El Departamento de Medio Ambiente tiene intención de destinar fondos europeos a la búsqueda de una solución para paralizar un proceso de contaminación que va a más. Tener agua de calidad para aprovechar mejor los recursos propios es la única alternativa una vez rechazada la política de buscar trasvases, ya sea del Ebro o del Ródano.
En Medio Ambiente hay preocupación desde el eslabón más alto del organigrama. El consejero Salvador Milà visitó la zona de conflicto en dos ocasiones durante el pasado verano para analizar los problemas que causa la minería de la potasa, fundamentalmente la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, y los hundimientos del suelo perforado por galerías.
Pero los problemas de calidad del agua del Llobregat no se centran sólo en Abrera o en Sant Joan Despí. En la misma comarca del Bages se suceden los conflictos. En Sallent, el Ayuntamiento asumió la construcción de una planta potabilizadora en el 2002 porque los pozos, tradicional abastecimiento de la población, se salinizaron. En Sant Vicenç de Castellet se han disparado los valores de salinidad en las últimas semanas, hasta situarse por encima del valor límite de potabilidad (250 miligramos de cloruro por litro), según ha denunciado la plataforma Montsalat a partir de resultados de análisis propios.
Iberpotash, empresa de capital israelí propietaria de las minas de Sallent y Súria, se halla en una fase expansiva de arranque de mineral. De las galerías de Sallent salieron el año pasado 3.800 toneladas de mineral, del que sólo se aprovecharon unos 800.000 kilos para ser comercializados como potasa. El resto, casi en su totalidad, se deposita en un inmenso vertedero, a un ritmo de 3.000 toneladas anuales. Los efectos de esta montaña artificial han sido la contaminación progresiva de las aguas subterráneas y superficiales