua, cuando la Directiva del principio de recuperación de costes ya está plenamente incorporada a la nueva Ley de Aguas desde diciembre de 2003, y por tanto no hay necesidad de crear nuevos precios del agua".
En este sentido, recordó que "a los valencianos no nos asusta pagar los costes del agua que utilizamos, porque así lo han hecho y lo hacen los usuarios del Júcar con el pantano de Alarcón, o los usuarios del Tajo-Segura o del futuro Júcar-Vinalopó".
A su juicio, "lo que no podemos hacer es aceptar como bueno cualquier coste que se nos quiera cargar, por conceptos que ni siquiera el Ministerio de Medio Ambiente es capaz de definir con claridad, y que en el fondo no responden a ninguna realidad económica ni ambiental, sino a un prejuicio ideológico".
Por último, el conseller de Infraestructuras destacó que "la cordura y la razón van a seguir imperando en la política valenciana del agua y que el ministerio no va a poder hacer lo que le parezca si no estamos todos de acuerdo".
A este respecto, recordó que la sentencia del Tribunal Supremo de hace unas semanas "dejaba sin efecto algunos artículos del Plan Hidrológico del Júcar, al margen de su contenido, ha venido a poner de relieve el alcance de las competencias que tiene la Generalitat Valenciana sobre todas las aguas que discurren íntegramente por el territorio valenciano".