El Gobierno tiene intención de promover la existencia de informes de las confederaciones hidrográficas antes de que se definan nuevos planes urbanísticos, a través de su incorporación en la tramitación parlamentaria como proyecto de Ley del decreto de medidas alternativas al trasvase del Ebro. El objetivo de esta iniciativa es limitar la exigencia de recursos hídricos.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó hoy en Madrid, antes de presidir el Consejo Nacional del Agua, los principales temas que presentó ante el órgano asesor del Gobierno en esta materia, para que posteriormente éste encargue a su Comisión Permanente un informe en el "plazo máximo de un mes".
Así, Narbona defendió la "oportunidad" de incorporar a los "organismos públicos de cuencas también en la fase en la que se están preparando planes urbanísticos". A su juicio, debido a que dichos planes no contemplan "muchas veces la disponibilidad de agua efectiva, se generan unas expectativas y una tensión de recursos hídricos que tiene que limitarse al máximo".
Otra de las cuestiones que el Gobierno considera "imprescindible" incorporar a la actual legislación de aguas a través de las enmiendas parlamentarias es la regulación "nítida" sobre el carácter público de las aguas desaladas, cuestión sobre la que se mostró confiada en que otros grupos parlamentarios estén "a favor".
Asimismo, la titular de Medio Ambiente defendió la introducción "gradual" del principio de recuperación de costes, a la que "obliga" la directiva marco de aguas. El objetivo es que "todas las obras que se aprueben a partir de la entrada en vigor de esta norma ya incorporen un sistema de tarifas y una repercusión en términos del precio del agua en las primeras obras que se correspondan con ese proceso que hay que desarrollar de aquí a 2010".
Sobre ese tema aclaró que afectará "exclusivamente" a tarifas del agua para obras futuras, ya que "no tendrá ningún carácter retroactivo".
CONTAMINACIÓN DE AGUAS
Otro de los temas que presentó la ministra se refiere a la labor de la policía de vigilancia de la calidad de las aguas, la cual consideró que "tiene que mejorarse sustancialmente". En ese sentido dijo que la contaminación del Ebro en la localidad tarraconense de Flix es una prueba "evidente" de que "queda mucho por hacer para prevenir comportamientos indeseables en materia de contaminación"
No obstante, Narbona no quiso polemizar sobre el comportamiento de la anterior Administración respecto al caso de Flix. "Prefiero que cada uno valore de manera ajustada a sus responsabilidades lo que ha sucedido en el pasado. A mí, lo que más me preocupa es que estas cosas las evitemos de cara al futuro y restauremos la contaminación en Flix" añadió.
En ese sentido recordó que una "prioridad" de su Departamento será la legislación sobre responsabilidad civil en materia de daños ambientales, que será "un poco más exigente que la directiva europea, que es de mínimos". Así se conseguiría que las empresas se "corresponsabilicen" por daños ambientales "con un seguro, una garantía financiera, un instrumento real donde se concrete esa responsabilidad".
Por último, Narbona descartó, "de momento", cambios en la estructura del Consejo Nacional del Agua, a pesar de que admitió que hay una mayoría de miembros de la Administración General del Estado. A pesar de ello, admitió que "posiblemente" introduzca modificaciones "más adelante", para que éste se asemeje más a un consejo asesor en lugar de a un "órgano delegado de la Administración del Estado".