El agua de la futura desalinizadora de Mazarrón superará 0,30 euros por m3 Narbona afirma que el trasvase del Ródano está «aparcado» El Constitucional admite también el recurso de Valencia contra la derogación del trasvase
Vie, 22/10/2004
La Confederación anuncia que las obras comenzarán dentro de un mes
AGENCIAS EFE EP/MURCIA
MADRID
VALENCIA
EN MARCHA. Fuentes Zorita (izquierda), durante la firma con Juan Carlos Gibert. VICENTE VICENS/ AGM
La desaladora del Campo de Cartagena, que será la más grande de España, con capacidad para tratar 50 hm3 de agua anuales, ampliable con otros siete, estará en funcionamiento dentro de dos años, después de que dentro de un mes se inicien las obras, según avanzó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita. Éste suscribió el contrato para la construcción de esta planta con el representante de la unión temporal de empresas (UTE) a la que se adjudicó la obra, Juan Carlos Gibert. Las obras de la planta, en Valdalentisco, se adjudicaron en más de 76,3 millones de euros a la UTE formada por Ferrovial-Agromán y Cadagua.
Fuentes Zorita declaró que esta desaladora es «la obra hidráulica de mayor envergadura realizada en los últimos años en la cuenca del Segura y en la Región de Murcia». En cuanto al precio del agua, explicó que dependerá finalmente de la tarifa eléctrica, para lo que se ha convocado un concurso «que al ser por concurrencia, esperamos que suponga un buen precio».
No obstante, señaló que, según los cálculos que manejan, el coste de la producción en planta será de unos 0,30 euros, sin contar la amortización, lo que supone unos diez céntimos menos que la planta de Alicante, ya que en la de Valdelentisco no hay que realizar bombeo.
Fuentes Zorita, por otra parte, aseguró que los responsables de la deuda hídrica que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene con los regantes del trasvase Tajo-Segura «tienen nombre y apellidos políticos». Dio la razón a la regantes del trasvase, a la vez que responsabilizó al PP del aumento «desmesurado» de la demanda del Taibilla, a cuenta de los regadíos. «La deuda existe porque el anterior gobierno del PP la autorizó, porque durante 8 años ha visto cómo la demanda del Taibilla se incrementaba en 45 hm3 anuales, pero no hizo nada». La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que el trasvase de aguas desde el río Ródano (Francia) hacia España está «completamente aparcado», y cuestionó su viabilidad económica, financiera y ambiental. Narbona hizo esta reflexión ante decenas de empresarios españoles y franceses durante un almuerzo-debate organizado por la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo, tras pronunciar una conferencia sobre El desafío ambiental de España.
Algunos de los empresarios apuntaron a la ministra la conveniencia y el interés que tendría trasvasar agua desde el Ródano hacia el litoral mediterráneo español y entre ellos Juan Ramón Villar Mir, presidente de la constructora OHL y ex presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Villar Mir recordó a la ministra que en el año 2001, siendo presidente del citado Colegio, éste emitió un informe para fijar su posición respecto al Plan Hidrológico Nacional y que en el mismo se mostraban convencidos de que el trasvase del Ebro no llegaría a realizarse nunca si no contaba con un amplio consenso político y social, y en el que apostaban también por el del Ródano, por el mayor caudal y calidad del agua de este río.
La ministra insistió en que «no se trata de negarse a cualquier trasvase», pero dio prioridad a la necesidad de optimizar los recursos en todas las cuencas antes de solicitar aportaciones de otras.
El conflicto del Tajo
El portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, dijo ayer que el PP murciano coincide con el de Castilla La Mancha, que ha pedido al presidente de esa comunidad, José María Barreda, que exija a la ministra de Medio Ambiente que restablezca el Plan Hidrológico Nacional en lugar de buscar una reforma del Estatuto. Ruiz instó al PSRM-PSOE a que «tome ejemplo de la unidad del PP, que tanto en Murcia como en Castilla La Mancha mantienen el mismo discurso sobre el agua».
A juicio de Ruiz, «la reforma del Estatuto propuesta por Barreda supone una medida a largo plazo y se anuncia con un interés puramente propagandístico, siguiendo la línea de sus últimas declaraciones con respecto al agua y al trasvase del Tajo». Asimismo ha puesto de manifiesto la contradicción entre los socialistas murcianos y los de Castilla-La Mancha. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el Decreto Ley 2/2004 que derrogó el trasvase del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional, según informaron fuentes del Gobierno valenciano. La Generalitat Valenciana presentó el recurso para intentar que la norma no se ejecute y las transferencias de agua hacia Cataluña, Valencia, Murcia y Almería se lleven a cabo, según recogía la del PHN.
La Comunidad Valenciana considera que el real decreto podría vulnerar los artículos 2, 9, 31, 86 y 131 de la Constitución. Así, argumenta en su recurso que «la regulación del equilibrio territorial hidráulico, plasmado en el PHN, no puede efectuarse mediante un real decreto ley, ya que su objetivo es garantizar la solidaridad interterritorial». El mismo tribunal admitió a trámite lasemana pasada el recurso que presentó el Gobierno murciano.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, declaró ayer que «estar en contra» del trasvase «es estar en contra de los intereses» de su autonomía. Camps recordó que el Ejecutivo valenciano anunció desde el primer momento que iba a defender sus intereses en todas las instancias y que, «desde la perspectiva constitucional, el TC era la instancia adecuada».
Con respecto al contenido del recurso aceptado, señaló que «se basa fundamentalmente en la defensa de algunos principios, como el de la solidaridad entre territorios y la defensa de igualdad de oportunidades entre todos los españoles».«El trasvase del agua del Ebro es el aprovechamiento de un recurso natural que es fundamental en la Comunidad -continuó-, que forma parte del principio constitucional de la solidaridad entre todos y que es necesario para el presente y futuro de la Comunidad Valenciana».
AGENCIAS EFE EP/MURCIA
MADRID
VALENCIA
EN MARCHA. Fuentes Zorita (izquierda), durante la firma con Juan Carlos Gibert. VICENTE VICENS/ AGM
La desaladora del Campo de Cartagena, que será la más grande de España, con capacidad para tratar 50 hm3 de agua anuales, ampliable con otros siete, estará en funcionamiento dentro de dos años, después de que dentro de un mes se inicien las obras, según avanzó ayer el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita. Éste suscribió el contrato para la construcción de esta planta con el representante de la unión temporal de empresas (UTE) a la que se adjudicó la obra, Juan Carlos Gibert. Las obras de la planta, en Valdalentisco, se adjudicaron en más de 76,3 millones de euros a la UTE formada por Ferrovial-Agromán y Cadagua.
Fuentes Zorita declaró que esta desaladora es «la obra hidráulica de mayor envergadura realizada en los últimos años en la cuenca del Segura y en la Región de Murcia». En cuanto al precio del agua, explicó que dependerá finalmente de la tarifa eléctrica, para lo que se ha convocado un concurso «que al ser por concurrencia, esperamos que suponga un buen precio».
No obstante, señaló que, según los cálculos que manejan, el coste de la producción en planta será de unos 0,30 euros, sin contar la amortización, lo que supone unos diez céntimos menos que la planta de Alicante, ya que en la de Valdelentisco no hay que realizar bombeo.
Fuentes Zorita, por otra parte, aseguró que los responsables de la deuda hídrica que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla tiene con los regantes del trasvase Tajo-Segura «tienen nombre y apellidos políticos». Dio la razón a la regantes del trasvase, a la vez que responsabilizó al PP del aumento «desmesurado» de la demanda del Taibilla, a cuenta de los regadíos. «La deuda existe porque el anterior gobierno del PP la autorizó, porque durante 8 años ha visto cómo la demanda del Taibilla se incrementaba en 45 hm3 anuales, pero no hizo nada». La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que el trasvase de aguas desde el río Ródano (Francia) hacia España está «completamente aparcado», y cuestionó su viabilidad económica, financiera y ambiental. Narbona hizo esta reflexión ante decenas de empresarios españoles y franceses durante un almuerzo-debate organizado por la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo, tras pronunciar una conferencia sobre El desafío ambiental de España.
Algunos de los empresarios apuntaron a la ministra la conveniencia y el interés que tendría trasvasar agua desde el Ródano hacia el litoral mediterráneo español y entre ellos Juan Ramón Villar Mir, presidente de la constructora OHL y ex presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Villar Mir recordó a la ministra que en el año 2001, siendo presidente del citado Colegio, éste emitió un informe para fijar su posición respecto al Plan Hidrológico Nacional y que en el mismo se mostraban convencidos de que el trasvase del Ebro no llegaría a realizarse nunca si no contaba con un amplio consenso político y social, y en el que apostaban también por el del Ródano, por el mayor caudal y calidad del agua de este río.
La ministra insistió en que «no se trata de negarse a cualquier trasvase», pero dio prioridad a la necesidad de optimizar los recursos en todas las cuencas antes de solicitar aportaciones de otras.
El conflicto del Tajo
El portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, dijo ayer que el PP murciano coincide con el de Castilla La Mancha, que ha pedido al presidente de esa comunidad, José María Barreda, que exija a la ministra de Medio Ambiente que restablezca el Plan Hidrológico Nacional en lugar de buscar una reforma del Estatuto. Ruiz instó al PSRM-PSOE a que «tome ejemplo de la unidad del PP, que tanto en Murcia como en Castilla La Mancha mantienen el mismo discurso sobre el agua».
A juicio de Ruiz, «la reforma del Estatuto propuesta por Barreda supone una medida a largo plazo y se anuncia con un interés puramente propagandístico, siguiendo la línea de sus últimas declaraciones con respecto al agua y al trasvase del Tajo». Asimismo ha puesto de manifiesto la contradicción entre los socialistas murcianos y los de Castilla-La Mancha. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el Decreto Ley 2/2004 que derrogó el trasvase del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional, según informaron fuentes del Gobierno valenciano. La Generalitat Valenciana presentó el recurso para intentar que la norma no se ejecute y las transferencias de agua hacia Cataluña, Valencia, Murcia y Almería se lleven a cabo, según recogía la del PHN.
La Comunidad Valenciana considera que el real decreto podría vulnerar los artículos 2, 9, 31, 86 y 131 de la Constitución. Así, argumenta en su recurso que «la regulación del equilibrio territorial hidráulico, plasmado en el PHN, no puede efectuarse mediante un real decreto ley, ya que su objetivo es garantizar la solidaridad interterritorial». El mismo tribunal admitió a trámite lasemana pasada el recurso que presentó el Gobierno murciano.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, declaró ayer que «estar en contra» del trasvase «es estar en contra de los intereses» de su autonomía. Camps recordó que el Ejecutivo valenciano anunció desde el primer momento que iba a defender sus intereses en todas las instancias y que, «desde la perspectiva constitucional, el TC era la instancia adecuada».
Con respecto al contenido del recurso aceptado, señaló que «se basa fundamentalmente en la defensa de algunos principios, como el de la solidaridad entre territorios y la defensa de igualdad de oportunidades entre todos los españoles».«El trasvase del agua del Ebro es el aprovechamiento de un recurso natural que es fundamental en la Comunidad -continuó-, que forma parte del principio constitucional de la solidaridad entre todos y que es necesario para el presente y futuro de la Comunidad Valenciana».