Un total de 50 senadores del Partido Popular presentarán hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del Gobierno que paralizó las obras del trasvase del Ebro incluídas dentro del Plan Hidrológico Nacional. Los senadores alegan que la Constitución garantiza la audiencia de los ciudadanos en los temas que les afectan. También se apoyan en que vulnera la Ley de Aguas, que exige los mismos trámites de información y consulta para la revisión de los planes hidrológicos que para su elaboración.
Madrid- Un grupo de cincuenta senadores del Grupo Popular presentará hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de paralizar el trasvase de agua del Ebro a varios puntos del litoral mediterráneo, previsto en la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Fuentes del PP en el Senado informaron ayer de que a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional asistirán, además del portavoz en la Cámara Alta, Pío García Escudero, y de varios responsables del grupo, los senadores de las Comunidades de Valencia y Murcia. Los argumentos jurídicos en los que se fundamenta el recurso se centran en la presunta inconstitucionalidad que supone la derogación del trasvase, contemplado en una Ley que completó su tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado. Según los senadores, el Real Decreto aprobado por el Gobierno vulnera la legislación española (fundamentalmente la ley de Aguas), la comunitaria (sobre todo, la directiva marco del Agua) y la Constitución, en sus principios de participación y solidaridad. El artículo 14 de la directiva marco del Agua exige, según el PP, los mismos trámites de información y consulta para la revisión de los planes hidrológicos que para su elaboración, lo que no ha ocurrido con el real decreto elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente de Narbona, «cuando la aprobación del PHN ha tardado diez años » . El Real Decreto, añaden, vulnera los artículos constitucionales que establecen la necesidad de audiencia a los ciudadanos y garantizan su participación en las decisiones que les afectan, tras lo que recordó que antes de aprobar el PHN se presentaron 96.317 alegaciones en el Consejo Nacional del Agua y 243.127 al estudio de impacto ambiental, de las que fueron aceptadas el 73%. En cuanto a los artículos constitucionales que garantizan la solidaridad, el PP cita el 45.2, sobre la mejora de la calidad de vida y la defensa del medio ambiente de forma solidaria; el 2, el 138 y el 156, que consagran la solidaridad interterritoria, uno de los cuales, es el déficit hídrico de la cuenca del Segura. No sólo senadores y gobiernos regionales han acudido al TC. También la Diputación de Alicante ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de derogación del trasvase del Ebro al considerar que el Gobierno central «no ha tenido en cuenta los intereses de la provincia y se han vulnerado los derechos de las Administraciones locales ».