Los usuarios deberán pagar un 7% más de media en los recibos del agua a partir del próximo año por la creación de una tasa que nace con carácter de tributo ecológico. El tipo impositivo será de seis céntimos por metro cúbico de agua consumido.En las localidades donde ahora se cobre más por el agua, la subida podría ser inferior al 7% y, en cambio, donde se esté cobrando menos, el incremento será mayor. La futura Ley de Aguas, cuyo proyecto fue aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno, establece este canon para financiar las obras hidráulicas.
La recaudación también se destinará a reparar los daños ambientales que la extracción, uso y contaminación del agua causa en el medio natural.El canon contribuirá a que la sociedad se conciencie de que el agua es un bien escaso y permitirá ajustar mejor el precio que se paga en el recibo con el valor real del recurso.
El proyecto de ley de Aguas, será remitido al Parlamento en los próximos días para que inicie su tramitación en la Cámara. El objetivo del consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, es que el texto se convierta en ley antes de que concluya la actual legislatura. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, tiene previsto agotar su mandato y celebrar las elecciones autonómicas en mayo o en el mes de junio.
Con la creación de este canon y su definitiva aplicación cuando se apruebe la ley, el departamento cumple con lo que marca la directiva europea sobre el agua y se adelanta al menos dos años a la obligatoriedad de instaurarlo, fijado por la Unión Europea para 2007. 'Que nadie crea', advirtió ayer el consejero durante la presentación del anteproyecto, 'que nos estamos inventando un impuesto'. 'Lo único que hacemos es adelantarnos a lo que marca la UE'. La comunidad autónoma será la primera de España en tener este canon, aunque ya viene siendo aplicado en varios países europeos.
El nuevo canon aparecerá reflejado directamente en el recibo que cada dos meses deben abonar los usuarios por el consumo de agua. Dependiendo de donde viva cada ciudadano y lo que le estén cobrando por metro cúbico de agua, el aumento podría superar la media del 7% o ser inferior. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Vitoria cobra 0,7 euros por metro cúbico de agua consumida, con lo que la subida en la factura será de un 8,5%. En el caso del Ayuntamiento de San Sebastiánm que cobra 0,8 euros por cúbico, el incremento se aproximará al 7,5%. Los usuarios de la Mancomunidad de Txingudi, que es una de las que más caras cobra el agua (1,1 euro por metro cúbico) verán cómo la factura sube menos que en otra zonas: un 5,4%. El metro cúbico de agua suministrada por el Consorcio Bilbao-Bizkaia le cuesta al consumidor un euro, por lo que el incremento rondará un 6%.
Si el consumo medio de agua de una familia vizcaína es de 0,6 metros cúbicos al día, lo que al final de año representaría un desembolso de 219 euros, a partir de la entrada en vigor de la ley a esa cantidad habrá que sumarle otros 13,14 anuales por el tributo ecológico.
El canon será recaudado por los suministradores, pero su aplicación y destino final dependerá de la Agencia Vasca del Agua, el nuevo organismo que crea la ley. La previsión del Departamento de Medio Ambiente es recaudar en torno a 14 millones de euros anuales.
Agencia del Agua
En la actualidad, los suministradores (mancomunidades y consorcios) cobran de manera diferente a sus usuarios el metro cúbico de agua. Eso se debe que unos imputan en el recibo más costes del servicio, como el Consorcio Bilbao-Bizkaia, que otros. La futura ley obligará a homogeneizar todas las tasas que abonan los ciudadanos en los tres territorios históricos.
La Agencia Vasca del Agua es la otra gran novedad del anteproyecto. Creará la policía de aguas y se encargará de coordinar la gestión hidráulica en la comunidad autónoma, una actividad que en la actualidad desarrollan por separado el Gobierno vasco, las tres diputaciones y las mancomunidades. Esa coordinación exigirá aglutinar las competencias que en materia de obras hidráulicas ostentan las diputaciones y el Gobierno. La cesión de las competencias de las diputaciones conllevará la modificación de la Ley de Territorios Históricos (LTH). Vizcaya y Guipúzcoa (gobernadas por el PNV) se han mostrado conformes, pero Álava (en manos del PP) se opone. Con este panorama, lo más probable es que se produzca un conflicto competencial entre Álava y el Gobierno