PP y PSOE buscan una solución conjunta para garantizar el plan del Júcar
Lun, 06/12/2004
Los sectores empresarial y agrícola hacen un llamamiento al Gobierno y a la Generalitat para impedir la ejecución del fallo del Supremo.
El Consell y el Ministerio de Medio Ambiente, gobernados por el PP y el PSOE, han decidido unificar criterios para coordinar una solución que evite la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anula varios artículos del plan de cuenca del Júcar, aprobado en 1998, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la Generalitat, que precisaron, eso sí, que sus respectivos servicios jurídicos trabajan por separado. El fallo del Supremo podría dejar sin agua potable a numerosos municipios como Alicante, Elche y Benidorm, y que causaría graves problemas para el abastecimiento y para el riego de cultivos en l´Alacantí, la Marina Alta y la Marina Baixa, puesto que elimina 30 hectómetros cúbicos de los Canales de la Mancomunidad del Taibilla. Mientras, representantes de los sectores empresarial y agrícola de la provincia invocaron ayer la nulidad de la sentencia del Supremo.
En este sentido trabajan ya los servicios jurídicos de la Generalitat, que preparan una petición de nulidad de la sentencia utilizando, entre otros argumentos, que los derechos de la Comunidad resultarían gravemente perjudicados. En caso de fracasar esta vía, fuentes del Consell señalan que se ha solicitado a la titular del Ministerio, Cristina Narbona, que ofrezca una solución al conflicto mediante un decreto ley que permitiera la asignación de caudales tal y como está establecida hasta la fecha.
El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, reclamó ayer al PP consenso y diálogo para «sacar la problemática del agua del debate político» y así alcanzar «una posición común sobre este tema en la Comunidad Valenciana». El portavoz socialista, que se reunió la pasada semana con el secretario general de Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, explicó que «el Ministerio ha pedido una aclaración de la sentencia y tiene la voluntad política de atacar jurídicamente sus resquicios para evitar su ejecución porque es consciente de las consecuencias catastróficas que puede tener su aplicación». En esta línea, reclamó al Consell que coordine su actuación con la del departamento de Narbona para dar respuesta al mencionado fallo judicial e iniciar «una nueva etapa con un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos» a fin de sacar la problemática del agua del debate político.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Javier López Mora, calificó de «gravísima» la situación en la que queda la provincia tras el fallo del Supremo. «Esperemos que tenga su reparación, bien por la vía judicial, con la anulación de la sentencia, o que el Gobierno, que fue tan diligente derogando la parte del Plan Hidrológico Nacional que afectaba a la provincia, haga otro decreto que arregle este problema que tendría unas consecuencias devastadoras». López Mora explicó que esta sentencia significa «abrir un frente más que tendría unas consecuencias imprevisibles no solo desde el punto de vista empresarial, sino social».
Coepa considera que la sentencia tiene unas dificultades de ejecución «importantísimas» debido al «interés social» del trasvase del Júcar. Un problema que «se une a una serie de frentes que establecen un panorama preocupante en la provincia» y que, según López Mora, obedece a «algo que se quebró con la derogación del PHN y que se suma a unas actitudes políticas que excitan lo más insolidario de la condición humana».
El presidente de Asaja, Eladio Aniorte, manifestó su confianza en que la sentencia «no tenga ninguna efectividad por el daño que puede causar». «No creo que ningún juez pueda considerar que anular el trasvase del Júcar pueda ser efectivo», dijo Aniorte, quien instó a los partidos políticos a «reconducir el tema del agua, ya que se está abriendo una brecha en contra del agua para esta tierra». Por último, señaló que «si el Júcar es de la Comunidad Valenciana, debemos ser los primeros en apostar por la solidaridad y dar ejemplo».
El Consell y el Ministerio de Medio Ambiente, gobernados por el PP y el PSOE, han decidido unificar criterios para coordinar una solución que evite la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anula varios artículos del plan de cuenca del Júcar, aprobado en 1998, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la Generalitat, que precisaron, eso sí, que sus respectivos servicios jurídicos trabajan por separado. El fallo del Supremo podría dejar sin agua potable a numerosos municipios como Alicante, Elche y Benidorm, y que causaría graves problemas para el abastecimiento y para el riego de cultivos en l´Alacantí, la Marina Alta y la Marina Baixa, puesto que elimina 30 hectómetros cúbicos de los Canales de la Mancomunidad del Taibilla. Mientras, representantes de los sectores empresarial y agrícola de la provincia invocaron ayer la nulidad de la sentencia del Supremo.
En este sentido trabajan ya los servicios jurídicos de la Generalitat, que preparan una petición de nulidad de la sentencia utilizando, entre otros argumentos, que los derechos de la Comunidad resultarían gravemente perjudicados. En caso de fracasar esta vía, fuentes del Consell señalan que se ha solicitado a la titular del Ministerio, Cristina Narbona, que ofrezca una solución al conflicto mediante un decreto ley que permitiera la asignación de caudales tal y como está establecida hasta la fecha.
El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, reclamó ayer al PP consenso y diálogo para «sacar la problemática del agua del debate político» y así alcanzar «una posición común sobre este tema en la Comunidad Valenciana». El portavoz socialista, que se reunió la pasada semana con el secretario general de Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, explicó que «el Ministerio ha pedido una aclaración de la sentencia y tiene la voluntad política de atacar jurídicamente sus resquicios para evitar su ejecución porque es consciente de las consecuencias catastróficas que puede tener su aplicación». En esta línea, reclamó al Consell que coordine su actuación con la del departamento de Narbona para dar respuesta al mencionado fallo judicial e iniciar «una nueva etapa con un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos» a fin de sacar la problemática del agua del debate político.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Javier López Mora, calificó de «gravísima» la situación en la que queda la provincia tras el fallo del Supremo. «Esperemos que tenga su reparación, bien por la vía judicial, con la anulación de la sentencia, o que el Gobierno, que fue tan diligente derogando la parte del Plan Hidrológico Nacional que afectaba a la provincia, haga otro decreto que arregle este problema que tendría unas consecuencias devastadoras». López Mora explicó que esta sentencia significa «abrir un frente más que tendría unas consecuencias imprevisibles no solo desde el punto de vista empresarial, sino social».
Coepa considera que la sentencia tiene unas dificultades de ejecución «importantísimas» debido al «interés social» del trasvase del Júcar. Un problema que «se une a una serie de frentes que establecen un panorama preocupante en la provincia» y que, según López Mora, obedece a «algo que se quebró con la derogación del PHN y que se suma a unas actitudes políticas que excitan lo más insolidario de la condición humana».
El presidente de Asaja, Eladio Aniorte, manifestó su confianza en que la sentencia «no tenga ninguna efectividad por el daño que puede causar». «No creo que ningún juez pueda considerar que anular el trasvase del Júcar pueda ser efectivo», dijo Aniorte, quien instó a los partidos políticos a «reconducir el tema del agua, ya que se está abriendo una brecha en contra del agua para esta tierra». Por último, señaló que «si el Júcar es de la Comunidad Valenciana, debemos ser los primeros en apostar por la solidaridad y dar ejemplo».