MADRID. Con el objetivo de cumplir con lo que estipula la Directiva Marco del Agua en cuanto a que el precio del recurso debe corresponderse con su verdadero coste a partir de 2010, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, informó ayer al Pleno del Consejo Nacional del Agua de la intención del Gobierno de modificar el régimen económico-financiero de la Ley de Aguas para que en todas las obras hidráulicas que se aprueben a partir de ahora se implante el principio de recuperación de costes. La ministra aseguró que el régimen económico-financiero de la ley de Aguas es «insuficiente» y, aunque descartó que su modificación vaya a tener carácter retroactivo, insistió en que la tarifa del agua se irá incrementando de forma «gradual».

Las primeras críticas en el seno de la reunión plenaria del órgano consultivo del Gobierno en materia de agua no se hicieron esperar. Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes -que ya criticaron con dureza las tarifas fijadas por el Gobierno para el agua procedente del plan alternativo al trasvase del Ebro- se calificó de «preocupante» esta propuesta del Ministerio de Medio Ambiente. A su juicio, es una iniciativa «precipitada» ya que este apartado de la Directiva Marco de Aguas no entrará en vigor hasta el año 2010. En opinión de la Federación de Comunidades de Regantes, la Ley de Aguas se adapta fielmente a esta normativa comunitaria, por lo que «cualquier modificación incrementaría la carga fiscal de los usuarios de las aguas y sólo respondería al afán recaudatorio de la Administración».

Tramitación parlamentaria

La ministra habló también de incorporar a la actual legislación de aguas -a través de enmiendas en la tramitación parlamentaria como proyecto de Ley del decreto de medidas alternativas al trasvase del Ebro, que empezará a debatirse en breve- la regulación «nítida» sobre el carácter público de las aguas desaladas, cuestión sobre la que se mostró confiada en que otros grupos parlamentarios estén «a favor». Lo cierto es que la modificación de la Ley de Aguas que hizo el anterior Gobierno en diciembre de 2003, precisamente para transponer la Directiva Marco de Agua cuyo plazo para hacerlo terminaba en esa fecha, ya recoge claramente que las aguas procedentes de la desalación de agua de mar, tras pasar por la planta de producción y una vez que se incorporen a cauces, embalses, etc, forman parte del dominio público hidráulico del Estado. Y es que una de las principales novedades de la planificación hidrológica derivada de esta normativa era que incluye las aguas costeras.

La otra propuesta que realizó ayer la ministra pretende promover que las confederaciones hidrográficas realicen informes sobre la disponibilidad de agua antes de que se definan nuevos planes urbanísticos, con el fin de limitar la exigencia de recursos hídricos. A su juicio, debido a que dichos planes no contemplan «muchas veces la disponibilidad de agua efectiva, se generan unas expectativas y una tensión de recursos hídricos que tiene que limitarse al máximo». Aunque no precisó si esos informes serían vinculantes o no, las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia en ordenación urbanística, seguro que tendrán algo que decir.