El Consejo Superior de Cámaras de Comercio formuló ayer una serie de alegaciones a los documentos que el Gobierno central presentó al Consejo Nacional del Agua, en su última reunión del pasado 13 de septiembre.
Las alegaciones, que fueron presentadas por el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Pedro Garcia-Balibrea, quien a su vez es vocal del Consejo Nacional del Agua en representación del Consejo Superior de Cámaras, se basan en argumentos que "en buena parte de los casos ya han sido debatidos y tratados en la Plataforma del Agua de la Región de Murcia".
El "olvido" de las aguas subterráneas, la "arbitrariedad" en la corrección de los costes reales, basándose en la productividad del agua en cada zona, y el "intervencionismo absoluto" en la actividad de desalación, son algunas de las principales objeciones que se señalan en el documento de alegaciones, según indicaron fuentes de la Cámara de Comercio de Murcia.
Asimismo, las alegaciones subrayan "el contrasentido de afirmar la falta de evaluación de las necesidades reales de agua, cuando los diversos planes de cuenca establecen adecuadamente el déficit hídrico de las cuencas mediterráneas".
Según el documento de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, las propuestas del Ministerio de Medio Ambiente para la reforma de la Ley del Aguas conllevarían "repercusiones en el urbanismo y la ordenación del territorio, invadiendo otras competencias administrativas".
Todo ello hace pensar "que el conjunto de propuestas de reforma de la Ley de Aguas tiene su objetivo en las cuencas secas del Mediterráneo y, fundamentalmente, en la del Segura, pero no para resolver el problema del déficit, sino para justificar la medida adoptada de derogación del trasvase del Ebro", añade.
Igualmente, apunta que el ministerio parte del principio de recuperación de costes, por lo que "podría llegarse a una tarifa discrecional", por la cual las cuencas secas "van a seguir pagando a un precio muy superior a la actual", mientras que en las húmedas "no se va a pagar", pues no lo hacen actualmente.
Esta "discrecionalidad absoluta por parte de la Administración" podría "contribuir negativamente al desarrollo económico", advierte el texto de las alegaciones.
Respecto al control de los caudales consumidos, las Cámaras de Comercio animan al Ministerio de Medio Ambiente a que aplique las medidas de control en todas las cuencas, "pero fundamentalmente donde ahora no se aplica, o sea, una vez más en las cuencas húmedas, donde se produce el despilfarro que van a combatir, y donde no se cobra el agua (con dotaciones de riego de 10.000 a 15.000 m3/hectárea)".
En cuanto a la memoria ambiental comparativa entre las actuaciones urgentes en las cuencas mediterráneas y la alternativa al PHN, la alegación asegura que "parte de conceptos y bases erróneas, bien por desconocimiento de las soluciones, bien por ocultación y tergiversación dirigida y, en cualquier caso, incluye una cantidad importante de juicios arbitrarios".
También se critica que se recojan "afirmaciones que pueden calificarse de graves, cuando no de gratuitas o malintencionadas", e incluso otras "no sólo falsas, sino tendenciosas", como cuando en la memoria ambiental se argumenta que la opción del trasvase no cuantifica pérdida alguna.
Finalmente, y entre otras consideraciones, el documento de alegaciones se suma a las propuestas formuladas por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, así como hace suya las de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia