Barcelona, 29 sep (EFE).- La organización ecologista Greenpeace estará presente en la comisión de seguimiento de los vertidos de Ercros al Ebro creada por el ministerio de Medio Ambiente, donde trabajará para que la empresa "no vuelva a eludir las sanciones".
Así lo ha anunciado hoy la organización en un comunicado en que pone de manifiesto que Ercros ha sido sometida a múltiples procesos judiciales en los que siempre ha conseguido eludir sus responsabilidades.
En este sentido, el responsable de la campaña de aguas de Greenpeace, Julio Barea, ha manifestado que "tras décadas contaminando el Ebro, múltiples denuncias y juicios, Ercros ha seguido envenenando impunemente las aguas del río. La empresa no puede seguir eludiendo por más tiempo la justicia y sus responsabilidades".
Ya en el año 1993, Greenpeace elaboró un informe en colaboración con la Universidad de Exeter (Reino Unido), donde se ponía de manifiesto la gravedad de los vertidos tóxicos que la empresa realizaba al río Ebro en el embalse de Flix (Tarragona).
Entre los compuestos químicos analizados destacaban por sus elevadas concentraciones productos altamente nocivos para la salud humana y el medioambiente como los PCB y el DDT, según explica Greenpeace.
Además, la Fiscalía de Tarragona había iniciado un proceso penal por delito ecológico contra los responsables de dicha empresa, que tras ser paralizado más de dos años por Ercros mediante, a juicio de Greenpeace, maniobras dilatorias, acabó con una sentencia condenatoria para los directivos.
Otro de los procedimientos contra Ercros, esta vez en el Juzgado de Instrucción número 1 de Falset (Tarragona), es consecuencia de un informe emitido en el año 2001 por los Mossos, en que se denunciaba el vertido de importantes cantidades de mercurio y lodos por los colectores de desagüe de la planta, que aún está pendiente de resolución.
Sin embargo, para Greenpeace, a raíz de los nuevos datos aportados por el informe del CSIC y de la UAB se deberían continuar depurando las responsabilidades de esta empresa.
"El último informe del CSIC tiene suficiente contundencia para que los servicios jurídicos de las administraciones exijan el cumplimiento de la normativa vigente en la materia de agua y la sanción correspondiente contra los autores, ha apuntado Barea. EFE.