Los consumidores se oponen a que el coste de las obras repercuta en la factura

Agencias, Madrid/Valencia

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, manifestó ayer a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, su preocupación por la intención del Gobierno de modificar el régimen económico-financiero de la Ley de Aguas, con motivo de la próxima transposición de la Directiva Marco de Aguas.

A juicio de la Federación, esta ley se adapta «fielmente» a esta normativa comunitaria, por lo que «cualquier modificación incrementaría la carga fiscal de los usuarios de las aguas y sólo respondería al afán recaudatorio de la Administración».
En su opinión, la nueva propuesta de régimen económico-financiero es «precipitada» ya que este apartado de la directiva comunitaria no entrará en vigor hasta el año 2010.

Asimismo, la Federación estima que la agricultura española «perdería competitividad» frente a la europea debido a que España, con una regulación natural simple por el régimen pluviométrico del ocho por ciento, «presenta un déficit de recursos hídricos por falta de lluvias del 32% con respecto a Europa (40%), ya que en el resto del continente llueve de forma constante mientras que en nuestro país las lluvias son estacionales».

Asimismo, la Federación manifestó a Narbona su «descontento» por el hecho de que la derogación del trasvase del Ebro no se hubiera sometido, antes de su aprobación, al Pleno del Consejo Nacional del Agua.

Por otra parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios, mostró su «desacuerdo inicial» y su «profunda preocupación» por las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, sobre que los costes de las obras relacionadas con el agua repercutirán en la factura de los ciudadanos.

No obstante, la Confederación ha hecho un llamamiento a la Administración a través de la nota «para concertar una reunión en la que puedan quedar claros todos los puntos y se pueda escuchar la voz de los consumidores» y se busquen «alternativas que supongan el menor perjuicio» para el ciudadano.

«Un fraude de ley»

El conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, señaló ayer que la reunión del Consejo Nacional del Agua, es un «fraude de ley» porque «ya no hay tiempo» ni para presentar enmiendas ni para realizar un informe sobre el proyecto de ley de derogación del trasvase de agua del Ebro que ya está en el Congreso de los Diputados.

García Antón aseguró que la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería tienen un «futuro muy negro» y criticó que esta convocatoria llegue «tarde y mal» y que el Consejo Nacional del Agua debía haber podido estudiar antes el decreto que derogo el trasvase y el proyecto de ley que está en el Congreso.