La factura del agua se verá incrementada con un nuevo tributo ecológico
Jue, 07/10/2004
El proyecto de ley de Agua fija un canon de seis céntimos de euro por mil litros de agua La recaudación será para recuperación ambiental
BELÉN ELGUEA./DV. VITORIA
Unos visitantes observan la presa del embalse alavés de Ullibarri, con el aliviadero descargando agua. [JOSU TXABARRI]
LEY DE AGUA
Objetivos: Incorporar la legislación europea y ordenar la administración hidráulica en la CAV.
Agencia Vasca del Agua: Nuevo ente público que aglutina las competencias en obras públicas que no sean de interés general. Planificación hidrológica, gestión de autorizaciones y concesiones, inspección, control y sanciones.
Tributo ecológico: Tributo autonómico destinado a reparar los daños ambientales.
Sanciones: La ley establece tres tipos de infracción y obliga a reponer los daños ocasionados a su estado original al tiempo que establece sanciones de hasta 30.000 euros para las afecciones leves, de entre 30.000 y 300.000 para las graves y de 300.000 a 600.000 para las infracciones muy graves.
El agua es un recurso natural limitado y sus consumidores deben pagar sus costes. Esta es la filosofía de la directiva marco europea que ha sido plasmada en el proyecto de Ley de Agua aprobado el pasado martes por el Gobierno Vasco y que debe pasar ahora el trámite parlamentario.
El texto busca un equilibrio entre el consumo de agua y su preservación para lo cual establece una serie de medidas proteccionistas como la implantación de un tributo ecológico, novedoso en el resto de España pero que, a partir de 2007, será obligatorio tal y como establece la legislación europea. El nuevo canon, que se incorporará a la factura del agua cuando la ley sea aprobada, será de 0,06 euros por cada metro cúbico, es decir, seis céntimos por cada mil litros de agua consumida.
Serán las sociedades anónimas, consorcios y entes suministradores lo que se encarguen de recaudar el nuevo canon a través de los recibos, si bien, será un órgano nuevo denominado Agencia Vasca del Agua, el encargado de gestionar los cerca de 14 millones de euros al año que el Gobierno Vasco estima recaudar con este nuevo tributo, cuyo principal objetivo será, además de conseguir un uso más racional del agua, financiar las obras de recuperación ambiental.
Para el consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, que ayer presentó el proyecto de ley acompañado de la directora de Aguas, Ana Oregi y del viceconsejero de Medio Ambiente, Iñaki Ezkurra, las medidas incorporadas supondrán «un paso adelante en la decidida apuesta del País Vasco por el desarrollo sostenible» ya que «mejorará sustancialmente los cauces de nuestros ríos y la calidad del agua».
Homogeneizar tarifas
La futura ley obligará a todas las administraciones competentes a repercutir en el precio del agua todos sus costes, incluido el ambiental. De esta manera, se pretende la homogeneización de las tarifas que deberá materializarse en el año 2007, tres años antes de lo que establece la legislación europea, poniendo fin a las diferencias entre localidades o comarcas en el precio del agua ya que mientras unas repercuten los costes de inversión y mantenimiento, otras no lo hacen.
«La situación es dispar en los distintos consorcios y la ley preve que se produzca una equiparación», reconoció Iñaki Ezkurra, que consideró que el tributo ecológico es «una parte poco significativa de la factura que, en el futuro, nos va a permitir actuar».
Además, el proyecto de ley contempla la obligatoriedad de cuantificar todos los consumos de agua lo que implicará que todos los consumidores deberán instalar un contador en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley. Esta novedad afecta especialmente a los titulares de concesiones como agricultores e industrias que toman directamente el agua de ríos o fuentes.
El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno, dedica uno de sus nueve capítulos a la disciplina hidráulica, al regular los distintos tipos de infracciones, sanciones y procedimientos para su gestión. En el documento se tipifican tres clases de infracciones, leves, graves o muy graves, en función de las afecciones y de los daños producidos al medio ambiente. La ausencia de permiso o autorización para realizar un vertido, dentro de los parámetros permitidos, podría ser una infracción leve mientras que una invasión del cauce y un vertido no regulado podrían entrar en la tipología de grave o muy grave.
Además de las sanciones, que oscilan entre los 30.000 y las 600.000 euros, el proyecto de ley introduce como novedad la obligación de que los infractores repongan los daños ocasionados a su estado original.
De igual manera, el proyecto de ley dedica un apartado a las obras hidráulicas.
Diez años después
El proyecto de ley elaborado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco llega al Parlamento diez años después de que el Ejecutivo español transfiriera la competencia en materia de agua a la Comunidad Autónoma Vasca.
La falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas, instituciones y organismos con competencia en materia de agua ha impedido que otros consejeros de distinto signo político como José Antonio Maturana (PSE-EE), Patxi Ormazabal (EA) o Álvaro Aman (PNV) pudieran presentar una ley integral del agua ya que, en algunos aspectos competenciales, chocaba con los intereses de las diputaciones forales.
En ese sentido, Sabin Intxaurraga se mostró ayer satisfecho por el consenso logrado al tiempo que agradeció las aportaciones y el esfuerzo de todas las administraciones implicadas. De igual manera, se mostró confiado en que la Cámara Vasca tramite y apruebe la ley en esta legislatura.
«Nos ha costado pero es una ley moderna y ambientalista que incorpora a nuestro país todas las normas que implica la directiva marco europea con años de antelación», manifestó el consejero quien reconoció que la ley es «más exigente» y «garantiza el desarrollos sostenible».
BELÉN ELGUEA./DV. VITORIA
Unos visitantes observan la presa del embalse alavés de Ullibarri, con el aliviadero descargando agua. [JOSU TXABARRI]
LEY DE AGUA
Objetivos: Incorporar la legislación europea y ordenar la administración hidráulica en la CAV.
Agencia Vasca del Agua: Nuevo ente público que aglutina las competencias en obras públicas que no sean de interés general. Planificación hidrológica, gestión de autorizaciones y concesiones, inspección, control y sanciones.
Tributo ecológico: Tributo autonómico destinado a reparar los daños ambientales.
Sanciones: La ley establece tres tipos de infracción y obliga a reponer los daños ocasionados a su estado original al tiempo que establece sanciones de hasta 30.000 euros para las afecciones leves, de entre 30.000 y 300.000 para las graves y de 300.000 a 600.000 para las infracciones muy graves.
El agua es un recurso natural limitado y sus consumidores deben pagar sus costes. Esta es la filosofía de la directiva marco europea que ha sido plasmada en el proyecto de Ley de Agua aprobado el pasado martes por el Gobierno Vasco y que debe pasar ahora el trámite parlamentario.
El texto busca un equilibrio entre el consumo de agua y su preservación para lo cual establece una serie de medidas proteccionistas como la implantación de un tributo ecológico, novedoso en el resto de España pero que, a partir de 2007, será obligatorio tal y como establece la legislación europea. El nuevo canon, que se incorporará a la factura del agua cuando la ley sea aprobada, será de 0,06 euros por cada metro cúbico, es decir, seis céntimos por cada mil litros de agua consumida.
Serán las sociedades anónimas, consorcios y entes suministradores lo que se encarguen de recaudar el nuevo canon a través de los recibos, si bien, será un órgano nuevo denominado Agencia Vasca del Agua, el encargado de gestionar los cerca de 14 millones de euros al año que el Gobierno Vasco estima recaudar con este nuevo tributo, cuyo principal objetivo será, además de conseguir un uso más racional del agua, financiar las obras de recuperación ambiental.
Para el consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, que ayer presentó el proyecto de ley acompañado de la directora de Aguas, Ana Oregi y del viceconsejero de Medio Ambiente, Iñaki Ezkurra, las medidas incorporadas supondrán «un paso adelante en la decidida apuesta del País Vasco por el desarrollo sostenible» ya que «mejorará sustancialmente los cauces de nuestros ríos y la calidad del agua».
Homogeneizar tarifas
La futura ley obligará a todas las administraciones competentes a repercutir en el precio del agua todos sus costes, incluido el ambiental. De esta manera, se pretende la homogeneización de las tarifas que deberá materializarse en el año 2007, tres años antes de lo que establece la legislación europea, poniendo fin a las diferencias entre localidades o comarcas en el precio del agua ya que mientras unas repercuten los costes de inversión y mantenimiento, otras no lo hacen.
«La situación es dispar en los distintos consorcios y la ley preve que se produzca una equiparación», reconoció Iñaki Ezkurra, que consideró que el tributo ecológico es «una parte poco significativa de la factura que, en el futuro, nos va a permitir actuar».
Además, el proyecto de ley contempla la obligatoriedad de cuantificar todos los consumos de agua lo que implicará que todos los consumidores deberán instalar un contador en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley. Esta novedad afecta especialmente a los titulares de concesiones como agricultores e industrias que toman directamente el agua de ríos o fuentes.
El texto, aprobado por el Consejo de Gobierno, dedica uno de sus nueve capítulos a la disciplina hidráulica, al regular los distintos tipos de infracciones, sanciones y procedimientos para su gestión. En el documento se tipifican tres clases de infracciones, leves, graves o muy graves, en función de las afecciones y de los daños producidos al medio ambiente. La ausencia de permiso o autorización para realizar un vertido, dentro de los parámetros permitidos, podría ser una infracción leve mientras que una invasión del cauce y un vertido no regulado podrían entrar en la tipología de grave o muy grave.
Además de las sanciones, que oscilan entre los 30.000 y las 600.000 euros, el proyecto de ley introduce como novedad la obligación de que los infractores repongan los daños ocasionados a su estado original.
De igual manera, el proyecto de ley dedica un apartado a las obras hidráulicas.
Diez años después
El proyecto de ley elaborado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco llega al Parlamento diez años después de que el Ejecutivo español transfiriera la competencia en materia de agua a la Comunidad Autónoma Vasca.
La falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas, instituciones y organismos con competencia en materia de agua ha impedido que otros consejeros de distinto signo político como José Antonio Maturana (PSE-EE), Patxi Ormazabal (EA) o Álvaro Aman (PNV) pudieran presentar una ley integral del agua ya que, en algunos aspectos competenciales, chocaba con los intereses de las diputaciones forales.
En ese sentido, Sabin Intxaurraga se mostró ayer satisfecho por el consenso logrado al tiempo que agradeció las aportaciones y el esfuerzo de todas las administraciones implicadas. De igual manera, se mostró confiado en que la Cámara Vasca tramite y apruebe la ley en esta legislatura.
«Nos ha costado pero es una ley moderna y ambientalista que incorpora a nuestro país todas las normas que implica la directiva marco europea con años de antelación», manifestó el consejero quien reconoció que la ley es «más exigente» y «garantiza el desarrollos sostenible».