El Gobierno admite que no tiene evaluadas «las necesidades reales de agua» del arco mediterráneo
Jue, 23/09/2004
La ministra Narbona remite al Consejo Nacional del Agua la Memoria Ambiental de su alternativa al trasvase del Ebro, un documento de sólo 19 folios
MADRID. El Ministerio de Medio Ambiente ha enviado ya a los miembros del Consejo Nacional del Agua, quienes en la última reunión el pasado 13 de septiembre reclamaron a la ministra los datos que avalan su plan alternativo al trasvase, un análisis ambiental y algunas consideraciones jurídicas en el que se compara el proyecto de trasvase del Ebro con su alternativa a esta transferencia. Con este documento, que consta de sólo 19 folios y al que ha tenido acceso ABC, el Ministerio pretende justificar sus medidas alternativas al trasvase, lo que han dado en llamar Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) y que suponen aportar 1.063 hectómetros cúbicos a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Sin embargo, en la cuarta línea del primer punto del documento se dice textualmente: «En éste no se evaluán las necesidades reales de agua, cuestión que se considera sería acometida, en su caso, en un contexto futuro de mayor amplitud que permita abordar modularmentre las acciones necesarias sobre los Planes de Cuenca». Pocos párrafos después se contradicen para justificar su plan alternativo y explican que se obtiene el agua «en la cantidad que se requiere» y en «la mayor adaptación a las necesidades territoriales y a las demandas en los diferentes horizontes temporales».
Ocupación y consumo energético
A partir de aquí «comparan» sus actuaciones alternativas y el trasvase a partir de dos aspectos combinados: la ocupación territorial y el movimiento de tierras, y el balance energético y las emisiones de dióxido de carbono. En el primer aspecto se asegura que «hay un claro desequilibrio territorial entre el trasvase, cuyo impacto se ejerce sobre 2.252 hectáreas, y las desaladoras que afectan apenas a 55,89 hectáreas». El dato del trasvase pertenece al proyecto elaborado por Trasagua (Sociedad Estatal para las Infraestructuras del Trasvase), pero el de las desaladoras se calcula «tomando como referencia la planta desaladora de Alicante». A partir de su ocupación y de su producción (1,7 hectáreas para 18 hectómetros cúbicos) calculan cuántas hectáreas ocuparán sus desaladoras por su capacidad de producción.
En el segundo aspecto, el de consumo energético y producción de CO2, el informe reconoce que «el consumo unitario energético de la desalación (4 kWh/m3) es mayor que el del trasvase (3,26 kWh/m3)». Para justificar esta cifra negativa, se asegura que «teniendo en cuenta magnitudes absolutas, es decir, los volúmenes de agua previstos en ambos casos, el consumo energético de la alternativa es significativamente menor». De la misma manera que es menor los 621 hectómetros cúbicos de agua desalada frente a 1.000 hectómetros cúbicos de agua que se iban a trasvasar desde el Ebro. La cifra es 1.000 porque en el proyecto del trasvase se contabilizan en destino, frente a los 1.050 en origen, a pesar de que en este informe se señala que «sorprendentemente la opción trasvase no cuantifica pérdida alguna».
Además, a estas cifras obtenidas relativas al consumo energético el informe considera que habría que sumarle otros consumos: «Los consumos energéticos derivados de las obras de infraestructura para la realización del trasvase». Cita, entre otros, fabricar hormigón y otros materiales de construcción, los consumos de las instalaciones de bombeo, los costes de la energía para actividades de mantenimiento, la de toda la maquinaria usada y la energía consumida para la distribución al usuario final. Y concluye: «Parece evidente que el consumo energético integrado de esta primera opción, sería bastante más elevado que la opción de las desaladoras».
Además de no tener en cuenta en ningún momento la propia energía que generan los bombeos del trasvase, no calcula en ningún caso estos mismos consumos que lógicamente tiene la construcción de las desaladoras y el traslado del agua a sus puntos de destino. Es más, se apoya en que «algunas desaladoras que prevé el plan están aprovechando infraestructuras ya existentes», pero no se cita que en el trasvase del Ebro, según el proyecto de Trasagua, 432 kilómetros, es decir, el 47 por ciento del total del trazado, son conducciones o corredores ya utilizados.
En cuanto al problema de los vertidos de salmuera de las desaladoras, este apartado incluye algunas soluciones «perfectamente viables técnica y económicamente y no son grandes consumidoras de energía». Los cálculos de consumo de energía de estas propuestas no aparecen en el documento.
En este documento, que es en buena parte una memoria ambiental, se reconoce que no se ha realizado ningún estudio sobre los efectos de las desaladoras en espacios y especies protegidas. Lo único que se dice es que «habría que considerar en su momento, respecto a las líneas de alta tensión que se establezcan, su posible afección a aves, etc...».
Los dos últimos folios recogen algunas consideraciones jurídicas sobre la directiva de impacto ambiental. Se trata de justificar que no hace falta una Evaluación Estratégica Ambiental, que la directiva considera necesaria para proyectos, planes o programas que puedan afectar a espacios protegidos. Y lo hacen de dos formas. Una: se trata de proyectos concretos y «en ningún caso de un Plan Hidrológico alternativo» y tampoco de un plan o un programa (se llama Programa A.G.U.A.); por lo que sólo haría falta la Declaración de Impacto Ambiental de cada uno de los proyectos por separado. Dos: como la directiva no entró en vigor hasta el pasado 21 de julio, y el real decreto donde se recogen estas actuaciones se entiende como «un acto preparatorio» anterior a esa fecha, «lo excepcionaría de la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica».
MADRID. El Ministerio de Medio Ambiente ha enviado ya a los miembros del Consejo Nacional del Agua, quienes en la última reunión el pasado 13 de septiembre reclamaron a la ministra los datos que avalan su plan alternativo al trasvase, un análisis ambiental y algunas consideraciones jurídicas en el que se compara el proyecto de trasvase del Ebro con su alternativa a esta transferencia. Con este documento, que consta de sólo 19 folios y al que ha tenido acceso ABC, el Ministerio pretende justificar sus medidas alternativas al trasvase, lo que han dado en llamar Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) y que suponen aportar 1.063 hectómetros cúbicos a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Sin embargo, en la cuarta línea del primer punto del documento se dice textualmente: «En éste no se evaluán las necesidades reales de agua, cuestión que se considera sería acometida, en su caso, en un contexto futuro de mayor amplitud que permita abordar modularmentre las acciones necesarias sobre los Planes de Cuenca». Pocos párrafos después se contradicen para justificar su plan alternativo y explican que se obtiene el agua «en la cantidad que se requiere» y en «la mayor adaptación a las necesidades territoriales y a las demandas en los diferentes horizontes temporales».
Ocupación y consumo energético
A partir de aquí «comparan» sus actuaciones alternativas y el trasvase a partir de dos aspectos combinados: la ocupación territorial y el movimiento de tierras, y el balance energético y las emisiones de dióxido de carbono. En el primer aspecto se asegura que «hay un claro desequilibrio territorial entre el trasvase, cuyo impacto se ejerce sobre 2.252 hectáreas, y las desaladoras que afectan apenas a 55,89 hectáreas». El dato del trasvase pertenece al proyecto elaborado por Trasagua (Sociedad Estatal para las Infraestructuras del Trasvase), pero el de las desaladoras se calcula «tomando como referencia la planta desaladora de Alicante». A partir de su ocupación y de su producción (1,7 hectáreas para 18 hectómetros cúbicos) calculan cuántas hectáreas ocuparán sus desaladoras por su capacidad de producción.
En el segundo aspecto, el de consumo energético y producción de CO2, el informe reconoce que «el consumo unitario energético de la desalación (4 kWh/m3) es mayor que el del trasvase (3,26 kWh/m3)». Para justificar esta cifra negativa, se asegura que «teniendo en cuenta magnitudes absolutas, es decir, los volúmenes de agua previstos en ambos casos, el consumo energético de la alternativa es significativamente menor». De la misma manera que es menor los 621 hectómetros cúbicos de agua desalada frente a 1.000 hectómetros cúbicos de agua que se iban a trasvasar desde el Ebro. La cifra es 1.000 porque en el proyecto del trasvase se contabilizan en destino, frente a los 1.050 en origen, a pesar de que en este informe se señala que «sorprendentemente la opción trasvase no cuantifica pérdida alguna».
Además, a estas cifras obtenidas relativas al consumo energético el informe considera que habría que sumarle otros consumos: «Los consumos energéticos derivados de las obras de infraestructura para la realización del trasvase». Cita, entre otros, fabricar hormigón y otros materiales de construcción, los consumos de las instalaciones de bombeo, los costes de la energía para actividades de mantenimiento, la de toda la maquinaria usada y la energía consumida para la distribución al usuario final. Y concluye: «Parece evidente que el consumo energético integrado de esta primera opción, sería bastante más elevado que la opción de las desaladoras».
Además de no tener en cuenta en ningún momento la propia energía que generan los bombeos del trasvase, no calcula en ningún caso estos mismos consumos que lógicamente tiene la construcción de las desaladoras y el traslado del agua a sus puntos de destino. Es más, se apoya en que «algunas desaladoras que prevé el plan están aprovechando infraestructuras ya existentes», pero no se cita que en el trasvase del Ebro, según el proyecto de Trasagua, 432 kilómetros, es decir, el 47 por ciento del total del trazado, son conducciones o corredores ya utilizados.
En cuanto al problema de los vertidos de salmuera de las desaladoras, este apartado incluye algunas soluciones «perfectamente viables técnica y económicamente y no son grandes consumidoras de energía». Los cálculos de consumo de energía de estas propuestas no aparecen en el documento.
En este documento, que es en buena parte una memoria ambiental, se reconoce que no se ha realizado ningún estudio sobre los efectos de las desaladoras en espacios y especies protegidas. Lo único que se dice es que «habría que considerar en su momento, respecto a las líneas de alta tensión que se establezcan, su posible afección a aves, etc...».
Los dos últimos folios recogen algunas consideraciones jurídicas sobre la directiva de impacto ambiental. Se trata de justificar que no hace falta una Evaluación Estratégica Ambiental, que la directiva considera necesaria para proyectos, planes o programas que puedan afectar a espacios protegidos. Y lo hacen de dos formas. Una: se trata de proyectos concretos y «en ningún caso de un Plan Hidrológico alternativo» y tampoco de un plan o un programa (se llama Programa A.G.U.A.); por lo que sólo haría falta la Declaración de Impacto Ambiental de cada uno de los proyectos por separado. Dos: como la directiva no entró en vigor hasta el pasado 21 de julio, y el real decreto donde se recogen estas actuaciones se entiende como «un acto preparatorio» anterior a esa fecha, «lo excepcionaría de la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica».