VALENCIA. La climatología singular de la Comunidad Valenciana, que padece largas etapas de sequía y periodos de grandes precipitaciones, usualmente a finales del verano, provoca de forma cíclica, situaciones como la vivida la pasada semana, en la que diversos puntos de Castellón y del norte de Valencia se vieron, un año más, con agua al cuello. La memoria histórica revela que la quinta parte de las más graves inundaciones del país, durante los últimos cinco siglos, se han registrado en la Comunidad. En octubre de 1982, ocho muertos y 230.000 familias damnificadas es el balance de la pantanada de Tous tras las inundaciones registradas en La Ribera. La ocurrida en el Júcar en el año 1992 ocasionó unas pérdidas de más de 250.000 millones de pesetas de aquella época. Cinco años después, las lluvias dejaban un panorama desolador en Alicante. donde en septiembre de 1997 una tromba de agua a causa de las lluvias torrenciales inundó la ciudad y provocó la muerte de cinco personas. En octubre de 2000 la provincia de Valencia y Castellón se mantuvieron durante tres días en alerta por las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de cuatro ríos, medio centenar de carreteras cortadas y el desbordamiento del pantano de Marina Cristina, además de un muerto en carretera. Más de 5.100 agentes de la Guardia Civil tuvieron que actuar en evacuaciones y trabajos destinados a paliar las consecuencias del temporal, que dejó más de 500 litros por metro cuadrado. Son sólo algunos ejemplos de la acción devastadora del agua y ello a pesar de que la Comunidad se prepara cada año para lo que se avecina. Todas las localidades cuentan tras el verano con el inventario anual de la Campaña de Prevención de Inundaciones, en el que se explican los puntos de riesgo localizados por los técnicos de Protección Civil, los trabajos que se han desarrollado para evitarlos, el protocolo de actuación en caso de inundaciones y las instrucciones que se han de seguir ante este tipo de riesgo. La Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias obliga a los Ayuntamientos a redactar su propio plan local de emergencia y disponer así de un inventario de efectivos locales. Independientemente, las autoridades locales preparan sus obras anti riadas. De cara a septiembre, siempre se realizan las revisiones pertinentes a los barrancos, en algunos casos sobrevolándolos para mejorar su limpieza posterior, así como a todas aquellas infraestructuras destinadas a prevenir las riadas, cuyos túneles son visitados por los responsables que se ocupan del alcantarillado y del subsuelo. La Dirección General de Recursos Forestales también alerta a todos los agentes medioambientales para que adviertan a los usuarios del monte del riesgo de crecidas de ríos, barrancos y ramblas. Tanto los agentes medioambientales como todos los miembros del Plan de Vigilancia Preventiva de la Conselleria tienen instrucciones para dedicar especial atención a las zonas de acampada, campamentos o áreas recreativas y de se intensificar la vigilancia en áreas ubicadas cerca de ríos,ramblas y barrancos, advirtiendo sobre el riesgo de avenidas. Ineficacia o batalla perdida Pero todo eso nunca es bastante ni sirve para evitar las catástrofes. ¿No se actúa de forma eficiente o es inútil luchar contra la naturaleza? Las características meteorológicas específicas del litoral mediterráneo español conducen a lluvias extraordinarias con una gran desproporción entre los caudales ordinarios y extraordinarios de cauces que hace que el problema de las inundaciones revista una especial gravedad en la Comunidad. No hay que olvidar que en esta región la superficie con riesgo apreciable de inundación es de 1.300 kilómetros cuadrados, lo que supone un 5,5% del territorio. En concreto, hay un total de 298 zonas con riesgo de inundación, siendo Valencia, con 180 (de los que 27 tienen alto riesgo de inundación) la provincia que cuenta con mayor número de puntos con suelo inundable, frente a los 49 de Castellón (5 de alto riesgo) o los 69 de Alicante (15 de alto riesgo). Como muchos analistas de estos fenómenos, el investigador José Manuel Giménez, de la Universidad de Alicante, que ha estudiado el riesgo de inundación en relación con la ordenación territorial en el litoral alicantino, considera que, aunque las inundaciones en la Comunidad constituyen un riesgo inherente de las características climáticas, el riesgo deriva, fundamentalmente, de la gestión antrópica del territorio. Apunta los procesos de urbanización turística y modificación ambiental en el litoral como principal causa del incremento del riesgo. El Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana fue presentado en 2001 como una solución pionera a la preocupante situación de la región frente a las avenidas. Uno de sus principales objetivos era la coordinación de todas las administraciones para impedir la edificación en zonas inundables, así como encauzamientos, muros y diques, derivaciones de caudales, mejoras de drenaje, actuaciones de restauración hidrológico-forestal, y reordenación urbana, con un presupuesto de 871 millones de euros. El Plan incluye 423 acciones de tipo urbanístico para limitar y evitar los posibles daños potenciales, medidas que afectan a la política urbana en 165 municipios desde 2001. La Conselleria de Territorio y Vivienda destinará este año más de 230 millones de euros a prevenir inundaciones. según el Plan General de Ordenación Forestal. Sin embargo, las inundaciones se repiten cada año, con el correspondiente peligro y destroza para miles de familias, que sufren pérdidas de negocios, hogares e incluso vidas humanas. Esta situación ha llevado a que incluso el problema se trasladara a los tribunales. La falta de inversiones llevó a vecinos del coto arrocero que comprende la franja litoral desde Almazora a Benicasim, zona calificada por la propia Conselleria de Medio Ambiente como de máxima peligrosidad por el riesgo de inundaciones, a denunciar los «oídos sordos» de la Administración a sus peticiones para garantizar la seguridad de las vidas de sus residentes. A raíz del desbordamiento del Pantano de María Cristina, nació la asociación Inundaciones 2000, que denunciaron a diversos concejales y al propio conseller de Obras Públicas de entonces y actual de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, por «consentir obras y normativas a sabiendas de los problemas que pueden suponer para la población». En cualquier caso, hay expertos que piensan que el riesgo de avenidas en determinadas zonas no se puede eliminar, aunque sí es posible reducirlo. Juan Manuel Aragonés, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, cree que esto es lo que sucede en La Ribera, por lo que sí hay que coordinar actuaciones para paliar las riadas. Las inversiones de la Administración General del Estado en este ámbito territorial han sido cuantiosas y puede citarse por su magnitud el Plan Sur de la ciudad de Valencia de desvío del cauce del río Turia o las presas de Tous, Bellús y Escalona en el río Júcar, propuestas como resultado de la inundación de 1982, en la que se inundaron 24.000 hectáreas, con unos daños directos estimados en 242.000 millones de pesetas (ptas. de 1998). No obstante, en esta última zona, como en tantas otras de la Comunidad, la problemática sigue vigente.