El secretario general de Ordenación del Territorio y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, afirmó ayer que el dinero para subvencionar grandes obras hidráulicas se está acabando. El número dos del Ministerio, que inauguró en zaragoza el VIII Simposio de Hidrogeología, explicó que a partir del próximo año (la última convocatoria se cierra en mayo) no habrá fondos europeos de cohesión, que se reducirán notablemente los fondos Feder y que la directiva europea obliga a que los usuarios paguen el coste de la obra, lo que se irá implantando de forma progresiva.

"La política de grandes obras se pone en cuestión", afirmó, porque "la capacidad económica va a ser menor". Serrano señaló que el Ministerio no comparte la política seguida hasta el momento de "asegurar la oferta en todos los territorios sin tener en cuenta los costes ni el balance de beneficios".

El secretario general realizó una detallada explicación de la política de agua que va a desarrollar el Ministerio de Medio Ambiente a lo largo de la presente legislatura y puso como ejemplo de este replanteamiento la derogación del trasvase, pero anunció que se trata de un planteamiento global que afectará a todas las obras hidráulicas. En este sentido, recalcó la idea de que "siempre que sea posible, las soluciones no deben depender de otros territorios, dado que uno de los principios de la sostenibilidad es la autosuficiencia, y así no se provocan tensiones sociales".

Por un lado, explicó que la situación tiene que ver con la entrada en vigor de la directiva europea del Agua, pero también con un planteamiento general del Gobierno central, que ha optado por un modelo de desarrollo basado en la investigación, el desarrollo y la innovación la (I+D+I) frente al que existía "basado en el ladrillo".

El secretario general, anunció que las inversiones van a ir dedicadas especialmente a innovaciones tecnológicas en la gestión del agua. Así, citó, por ejemplo, los programas de desalación o los que quieren frenar la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos.

Serrano indicó que el Ministerio está decidido y obligado a repercutir los costes en los usuarios de las obras hidráulicas. En concreto, habló de "todos los costes", entre los que también incluyó aquellos "indirectos" como los ambientales. No obstante, aseguró que este proceso se irá produciendo "poco a poco" porque el Medio Ambiente es consciente de que "para muchas actividades es algo muy sensible". Por ello, abogó por mantener una coordinación total con las Administraciones autonómicas y locales en todos los aspectos relacionados con el agua.
Santaliestra, sin un duro
En el caso de Aragón, reiteró que no se ha previsto ninguna partida en los próximos Presupuestos Generales del Estado para comenzar las obras de Santaliestra. Según dijo, sobre este embalse no se actuará "mientras no haya una decisión de la Comisión Mixta del Pacto del Agua". Además, adelantó que se habilitará una partida en el caso de que se logre un acuerdo entre las partes en conflicto. "En cuanto la Comisión tenga acuerdos, todas las actuaciones tendrán su correspondiente partida presupuestaria", afirmó. Serrano dijo que el Ministerio trabaja en un conjunto "muy amplio" de proyectos, algunos no contenidos en el Pacto del Agua".

Uno de los principales objetivos de la planificación, explicó, es estar preparado ante las próximas catástrofes naturales, particularmente sequías e inundaciones. Serrano recordó que cada 11 años se registran fuertes sequías y que la única forma de paliar sus daños es comenzar a prepararse ya.

Entre las medidas que pretenden contribuir a solucionar la sobreexplotación de acuíferos, destacó la posibilidad del intercambio de derechos de agua. Este antecedente de los futuros bancos de agua fue puesto en marcha el viernes por el Consejo de Ministros.
Expropiar es más barato
En el caso de las inundaciones, afirmó que la construcción de nuevos embalses para que laminen las avenidas no es la solución técnicamente adecuada. Además, explicó que incluso desde el punto de vista económico "muchas veces es más barato expropiar las casas que nunca se deberían haber construido que hacer una presa para laminar la inundación". Y afirmó que se trata de un problema exclusivamente de ordenación territorial.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Hidrogeólogos, Sebastián Delgado, reclamó una mayor atención hacia este recurso. Entre otras cuestiones, indicó las posibilidades que existen en la explotación de aguas salobres, y reclamó más vigilancia y sanciones para los infractores.