Antes del próximo verano estará listo el proyecto para limpiar los residuos tóxicos y radiactivos acumulados frente a la empresa Erkimia, en el embalse de Flix (Ribera d'Ebre). Así lo aseguró ayer el secretario para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, que presidió ayer en Flix la constitución de la comisión creada para encontrar una solución a los centenares de miles de toneladas de lodos tóxicos amontonados en el río Ebro por Erkimia lo largo de decenas de años junto a su factoría.
Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona, José María Parra, anunció ayer que ha abierto diligencias para 'averiguar qué, cómo, dónde y cuándo' se vertieron estos residuos, que el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cuantifica entre 200.000 y 360.000 toneladas.
Serrano, representante del Ministerio de Medio Ambiente en la citada comisión, añadió que otra comisión creada ayer, formada exclusivamente por científicos y técnicos, aportará un informe según el cual se decidirá la mejor solución para estos residuos.
'La comisión no se decanta por ninguna opción. Sólo ha pedido todas las opiniones posibles', señaló ayer Serrano, designado portavoz de un grupo de trabajo que se reunirá cada tres meses y que está integrado por ocho miembros de instituciones catalanas (Generalitat, Ayuntamiento de Flix, Consejo Comarcal de la Ribera de l'Ebre, Consorcio de Aguas de Tarragona y Consorcio para la Protección Integral del Delta del Ebro) y representantes de Enresa, la Confederación Hidrográfica del Ebro, Acuamed y el Ministerio de Medio Ambiente.
De momento, el único organismo público que se ha pronunciado sobre la solución es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Fuentes de este ente manifestaron a este diario que, desde el punto de vista estrictamente radiológico, la mejor opción es dejarlo todo donde está. 'Nuestro consejo es que cuanto menos se toque, mejor', señala el CSN, que justifica esta propuesta por el riesgo para los trabajadores y por la disolución de contaminantes en el río que comportaría remover la montaña tóxica.
Por ahora, los mismos científicos del CSIC que midieron unos residuos que desde hace décadas se sabía que estaban depositados en el río, han avanzado ya tres posibles soluciones: Confinar esta montaña de residuos bajo un caparazón de hormigón, como se ha realizado en centrales nucleares desmanteladas. Otra, más costosa, pasaría por construir muros de contención junto a los residuos, para minimizar todo lo posible que la corriente y una avenida del río pueda llevarse consigo partículas tóxicas río abajo. Y la tercera, la más costosa, sería desviar el cauce del río, construyendo uno nuevo que empiece antes de Erkimia y empalme de nuevo después de los residuos, para así poder extraerlos y llevarlos a algún vertedero adaptado.
Fondos europeos
Para empezar a trabajar, se cuenta con una provisión de 104 millones de euros que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, espera poder cubrir con fondos europeos. Sin embargo, son varias las voces que exigen que Ercros, actual propietario de la fábrica de Flix, pague parte de los costes de restauración de la zona. CiU, por ejemplo, y la Plataforma en Defensa de la Ribera d'Ebre lo han pedido en público. 'La empresa pagará lo que le corresponda', dijo ayer Serrano, en unas medidas palabras que navegan en la ambigüedad. El Gobierno catalán ya ha dejado claro que, en todo caso, será la fiscalía la que determine si existe responsabilidad civil por parte de Ercros. El fiscal jefe de Tarragona, José María Parra, anunció ayer que las diligencias abiertas ayer podrían incluirse en un expediente contra Ercros en 1992 también por vertidos en Flix, que aún está pendiente de sentencia. La empresa ha argumentado que los residuos tóxicos se acumularon cuando en España no existía legislación que lo prohibiese.
El Gobierno catalán se mostró ayer muy cauto a la hora de evaluar la decisión de la Fiscalía de Tarragona. El portavoz gubernamental, Joaquim Nadal, puntualizó que cualquier opinión sobre este asunto 'no prejuzgaba' nada sobre el resultado final de la investigación judicial.
Nadal se esforzó en tranquilizar a los ciudadanos de las comarcas del Ebro y subrayó que no hay ningún tipo de peligro no sólo para el consumo de agua, sino para las actividades industriales o agropecuarias