El Gobierno quiere aplicar un impuesto medioambiental al agua de riego agrícola
Mié, 10/11/2004
La Federación Nacional de Regantes niega el argumento oficial de que lo ordene la UE La Federación Nacional de Comunidades de Regantes se opone a la pretensión del Gobierno de imponer un canon medioambiental al agua de riego agrícola. El presidente de la Federación, Andrés del Campo, ha negado el argumento del Ministerio de Medio Ambiente, que atribuye tal medida a una directiva de la UE. VICENTE LLADRÓ/VALENCIA
El Ministerio de Medio Ambiente quiere modificar el régimen económico-financiero que rige para determinar lo que cobra a los usuarios por el agua pública, lo que es visto con gran recelo por los regantes, porque temen que detrás de ello se escondería un importante encarecimiento del precio del metro cúbico, por encima de lo que puede soportar la actividad agraria.
Según ha explicado a LAS PROVINCIAS el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenadecore), Andrés del Campo, el sector agrario está ‘‘por colaborar con la Administración en todos los asuntos relacionados con el agua y los proyectos hidrológicos, pero queremos que se nos atienda y que antes de imponernos algo nos demuestren su necesidad’’.
La Administración argumenta que la revisión de tarifas viene obligada por la Directiva Marco del Agua, que obliga en toda la UE a que se repercuta a los usuarios todos los gastos realizados para poner este recurso en situación de ser usado.
Andrés del Campo asegura que, siendo esto cierto, hay muchos matices que son discutibles y que se deben debatir. Agrega que ‘‘no hay por qué tener prisas, porque la obligación está diferida al año 2010’’, y desmiente que la citada Directiva diga nada al respecto de otro cargo que el Gobierno pretende imponer al agua, en este caso justificándolo por razones de costes medioambientales.
Con este canon medioambiental se resucita la intención recaudatoria que ya mostró en 1986 el Gobierno socialista de entonces, cuando aprobó la actual Ley de Aguas. La unánime protesta del sector agrario logró parar el impuesto hace 18 años.
Andrés del Campo indica que, si bien serían por ahora milésimas de euro por cada metro cúbico de agua –según las intenciones mostradas por la Administración–, se trata de una cuestión de principios ‘‘que no podemos aceptar los regantes, porque no sabemos qué criterios regirían el canon y tememos que una vez instaurado lo acabaran subiendo de manera significativa’’.
Sobre la repercusión de los costes en las tarifas de agua, el presidente de los regantes ha indicado que es falsa la imagen divulgada de que los agricultores riegan gratis, ‘‘porque ya pagamos entre el 80 y el 90% de los costes del agua’’. Esos costes se derivan de la gestión y, sobre todo, de la amortización de obras públicas de embalses y canales. Pero aquí también hay diferencias, porque los regantes no están de acuerdo con que les asignen el total, cuando las presas también tienen otras funciones, y con plazos de amortización a 25 años, demasiado cortos
El Ministerio de Medio Ambiente quiere modificar el régimen económico-financiero que rige para determinar lo que cobra a los usuarios por el agua pública, lo que es visto con gran recelo por los regantes, porque temen que detrás de ello se escondería un importante encarecimiento del precio del metro cúbico, por encima de lo que puede soportar la actividad agraria.
Según ha explicado a LAS PROVINCIAS el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenadecore), Andrés del Campo, el sector agrario está ‘‘por colaborar con la Administración en todos los asuntos relacionados con el agua y los proyectos hidrológicos, pero queremos que se nos atienda y que antes de imponernos algo nos demuestren su necesidad’’.
La Administración argumenta que la revisión de tarifas viene obligada por la Directiva Marco del Agua, que obliga en toda la UE a que se repercuta a los usuarios todos los gastos realizados para poner este recurso en situación de ser usado.
Andrés del Campo asegura que, siendo esto cierto, hay muchos matices que son discutibles y que se deben debatir. Agrega que ‘‘no hay por qué tener prisas, porque la obligación está diferida al año 2010’’, y desmiente que la citada Directiva diga nada al respecto de otro cargo que el Gobierno pretende imponer al agua, en este caso justificándolo por razones de costes medioambientales.
Con este canon medioambiental se resucita la intención recaudatoria que ya mostró en 1986 el Gobierno socialista de entonces, cuando aprobó la actual Ley de Aguas. La unánime protesta del sector agrario logró parar el impuesto hace 18 años.
Andrés del Campo indica que, si bien serían por ahora milésimas de euro por cada metro cúbico de agua –según las intenciones mostradas por la Administración–, se trata de una cuestión de principios ‘‘que no podemos aceptar los regantes, porque no sabemos qué criterios regirían el canon y tememos que una vez instaurado lo acabaran subiendo de manera significativa’’.
Sobre la repercusión de los costes en las tarifas de agua, el presidente de los regantes ha indicado que es falsa la imagen divulgada de que los agricultores riegan gratis, ‘‘porque ya pagamos entre el 80 y el 90% de los costes del agua’’. Esos costes se derivan de la gestión y, sobre todo, de la amortización de obras públicas de embalses y canales. Pero aquí también hay diferencias, porque los regantes no están de acuerdo con que les asignen el total, cuando las presas también tienen otras funciones, y con plazos de amortización a 25 años, demasiado cortos