La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró hoy en Valencia sentencia que la sentencia del Tribunal Supremo que anula artículos del Plan Hidrológico del Júcar pone de manifiesto que España "necesita una profunda reforma no sólo de la política del agua, sino que también de los instrumentos para la gestión" de este recurso y recordó el compromiso del Gobierno de realizar una "reforma en profundidad de las confederaciones hidrográficas", con el fin, dijo, de "intentar gestionar, desde el prinicipio de unidad de cuenca, nuestros ríos".
Señaló que esto es una "exigencia de la UE" y, además, "puede permitir hacer un uso racional y sostenible del agua en nuestras cuencas". Sin embargo, apuntó que hay que llevarlo a cabo "desde la cooperación y desde la concertación con las comunidades autónomas, para que así no surjan problemas como los que están en la base de esta sentencia".
Narbona señaló que en la cuenca del Júcar de lo que se trata es de "la interpretación que hace el tribunal Supremo de aspectos estrictamente competenciales: quién toma las decisiones y quién gestiona aquellos ríos que son internos dentro de una comunidad autónoma", por lo que, puntualizó, "no se cuestionan como tal los aspectos que corresponden al Gobierno de la nación, sino exclusivamente la gestión de los ríos que son internos".
En otro orden de cosas, Narbona afirmó que el Gobierno central no se plantea recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que anula artículos del Plan Hidrológico del Júcar que permiten las tranferencias hídricas a los ríos Turia y Vinalopó, pero anunció que el Ejecutivo ha presentado hoy un recurso de aclaración.
La ministra realizó estas declaraciones antes de clausurar una jornada sobre nuevas perspectivas en la gestión del agua, que el Ministerio "está estudiando con todo detenimiento esta sentencia" y afirmó que ha ejercido "la capacidad de elevar un recurso de aclaración, una instancia, solicitando alguna aclaración sobre aspectos concretos de esta sentencia".
Esta reacción, explicó la ministra, es lo que se podía hacer en estas primeras horas tras conocer la sentencia, ya que, dijo, "todavía es prematuro para hacer una valoración en profundidad sobre sus efectos". Así, subrayó que está esperando a que los servicios jurídicos del Estado "tengan una opinión completamente formada" para saber "los efectos jurídicos y cómo abordar la necesaria reconducción en su caso de algunas normas".
En este sentido, resaltó que el Ministerio está estudiando "cómo tendremos que acatar esta sentencia desde el punto de vista de modificación de normas en vigor". Además, insistió en que su departamente está trabajando para que "los efectos no sean negativos para aquellos que ya tienen derechos al agua asegurados en la Comunidad y para hacer frente a actuaciones que posiblemente serán factibles si existe el acuerdo correspondiente con la comunidad autónoma".
No obstante, Narbona lanzó un mensaje de "máxima serenidad a los valencianos", porque, en su opinión, "se han difundido interpretaciones que pueden crear, sin ninguna duda, alarma social en zonas muy sensibles en ámbitos de regadíos y en abastecimiento de ciudades importantes".
NO AFECTA AL ABASTECIMIENTO
Por ello, insistió en que "esta sentencia no afecta para nada al agua para el abastecimiento, sino que exclusivamente afecta a determinados regadíos" y lo hace, indicó, "no tanto en virtud de un cuestionamiento de las obras, sino desde el punto de vista competencial".
Al respecto, apuntó que "se trata, sobre todo, de aspectos competenciales que arrancan desde sentencias anteriores del Tribunal Constitucional y que desde luego este Gobierno tiene toda la voluntad de superar estas deficiencias". Esto, dijo, se puede "traducir en algo sencillo como acuerdos de colaboración con las comundidades autónomas para llevar a cabo las inversiones de un interés mayoritario en cada autonomía".
Sin embargo, advirtió de que el Ministerio de Medio Ambiente hará una valoración "más precisa" cuando pueda "analizar en todo su contenido esta sentencia", porque dijo que debe existir el "máximo rigor y no deberían adelantarse otros elementos con precipitación".
COOPERACION CON LA GENERALITAT.
Narbona confió en que se "estrechen los instrumentos de cooperación con la Generalitat Valenciana" para que exista "toda la posibilidad de resolver algunas cuestiones, que esta sentencia va a suscitar, por la vía del acuerdo entre las administraciones".
Al respecto, indicó que "en el fondo, esta sentencia señala que la Administración del Estado debe gestionar exclusivamente aquellas cuencas que discurren por varios territorios" y recordó que el Gobierno "ya ha ido devolviendo la gestión a toda una serie de ríos internos en determinados territorios en un proceso de delimitación de competencias".
Por otra parte, destacó que "es evidente que esta sentencia y todo el recurso no era conocido por la Generalitat" y recordó que "ahora incluso reclama indefensión ante un procedimiento que el anterior Gobierno no debió de considerar que le preocupase a los legítimos representantes de Valencia", concluyó