La política de precios del agua puede acabar con el 30% de regadío
Dom, 07/11/2004
Un informe de la Universidad de Córdoba confirma que la repercusión de los costes hídricos sobre las tarifas de los usuarios reducirá la competitividad de los regantes españoles y no incentivará el ahorro Un informe de la Universidad de Córdoba confirma que la repercusión de los costes hídricos sobre las tarifas de los usuarios reducirá la competitividad de los regantes españoles y no incentivará el ahorro REDACCIÓN/VALENCIA Riego por goteo en un huerto de Gandia. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha advertido de que la aplicación de la recuperación de los costes del agua sobre las tarifas de los usuarios supondría, en su opinión, la desaparición de más del 30% del regadío español.
Del Campo hizo estas declaraciones en un seminario sobre la Directiva Marco de Aguas organizado en la sede de la Acequia Real del Júcar de Valencia, donde, según informa Efe, subrayó que la citada medida supondría una excesiva reducción de la competitividad de los regantes españoles.
El presidente de FENACORE manifestó su preocupación por los impactos económicos y sociales que se producirán como consecuencia de la modificación del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas con motivo de la trasposición de la Directiva europea de Aguas.
En su opinión, la nueva propuesta de régimen económico-financiero es “precipitada” y responde al “afán recaudatorio” de la Administración.
Señaló que el aumento del precio no supone un menor consumo de agua hasta que el agricultor pierde el 40% de sus ingresos, lo que le obliga a cambiar a cultivos de menos demanda hídrica, afectando así “gravemente” a su renta y a la competitividad.
Del Campo añadió que es “un grave error pensar que la repercusión de los costes en las tarifas del agua para regadíos pueda tener un carácter disuasorio de las demandas de agua del sector”.
Así, se refirió a un estudio de la Universidad de Córdoba, según el cual “la política del precio del agua no es un instrumento adecuado para reducir los consumos hídricos”.
Además, señaló que la reducción de las áreas de cultivo de aquellos productos más demandantes de agua acarrearía una importante pérdida de empleo para el sector e industrias asociadas.
Con esta medida el agricultor verá disminuida su renta debido a los gastos derivados de la modernización de los regadíos, el mantenimiento de las infraestructuras y los costes del personal dedicado exclusivamente a vigilancia y control.
Del Campo hizo estas declaraciones en un seminario sobre la Directiva Marco de Aguas organizado en la sede de la Acequia Real del Júcar de Valencia, donde, según informa Efe, subrayó que la citada medida supondría una excesiva reducción de la competitividad de los regantes españoles.
El presidente de FENACORE manifestó su preocupación por los impactos económicos y sociales que se producirán como consecuencia de la modificación del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas con motivo de la trasposición de la Directiva europea de Aguas.
En su opinión, la nueva propuesta de régimen económico-financiero es “precipitada” y responde al “afán recaudatorio” de la Administración.
Señaló que el aumento del precio no supone un menor consumo de agua hasta que el agricultor pierde el 40% de sus ingresos, lo que le obliga a cambiar a cultivos de menos demanda hídrica, afectando así “gravemente” a su renta y a la competitividad.
Del Campo añadió que es “un grave error pensar que la repercusión de los costes en las tarifas del agua para regadíos pueda tener un carácter disuasorio de las demandas de agua del sector”.
Así, se refirió a un estudio de la Universidad de Córdoba, según el cual “la política del precio del agua no es un instrumento adecuado para reducir los consumos hídricos”.
Además, señaló que la reducción de las áreas de cultivo de aquellos productos más demandantes de agua acarrearía una importante pérdida de empleo para el sector e industrias asociadas.
Con esta medida el agricultor verá disminuida su renta debido a los gastos derivados de la modernización de los regadíos, el mantenimiento de las infraestructuras y los costes del personal dedicado exclusivamente a vigilancia y control.