'En el Plan Hidrológico participarán también empresas pequeñas'

Vie, 29/10/2004

Cinco Días

La repercusión que sobre la actividad del sector constructor tendría la decisión del Gobierno de derogar el trasvase del Ebro continúa siendo una de las grandes preocupaciones de las empresas seis meses después de la formación del nuevo Ejecutivo. En este sentido, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que contará con la iniciativa privada para poner en marcha las numerosas obras de infraestructuras contenidas en el anexo de inversiones que contempla el Plan Hidrológico Nacional (PHN), 'ya que lo único que hemos derogado es el trasvase, no el resto del plan', indicó ayer la ministra en el Foro Cinco Días.
La responsable de Medio Ambiente explicó que, aunque se van a poner en marcha nuevos equipamientos hidráulicos, no hay que olvidar que existen numerosas instalaciones en la actualidad que están siendo gravemente infrautilizadas. 'Algunas de esas infraestructuras se construyeron hace muchos años, cuando la realidad económica de España era muy diferente, así como el peso que tenían varios sectores productivos, como la Agricultura', añadió.
Por ello, apostó por introducir una mayor racionalidad en la obra pública y confirmó que todas las inversiones contenidas en el anexo del Plan Hidrológico se llevarán a cabo. 'En total son infraestructuras por valor de 10.000 millones de euros que estaban prometidas desde 2001 y aún no existen', dijo. Preguntada por qué tipo de infraestructuras serán cedidas para que sea el capital privado quien se haga cargo no sólo de su construcción, sino también de su explotación o gestión, la ministra se refirió al plan de inversión privada en grandes obras presentado al Gobierno por parte de la patronal de las principales constructoras Seopan (ver Cinco Días del pasado 15 de octubre). 'La decisión final aún no ha sido adoptada porque en ella participarán los Ministerios de Economía y Hacienda, Fomento y Medio Ambiente; pero, en cualquier caso, allí donde el sector privado tenga que aportar valor añadido y la mejor solución técnica, sus empresas estarán implicadas en el proyecto ganador', especificó Cristina Narbona. Ante un nutrido grupo de empresarios y expertos del sector constructor, la ministra confirmó que 'nuestro deseo no es que sólo exista actividad para las grandes compañías. Creemos en el papel de las medianas y pequeñas empresas, tal y como hace el sector ya ahora; prueba de ello es que las grandes sociedades suelen subcontratar después con compañías más pequeñas buena parte de su actividad'. Narbona citó a las plantas desaladoras como obras susceptibles de ser gestionadas por la iniciativa privada, tal y como contempla el programa de actuaciones de Seopan, y se refirió también a las depuradoras. 'En la depuración de aguas residuales también hay mucho por hacer y, de hecho, en nuestro país ya existen empresas que cuentan con la tecnología capaz de reducir los desagradables olores que con frecuencia provocan instalaciones de este tipo', añadió. Además de la aportación que finalmente realice el capital privado, la máxima responsable de Medio Ambiente anunció que tratará de negociar con la Comisión Europea todas y cada una de las ayudas que pueda recibir España para financiar obras hidráulicas. 'El objetivo es obtener el mayor volumen de recursos posibles, pero siempre sin llegar al enfrentamiento, ni con la actual Comisión en funciones, ni con la futura', agregó. Narbona recordó que el objetivo primordial de la nueva política de gestión del agua que está llevando a cabo su departamento es lograr la 'máxima optimización' de los recursos hídricos. 'Hay que tener cuidado cuando se afirma que existe un problema de déficit o falta de agua, porque normalmente tiende a relacionarse esa escasez con los recursos destinados a la agricultura, cuando en la llamada España húmeda aún quedan áreas con problemas de suministro de agua potable, como Castilla y León o Cantabria', indicó. En este sentido, recordó cómo hace un año el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo una estimación en la que establecía que se perdían cada año unos 5.000 hectómetros cúbicos de agua en el proceso de distribución y transporte. 'Luego hay que apostar por un mayor control público del uso que se hace del agua', concluyó.
'Allí donde el capital privado aporte valor añadido, como en la desalación, las empresas estarán en el proyecto'