El Ministerio considera «lógico» que el Constitucional admita el recurso
Vie, 15/10/2004
El PSOE respeta la decisión, mientras que el Gobierno regional cree que le da la razón sobre la derogación del trasvase del Ebro
M. B. B. /AGENCIAS/MURCIA
TRASVASE FRUSTRADO. Aznar coloca la primera piedra del trasvase del Ebro en Murcia, en febrero. A su lado, Elvira Rodríguez. / JUAN LEAL
El Ministerio de Medio Ambiente considera «absolutamente previsible y lógico» que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno murciano contra la derogación del trasvase del Ebro. Un portavoz del departamento de Cristina Narbona indicó a La Verdad que el alto tribunal «sólo ha tenido que estudiar dos aspectos, sin entrar en el fondo ni valorar otros aspectos: que el organismo que ha recurrido estuviera legitimado para ello; y que el recurso se haya presentado dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del decreto ley. Sólo con que se cumplan estas dos condiciones, cualquier recurso debe ser admitido», explicó.
Añadió que hay un plazo de quince días para presentar alegaciones, aunque esta misión, apuntó, corresponden al Ministerio de Justicia y a la Abogacía del Estado, «que son quienes defienden la legitimidad y legalidad de las actuaciones Gobierno. El Ministerio de Medio Ambiente sólo tiene que decir que le merecen respeto todas las decisiones judiciales, y que no tiene dudas de la legalidad de sus actuaciones».
El secretario de Coordinación y Política Municipal del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, por su parte, expresó en un comunicado «el respeto» de este partido hacia la decisión del Tribunal Constitucional . Comentó que esta admisión «se trata de un mero trámite formal que en absoluto juzga ni prejuzga el fondo de la cuestión», y agregó que «el PP pretende dar a este trámite una trascendencia que no tiene y de paso vender la piel antes de cazar el oso», informa Efe. Afirmó que «nada justifica las apreciaciones subjetivas» realizadas por el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, entrando a opinar de una sentencia que aún no se ha producido, «que lo único que denota es la falta de respeto hacia la independencia de este órgano judicial y una absoluta ignorancia legal».
Precisamente Cerdá indicó ayer que la admisión a trámite del recurso demuestra que la decisión del Gobierno regional no fue ninguna «rabieta política, sino que se hizo porque se estaba en posesión de la razón».
La intención del Ejecutivo regional al presentar el recurso, ha explicado Cerdá, era que el Tribunal Constitucional «pusiera orden en el caos e insolidaridad creados por el Gobierno central al derogar el trasvase» al entenderse desde Murcia, ha dicho el consejero, «que no existían razones técnicas, económicas y medioambientales para el decreto».
No hay minitrasvases
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente no va a realizar ninguno de los tres minitrasvases del río Ebro (dos en Tarragona y uno en Castellón) y tampoco el embalse aragonés de Santaliestra.
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, explicó ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados que para el minitrasvase al Llobregat, la Generalitat de Cataluña pidió la retirada de solicitud de fondos a Bruselas, y que el de Castellón es un canal para riego que «no está decidido ni presupuestado». Además, el embalse de Santaliestra está «abandonado y tiene presupuesto cero».
Los minitrasvases se mantienen en el proyecto del nuevo PHN, aunque el Ministerio ha insistido en que no se realizarán. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura aseguró ayer que no va a entrar en «ninguna parafernalia de enredo», al tiempo que advirtió que lo importante será lo que finalmente dicte el TC sobre este asunto. Mostró su «máximo respeto» a la decisión de presentar el recurso por parte del Ejecutivo murciano, pues «ha ejercicio un derecho, y contra eso no hay nada que decir, aunque yo no les voy a tachar de antipatriotas, como hacían ellos». El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, expresó su satisfacción, y confía que ello obligue a rectificar al Gobierno central. Señaló que se demuestra que «lo que estábamos defendiendo respecto a que el procedimiento utilizado por el Gobierno no era el apropiado tiene fundamentos jurídicos sólidos. Vamos a seguir luchando para lograr que se nos devuelva esa agua que nos ha quitado el Gobierno socialista». En los mismos términos se expresó el PP. El presidente de la Comunidad de Regantes de Cartagena, Manuel León Madrid, se excusó por no querer dar ninguna opinión ni a favor ni en contra de lo que considera que se ha convertido en una «guerra política», tras la decisión del Tribunal Constitucional. Indicó que las comunidades de regantes deben «defender la agricultura y la necesidad de agua en una región que, con una dotación suficiente, puede ser la más rentable de España». El secretario general de UGT en Murcia, Antonio López Baños, afirmó que el recurso «tiene poco futuro» aunque haya sido admitido a trámite, ya que «la soberanía popular ha decidido otra cosa» y el Congreso de los Diputados «va a aprobar una nueva ley del Plan Hidrológico». Añadió que, «aunque ese recurso prosperará, si la nueva ley la votan la mayoría de los diputados contra eso no cabe ningún tipo de recurso, porque eso es la democracia». El conseller valenciano de Infraestructuras, José Ramón García Antón, se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional también admitirá a trámite el recurso presentado por el Gobierno de la Generalitat contra el decreto de derogación del trasvase del Ebro. Calificó de «muy buena noticia para los valencianos» esa admisión, porque la Generalitat ha presentado uno «muy similar» al de Murcia. «No había motivos de urgencia».
M. B. B. /AGENCIAS/MURCIA
TRASVASE FRUSTRADO. Aznar coloca la primera piedra del trasvase del Ebro en Murcia, en febrero. A su lado, Elvira Rodríguez. / JUAN LEAL
El Ministerio de Medio Ambiente considera «absolutamente previsible y lógico» que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno murciano contra la derogación del trasvase del Ebro. Un portavoz del departamento de Cristina Narbona indicó a La Verdad que el alto tribunal «sólo ha tenido que estudiar dos aspectos, sin entrar en el fondo ni valorar otros aspectos: que el organismo que ha recurrido estuviera legitimado para ello; y que el recurso se haya presentado dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del decreto ley. Sólo con que se cumplan estas dos condiciones, cualquier recurso debe ser admitido», explicó.
Añadió que hay un plazo de quince días para presentar alegaciones, aunque esta misión, apuntó, corresponden al Ministerio de Justicia y a la Abogacía del Estado, «que son quienes defienden la legitimidad y legalidad de las actuaciones Gobierno. El Ministerio de Medio Ambiente sólo tiene que decir que le merecen respeto todas las decisiones judiciales, y que no tiene dudas de la legalidad de sus actuaciones».
El secretario de Coordinación y Política Municipal del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, por su parte, expresó en un comunicado «el respeto» de este partido hacia la decisión del Tribunal Constitucional . Comentó que esta admisión «se trata de un mero trámite formal que en absoluto juzga ni prejuzga el fondo de la cuestión», y agregó que «el PP pretende dar a este trámite una trascendencia que no tiene y de paso vender la piel antes de cazar el oso», informa Efe. Afirmó que «nada justifica las apreciaciones subjetivas» realizadas por el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, entrando a opinar de una sentencia que aún no se ha producido, «que lo único que denota es la falta de respeto hacia la independencia de este órgano judicial y una absoluta ignorancia legal».
Precisamente Cerdá indicó ayer que la admisión a trámite del recurso demuestra que la decisión del Gobierno regional no fue ninguna «rabieta política, sino que se hizo porque se estaba en posesión de la razón».
La intención del Ejecutivo regional al presentar el recurso, ha explicado Cerdá, era que el Tribunal Constitucional «pusiera orden en el caos e insolidaridad creados por el Gobierno central al derogar el trasvase» al entenderse desde Murcia, ha dicho el consejero, «que no existían razones técnicas, económicas y medioambientales para el decreto».
No hay minitrasvases
Por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente no va a realizar ninguno de los tres minitrasvases del río Ebro (dos en Tarragona y uno en Castellón) y tampoco el embalse aragonés de Santaliestra.
El secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, explicó ayer en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados que para el minitrasvase al Llobregat, la Generalitat de Cataluña pidió la retirada de solicitud de fondos a Bruselas, y que el de Castellón es un canal para riego que «no está decidido ni presupuestado». Además, el embalse de Santaliestra está «abandonado y tiene presupuesto cero».
Los minitrasvases se mantienen en el proyecto del nuevo PHN, aunque el Ministerio ha insistido en que no se realizarán. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura aseguró ayer que no va a entrar en «ninguna parafernalia de enredo», al tiempo que advirtió que lo importante será lo que finalmente dicte el TC sobre este asunto. Mostró su «máximo respeto» a la decisión de presentar el recurso por parte del Ejecutivo murciano, pues «ha ejercicio un derecho, y contra eso no hay nada que decir, aunque yo no les voy a tachar de antipatriotas, como hacían ellos». El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, expresó su satisfacción, y confía que ello obligue a rectificar al Gobierno central. Señaló que se demuestra que «lo que estábamos defendiendo respecto a que el procedimiento utilizado por el Gobierno no era el apropiado tiene fundamentos jurídicos sólidos. Vamos a seguir luchando para lograr que se nos devuelva esa agua que nos ha quitado el Gobierno socialista». En los mismos términos se expresó el PP. El presidente de la Comunidad de Regantes de Cartagena, Manuel León Madrid, se excusó por no querer dar ninguna opinión ni a favor ni en contra de lo que considera que se ha convertido en una «guerra política», tras la decisión del Tribunal Constitucional. Indicó que las comunidades de regantes deben «defender la agricultura y la necesidad de agua en una región que, con una dotación suficiente, puede ser la más rentable de España». El secretario general de UGT en Murcia, Antonio López Baños, afirmó que el recurso «tiene poco futuro» aunque haya sido admitido a trámite, ya que «la soberanía popular ha decidido otra cosa» y el Congreso de los Diputados «va a aprobar una nueva ley del Plan Hidrológico». Añadió que, «aunque ese recurso prosperará, si la nueva ley la votan la mayoría de los diputados contra eso no cabe ningún tipo de recurso, porque eso es la democracia». El conseller valenciano de Infraestructuras, José Ramón García Antón, se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional también admitirá a trámite el recurso presentado por el Gobierno de la Generalitat contra el decreto de derogación del trasvase del Ebro. Calificó de «muy buena noticia para los valencianos» esa admisión, porque la Generalitat ha presentado uno «muy similar» al de Murcia. «No había motivos de urgencia».