Bruselas pide una reunión al Gobierno sobre el trasvase Júcar-Vinalopó
Vie, 08/10/2004
La comisaria Margot Wallström anunció ayer que ha pedido al Gobierno español una reunión técnica para evaluar el cumplimiento de las condiciones medioambientales que impuso la Comisión Europea para financiar el trasvase Júcar-Vinalopó. El eurodiputado del Grupo Verde David Hammerstein pidió la suspensión de la subvención hasta revisar la obra, y el socialista Joan Calabuig apoyó que se vigile que cumple las condiciones.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el pasado julio un informe que obliga a la Comisión Europea a revisar su apoyo financiero de 80 millones de euros al trasvase Júcar-Vinalopó. El informe fue la respuesta a las quejas recibidas contra el proyecto impulsado por el PP, ya en obras y que ahora será de nuevo objeto de análisis en una reunión técnica que evaluará si el Gobierno español puede cumplir las condiciones de la Comisión Europea.
La comisaria compareció ante esta comisión de la Eurocámara para hacer balance de su gestión como responsable europea de Medio Ambiente y responder a varias cuestiones planteadas en relación con el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase al Vinalopó. Derogada ya la transferencia del Ebro, la comisaria se limitó a constatar este hecho antes de manifestar que prestará especial atención a los impactos de las desaladoras. En relación con el trasvase al Vinalopó, Calabuig pidió conocer la posición de la comisaria, mientras que Hammerstein solicitó que se suspendan los pagos de la ayuda hasta que exista 'absoluta certeza' de que se cumplen las condiciones impuestas por la propia Dirección General de Medio Ambiente, que dio su visto bueno a cambio de que se garantice el caudal ecológico del Júcar, se respete la directiva marco del agua y no se compense la merma de reservas con agua del Ebro.
Wallström anunció que ya ha pedido al Gobierno socialista una comisión técnica para concretar el cumplimiento de esas condiciones y manifestó que mantendrá una actitud 'vigilante' frente al proyecto. Si el Ejecutivo aportara nuevos datos que cuestionaran los requisitos, Bruselas se vería obligada a emitir un informe negativo. El Gobierno, por su parte, ya ha creado una comisión para determinar la viabilidad del trasvase.
Hammerstein aplaudió la celebración de una nueva reunión técnica, que se realizará en breve y analizará 'nuevos datos', y reiteró que debe suspenderse la financiación. Calabuig defendió que la obra no se paralice de momento y se establezca 'una vigilancia y evaluación de las condiciones'. El PP solicitó que se mantenga el proyecto
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el pasado julio un informe que obliga a la Comisión Europea a revisar su apoyo financiero de 80 millones de euros al trasvase Júcar-Vinalopó. El informe fue la respuesta a las quejas recibidas contra el proyecto impulsado por el PP, ya en obras y que ahora será de nuevo objeto de análisis en una reunión técnica que evaluará si el Gobierno español puede cumplir las condiciones de la Comisión Europea.
La comisaria compareció ante esta comisión de la Eurocámara para hacer balance de su gestión como responsable europea de Medio Ambiente y responder a varias cuestiones planteadas en relación con el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase al Vinalopó. Derogada ya la transferencia del Ebro, la comisaria se limitó a constatar este hecho antes de manifestar que prestará especial atención a los impactos de las desaladoras. En relación con el trasvase al Vinalopó, Calabuig pidió conocer la posición de la comisaria, mientras que Hammerstein solicitó que se suspendan los pagos de la ayuda hasta que exista 'absoluta certeza' de que se cumplen las condiciones impuestas por la propia Dirección General de Medio Ambiente, que dio su visto bueno a cambio de que se garantice el caudal ecológico del Júcar, se respete la directiva marco del agua y no se compense la merma de reservas con agua del Ebro.
Wallström anunció que ya ha pedido al Gobierno socialista una comisión técnica para concretar el cumplimiento de esas condiciones y manifestó que mantendrá una actitud 'vigilante' frente al proyecto. Si el Ejecutivo aportara nuevos datos que cuestionaran los requisitos, Bruselas se vería obligada a emitir un informe negativo. El Gobierno, por su parte, ya ha creado una comisión para determinar la viabilidad del trasvase.
Hammerstein aplaudió la celebración de una nueva reunión técnica, que se realizará en breve y analizará 'nuevos datos', y reiteró que debe suspenderse la financiación. Calabuig defendió que la obra no se paralice de momento y se establezca 'una vigilancia y evaluación de las condiciones'. El PP solicitó que se mantenga el proyecto