Barreda asegura que cuando se trasvasa agua del río Tajo al Segura no se está pasando agua de la España húmeda a la España seca, sino de la España seca a la España seca.

J. Sánchez
Toledo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convertido al trasvase Tajo-Segura en el estandarte de su lucha contra lo que su presidente, José María Barreda, considera una discriminación de carácter histórico respecto a las comunidades autónomas que reciben las aguas de esta infraestructura construida durante la dictadura franquista.
El principal argumento defendido por Barreda es que el crecimiento económico de la región castellanomanchega se está viendo cercenado, al no recibir ni una sóla gota del aprovechamiento de las aguas de un río que recorre casi 290 kilómetros de la comunidad autónoma. Según afirmaba recientemente, ' cuando se trasvasa agua del río Tajo al Segura no se está pasando agua de la España húmeda a la España seca, sino de la España seca a la España seca' .
Por este motivo, desde Castilla-La Mancha se está exigiendo una participación en el caudal de este trasvase, que permita el abastecimiento y los regadíos de Albacete, La Manchuela, la Mancha Baja, el Corredor del Henares, la comarca de La Sagra y los pueblos de la provincia de Cuenca, zonas todas ellas necesitadas de agua para afrontar su crecimiento económico.
De esta forma, se daría el paso previo para la futura derogación de esta infraestructura, ' que tiene fecha de caducidad' , en palabras del propio Barreda, ya que éste es su gran objetivo, sobre todo tras la decisión del Gobierno central de desechar el trasvase del río Ebro para solucionar la escasez de agua en el Levante español, tal y como se contemplaba en el borrador del Plan Hidrológico Nacional.
La región de Murcia se ha opuesto desde un principio a cualquier tipo de modificación en el actual sistema de distribución del agua procedente de este trasvase, dado que es la principal beneficiaria de los 600 hectómetros cúbicos establecidos como límite a trasvasar cada año entre ambas cuencas. Así lo ha anunciado en varias ocasiones el presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, asegurando que el trasvase está amparado por la legislación, una opinión que también es compartida por el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien recientemente sentenciaba que ' vamos a impedir que se nos lleve el trasvase del Tajo' .
Para entender ambas posturas hay que tener en cuenta que son cerca de 70.000 los agricultores que utilizan este agua para regar sus campos y alrededor de dos millones de personas las que beben del trasvase.
Como contrapunto, la asociación Adena publicó un estudio en el que se indicaba que existe un desfase de 113 hectómetros cúbicos entre las aguas trasvasadas en los años 1999, 2000 y 2001 y las que se han usado realmente en el riego para la cuenca del Segura, circunstancia ésta a la que hay que sumarle las pérdidas en el transporte del 15% del agua trasvasada.