Critica que el órgano que aprueba los trasvases «tenga más en cuenta los intereses del Segura que los del Tajo» Insisten en que la Región pueda usar el agua del acueducto para satisfacer sus necesidades
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MEJOR GESTIÓN. Trasvase Tajo-Segura. / LA VERDAD
El Gobierno de Castilla-La Mancha exigió un cambio en la gestión de la política hidráulica y reformas en las confederaciones hidrográficas, ya que son organismos «absolutamente obsoletos» que no sirven para gestionar un recurso tan importante como el agua en la España del Estado de las Autonomías.

Así lo dijo ayer el consejero de Presidencia, Máximo Díaz-Cano, quien reiteró el rechazo del Gobierno de Castilla-La Mancha al trasvase de 114 hectómetros aprobado el lunes por la Comisión de Explotación del Tajo-Segura y lo tachó de «inadmisible», porque dos tercios de la derivación irán a parar a «regadíos y campos de golf» sin tener en cuenta las necesidades de la cuenca cedente.

Pero además, el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que no es admisible que, en el Estado de las Autonomías, una decisión como la aprobación de este trasvase se adopte en un órgano constituido por técnicos y donde priman más los intereses de otras cuencas, como la del Segura, que los del territorio y la propia cuenca de donde parte el agua.

«El trasvase va contra muchas lógicas como la medioambiental, la de la eficiencia de los recursos y contra la lógica del Estado de las Autonomías», reprochó el también portavoz del Gobierno castellano-manchego, quien no entiende que en el órgano donde se aprueban las derivaciones «tengan más fuerza los intereses del Segura que los del propio Tajo».

En su opinión, se deja este tipo de decisiones a órganos «que no tienen la más absoluta ni mínima representatividad de los territorios que componen este país».

Por ello, reclamó la reforma de las confederaciones hidrográficas para que los territorios principalmente afectados tengan la representatividad y la fuerza que les corresponden en la toma de decisiones.

«Es un insulto»

El consejero también aprovechó para poner en entredicho algunos de los argumentos que se han utilizado en varias ocasiones para solicitar derivaciones desde la cabecera del Tajo como el «estrés de las plantas de Murcia», lo que a su juicio es un «insulto a los principios básicos de la solidaridad interterritorial».

Sobre la legalidad de los trasvases, el consejero cree que en este ámbito hay mucho que discutir, entre otras cosas, porque van en contra de la directiva marco de aguas y la ley de aguas estatal y por ello está dispuesto a emprender acciones de todo tipo sin renunciar un ápice a poner fecha de cancelación al trasvase Tajo-Segura.

En este sentido Díaz-Cano recordó que el actual trasvase Tajo-Segura tampoco responde a los planteamientos medioambientales de la actual Directiva Marco de Aguas de la UE y que, como reconoció la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en su comparecencia en el Senado, «hoy en día sería imposible realizar una obra de este tipo».

Mientras esto se produce, el principal reto del Gobierno regional a corto plazo es que Castilla-La Mancha pueda utilizar el agua del acueducto Tajo-Segura para satisfacer sus demandas y necesidades.

Máximo Díaz-Cano hizo estas consideraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que dedicó parte de su reunión de ayer a analizar el trasvase de 114 hectómetros desde la cabecera del Tajo al Segura.