El Ministerio de Medio Ambiente perfila poco a poco su política sobre el agua. La derogación del trasvase ha sido el primer paso en una serie de profundos cambios en lo que ha sido la estructura de la Administración hidráulica durante el último siglo. Los mensajes contradictorios sobre el futuro de algunas obras del Pacto del Agua son consecuencia de los tímidos pasos que ha comenzado a dar el departamento que dirige Cristina Narbona. Las reformas van más allá de la mera disputa entre los partidarios y los detractores de los embalses. Las señales parece que no están siendo completamente entendidas en Aragón, donde el Ejecutivo autonómico se muestra más preocupado en que no se desbarate el frágil equilibrio del debate en la Comisión del Agua, y exige una y otra vez que Madrid matice sus palabras hasta hacerlas políticamente digeribles. El
Gobierno de Marcelino Iglesias se encuentra, en cierta medida, entre la espada y la pared; entre los argumentos técnicos y sociales que expuso contra el trasvase y el Pacto del Agua, que por primera vez en doce años ya no se contempla como algo inamovible.

Las manifestaciones aparentemente contradictorias sobre el futuro de Santaliestra o las aseveraciones acerca de la cota media de Yesa realizadas por los máximos responsables del Ministerio de Medio Ambiente son otro ejemplo de las nuevas tendencias. Más evidente también es la decisión del Ejecutivo central de reducir la altura del embalse de Castrovido (Castilla y León) en 11 metros, lo que reducirá su capacidad a poco más de la mitad. El Ministerio no quiere seguir adelante con las grandes obras como planteamiento general.

Lo indicó la ministra Narbona y lo reafirmó el secretario general del Ministerio, Antonio Serrano. Medio Ambiente considera que la mayoría de los proyectos que están vigentes en la cabecera del Ebro, casi todos los del Pacto del Agua entre ellos, corresponden a la planificación hidrológica de la primera mitad del siglo XX. Por ello, creen que deben ser revisadas desde el punto de vista de su utilidad y de las nuevas características de la estructura económica española.
Revisión de los proyectos
"Estamos revisando los proyectos de la cabecera del Ebro, dado que muchos de ellos estaban ligados al trasvase. Ahora no se va a hacer y este es un motivo importante para releer obras que tendrán consecuencias muy conflictivas, aunque no precisamente para los que esperan los beneficios del agua, ya sea en Aragón o en Levante", señaló textualmente Narbona hace unas semanas. "Obras sí, pero donde se puedan hacer y exista una demanda real. Antes de iniciarlas tiene que quedar claro qué costes se van a repercutir a los usuarios", afirmó y remarcó que "las obra hidráulicas no pueden ser catedrales vacías".

Antonio Serrano afirmó la semana pasada en Zaragoza que "la política de grandes obras se pone en cuestión". Además, indicó que la reducción de los fondos europeos va a incidir directamente en recortes para este tipo de grandes infraestructuras.

Esta lógica ha llevado a un enfrentamiento entre el Ministerio y los gobiernos de Valencia y Murcia por la derogación del trasvase. En Aragón, la pugna ha sido a una menor escala, dado que Medio Ambiente apenas había tenido en cuenta las grandes obras hidráulicas en los Presupuestos Generales del Estado, y la gran batalla de Iglesias ha sido lograr su inclusión.

Hasta el momento, la lógica que regía la política del agua en España partía de la premisa de que era necesario poner a disposición de los usuarios la mayor cantidad de recurso posible. Con esa filosofía se construyeron las actuales presas y se proyectaron la mayoría de las que todavía están sin construir.

Sin embargo, la base de la que parte el actual Gobierno socialista es notablemente diferente. No se discute la necesidad de que es necesario poner a disposición de los usuarios los recursos que sean necesarios, pero se pone el acento en la necesidad de conservar los recursos hídricos como parte de los ecosistemas. Es decir, mantener en la medida de lo posible unos ríos sanos, con un agua lo más limpia posible y con unas condiciones naturales que permitan la vida actual y futura. Además, Medio Ambiente tiene claramente asumida la máxima impuesta por la Unión Europea de que los usuarios deben pagar íntegramente todos los costes de las obras hidráulicas. No se trata sólo de que el resto de países tengan una gran conciencia ambiental, sino que se considera que si el Estado sufraga los recursos necesarios para algunos sectores económicos, se podría entrar en una situación de competencia
desleal con otros productores de la Unión.

Los representantes del Ejecutivo han lanzado hasta el momento este mensaje a los técnicos y a las personas más interesadas en la gestión de los recursos hídricos. La semana pasada, el director general de Acuamed, el otrora trasvasista Adrián Baltanás, explicó que la situación dista mucho de la que había en los años sesenta y que justificó la construcción de innumerables presas y canales de riego. Baltanás afirmó que ya no hay problemas de abastecimiento, que la agricultura produce más de lo que se consume y que, por tanto, la función social del agua debe evaluarse con mucho detalle. Además, detalló que Medio Ambiente, en lugar de la política de oferta, pretende "dar respuesta a demandas concretas".

Es decir, que siguiendo el ejemplo del trasvase del Ebro, que fue derogado en el mes de julio, se quiere que se encuentren soluciones locales a los problemas locales. El objetivo es evitar los enfrentamientos regionales y minimizar al máximo la dependencia externa, aplicando los principios básicos del desarrollo sostenible.
Desarrollo tecnológico
Otro de los pilares de la nueva política de agua es el máximo aprovechamiento del recurso. Por ejemplo, como alternativa al trasvase, El Gobierno tiene previstos 105 proyectos de diferentes tipos, como desalación, desalobración, modernización de regadíos, reutilización y mejora de la gestión. Baltanás explicó que el 20 % de la inversión irá dedicada a desaladoras.

Los altos cargos del Ministerio y los responsables de confederaciones como la del Ebro o la del Segura se han manifestado en los últimos meses a favor de un incremento de la vigilancia del agua y del dominio público hidráulico. Evitar el fraude y el robo de caudales se ha convertido en una prioridad tan importante como la de reordenar las concesiones según las necesidades actuales.

En pocos meses se quiere reformar la Ley de Aguas para poder trasponer correctamente la directiva europea de la materia. Narbona también ha anunciado se aprovechará para crear los llamados Bancos del Agua, que tendrán carácter público. Los centros de intercambio de agua en el Segura, Júcar y Guadiana han sido la primeras experiencias.