Piden cuatro años de cárcel a ocho empresarios por vertidos en el Guadaíra
Sáb, 20/11/2004
Una novena empresa implicada era la única que tenía licencia de obras del Ayuntamiento de Arahal. A su responsable el fiscal le pide sólo seis meses de prisión
SEVILLA. La Audiencia de Sevilla juzgará a partir del lunes a nueve empresarios dedicados al aderezo de la aceituna de Arahal. Ocho de ellos se enfrentan a cuatro años de prisión y a una multa de 4. 500 euros por presuntos delitos contra el medio ambiente al ser los presuntos responsables de vertidos contaminantes en el río Guadaíra. Sólo una de las fábricas tenía licencia de apertura.Según dice el fiscal en su escrito, los acusados tenían el pleno dominio de la organización del sistema productivo, incluyendo la decisión sobre el destino de los productos sobrantes del cocido y fermentación de la aceituna, proceso en el que fundamentalmente se usa sosa caústica.Todas las entidades implicadas tienen sus fábricas en el término municipal de Arahal, muy próximas al arroyo El Saladillo, con el que tenían comunicación a través de unas tuberías autorizadas «exclusivamente» para recoger las aguas fluviales de los patios de las fábricas. Asimismo, las fábricas están obligadas a depositar el sobrante del aderezo de la aceituna en unas bolsas construidas al efecto.Los días 22 y 23 de septiembre de 1997, los acusados procedieron a realizar vertidos de los deshechos de la elaboración de la aceituna, a través de los desagües para las aguas fluviales hasta el arroyo, que quedó contaminado, Como el Saladillo desemboca en el río Guadaíra éste también se contaminó los días 24 y 25 y siguientes. A su paso por el término de Alcalá las aguas del Guadaíra alcanzaron el valor 91,5 en Demanda Química de Oxígeno y el valor 51,7 en Demanda Biológica de Oxígeno. También se localizó en las aguas fósforo en un valor de 2,49 mg/litro, parámetro que supera los límites establecidos en el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. La contaminación produjo mortandad entre la fauna piscícola, aunque no se pudo cuantificar el daño producido. Sólo una las fábricas tenía en el momento de los vertidos concedida la licencia de apertura por el Ayuntamiento de Arahal.Los acusados son J. L. G. R. , de 42 años y máximo responsable de Agrogón S. L. ; M. G. S. , de 50 años y presidente de Arahalco S. C. A. ; M. O. M. , de 60 años y gerente de Arahalco S. C. A. ; M. F. G. , propietario de la empresa Manuel Fernández Gamboa; M. G. J. , de 54 años y máximo responsable de Productos Agrícolas y Transformados S. L. ; T. B. V. , de 51 años y propietario de Cobrega S. L. ; J. F. B. V. , de 52 años y también propietario de Cobrega S. L. ; A. M. O. , de 54 años y «maestro cocedor» de Cobrega S. L. ; y M. R. J. , de 59 años y máximo responsable de Aceitunas Ramos S. C.Los ocho primeros están acusados de un delito contra el medio ambiente, por el que se enfrentan cada uno a cuatro años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación para dedicarse a la elaboración de la aceituna de mesa, así como a una multa de 4. 500 euros. El noveno acusado, se enfrenta a seis meses de prisión y a un año de inhabilitación para dedicarse al oficio del aderezo de la aceituna de mesa, además de hacer frente a una multa de 576 euros. La fábrica de la que era responsable contaba con la pertinente licencia de apertura. En el juicio declararán guardias civiles del Seprona y el director del Instituto Nacional de Toxicología.
SEVILLA. La Audiencia de Sevilla juzgará a partir del lunes a nueve empresarios dedicados al aderezo de la aceituna de Arahal. Ocho de ellos se enfrentan a cuatro años de prisión y a una multa de 4. 500 euros por presuntos delitos contra el medio ambiente al ser los presuntos responsables de vertidos contaminantes en el río Guadaíra. Sólo una de las fábricas tenía licencia de apertura.Según dice el fiscal en su escrito, los acusados tenían el pleno dominio de la organización del sistema productivo, incluyendo la decisión sobre el destino de los productos sobrantes del cocido y fermentación de la aceituna, proceso en el que fundamentalmente se usa sosa caústica.Todas las entidades implicadas tienen sus fábricas en el término municipal de Arahal, muy próximas al arroyo El Saladillo, con el que tenían comunicación a través de unas tuberías autorizadas «exclusivamente» para recoger las aguas fluviales de los patios de las fábricas. Asimismo, las fábricas están obligadas a depositar el sobrante del aderezo de la aceituna en unas bolsas construidas al efecto.Los días 22 y 23 de septiembre de 1997, los acusados procedieron a realizar vertidos de los deshechos de la elaboración de la aceituna, a través de los desagües para las aguas fluviales hasta el arroyo, que quedó contaminado, Como el Saladillo desemboca en el río Guadaíra éste también se contaminó los días 24 y 25 y siguientes. A su paso por el término de Alcalá las aguas del Guadaíra alcanzaron el valor 91,5 en Demanda Química de Oxígeno y el valor 51,7 en Demanda Biológica de Oxígeno. También se localizó en las aguas fósforo en un valor de 2,49 mg/litro, parámetro que supera los límites establecidos en el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. La contaminación produjo mortandad entre la fauna piscícola, aunque no se pudo cuantificar el daño producido. Sólo una las fábricas tenía en el momento de los vertidos concedida la licencia de apertura por el Ayuntamiento de Arahal.Los acusados son J. L. G. R. , de 42 años y máximo responsable de Agrogón S. L. ; M. G. S. , de 50 años y presidente de Arahalco S. C. A. ; M. O. M. , de 60 años y gerente de Arahalco S. C. A. ; M. F. G. , propietario de la empresa Manuel Fernández Gamboa; M. G. J. , de 54 años y máximo responsable de Productos Agrícolas y Transformados S. L. ; T. B. V. , de 51 años y propietario de Cobrega S. L. ; J. F. B. V. , de 52 años y también propietario de Cobrega S. L. ; A. M. O. , de 54 años y «maestro cocedor» de Cobrega S. L. ; y M. R. J. , de 59 años y máximo responsable de Aceitunas Ramos S. C.Los ocho primeros están acusados de un delito contra el medio ambiente, por el que se enfrentan cada uno a cuatro años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación para dedicarse a la elaboración de la aceituna de mesa, así como a una multa de 4. 500 euros. El noveno acusado, se enfrenta a seis meses de prisión y a un año de inhabilitación para dedicarse al oficio del aderezo de la aceituna de mesa, además de hacer frente a una multa de 576 euros. La fábrica de la que era responsable contaba con la pertinente licencia de apertura. En el juicio declararán guardias civiles del Seprona y el director del Instituto Nacional de Toxicología.