El altruismo tiene su coste. Una normativa de la Unión Europea obliga a depurar desde finales del próximo año las aguas residuales de las localidades de un determinado tamaño, pero en Aragón se fue más allá y en el plan aprobado en 2001 se bajó el listón a la mitad de la población. La consecuencia directa es que, de pronto, el año que viene hay que construir nada menos que 172 nuevas depuradoras (ahora hay unas 30 en funcionamiento), y el precio estimado asciende a 250 millones de euros (más de 41.000 millones de las antiguas pesetas).

Semejante gasto desborda la capacidad del Ejecutivo aragonés y además el principio de recuperación de costes establecido en la UE obliga a repercutir esas inversiones en los usuarios a través del canon de saneamiento. De esta forma, el recibo del agua de los aragoneses subirá prácticamente al doble el año que viene. Si ahora una familia de tres miembros viene a pagar unos 54 euros al año de media, a partir del próximo verano tendrán que desembolsar 104 euros.

El incremento no se quedará ahí, porque en sucesivos ejercicios se prevén nuevas subidas más progresivas hasta llegar en 2010 a 150 euros al año (el triple que ahora). Al igual que ocurre con los usos domésticos, los industriales también verán incrementadas las tarifas que se pagan en la actualidad.

Salvo en Zaragoza capital, donde hay un régimen especial, la medida afectará a todos los aragoneses. Actualmente se da la paradoja de que vecinos de localidades con depuradora como Sabiñánigo pagan el canon de saneamiento, mientras otros municipios beneficiados aguas abajo como Caldearenas se ahorran ese dinero por carecer de tales instalaciones.

Pero eso se va a acabar. A partir del 1 de julio de 2005, la DGA pretende cobrar el canon de saneamiento a todos los municipios de la Comunidad para repartir los costes de forma solidaria, si bien los que no tengan terminada su depuradora contarán con una bonificación del 50 %. Sin este reparto con una tarifa común para todo Aragón (salvo Zaragoza capital), las localidades pequeñas no podrían afrontar el gasto de construcción y mantenimiento de su depuradora (aunque lo asuma la DGA, es competencia municipal).

Con la generalización del canon de saneamiento -un tributo ecológico implantado en enero de 2002-, el Instituto Aragonés del Agua espera incrementar sus ingresos de los 6,5 millones de euros de este año a los 11 millones, según las previsiones presupuestarias para 2005.

Los nuevos ingresos no se destinarán directamente a pagar las 172 depuradoras previstas en el plan especial que se pone en marcha. El dinero irá a una "bolsa" general destinada a financiar todas las actuaciones de depuración, tanto de mantenimiento como para otras plantas ya en construcción o que están previstas con otras fuentes de financiación, como las 25 a las que se comprometió el Gobierno central al declarar de "interés general" la depuracion de los ríos pirenáicos, de las que sólo están hechas las de Jaca y Sabiñánigo.

Las 172 plantas específicas de Aragón saldrán a concurso de construcción y explotación tan pronto se acaben de redactar los proyectos correspondientes. Las adjudicatarias correran con los gastos de construcción, que repercutirán después a la DGA, junto a los gastos de mantenimiento y el beneficio industrial, en las tarifas que se establezcan según el número de años de concesión, que aún no está determinado.

Por otra parte, el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, también esta decidido a cumplir una resolución de las Cortes donde se reclama instalar contadores de agua en el centenar de muncipios que aún no lo tienen. Aunque esos municipios ya pagan el canon de saneamiento a la DGA, la falta de contadoers ha hecho perder a veces fondos europeos para otras obras como potabilizadoras