Bruselas /El primer informe que adopta el nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones del 13 de junio supone un serio rapapolvo a la política urbanística y de aguas del PP español. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara, así llamada porque recoge las quejas de los ciudadanos, aprobó ayer por aplastante mayoría, sólo en contra de los tres votos de tres eurodiputados populares españoles, un demoledor informe contra la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) valenciana y otro que obliga a la Comisión Europea a revisar la financiación comunitaria que otorgó al trasvase Júcar-Vinalopó.
La adopción de sendos informes se tomó tras un acalorado debate en el que diversos eurodiputados tacharon la LRAU de 'ley antieuropea, antiecológica e indigna' y hasta hicieron un llamamiento a todos los ciudadanos europeos para no hacer inversiones inmobiliarias en la Comunidad Valenciana mientras se mantenga una situación que consideran de 'inseguridad jurídica' en la que 'no se respeta ni siquiera el derecho a la propiedad' y se deja vía libre a la especulación y la corrupción.
Aunque el grueso de la reunión se dedicó a debatir sobre los abusos que, según el informe parlamentario, ha facilitado la controvertida ley urbanística, lo cierto es que jurídicamente tiene más calado la aprobación del relativo al trasvase porque obliga expresamente a Bruselas a revisar su decisión de otorgar 80 millones de euros de fondos europeos para costear las obras. 'Si los datos del nuevo Gobierno español son distintos a los que nos aportaron en su momento', explica un funcionario de la Comisión, 'y vemos que no se cumplen las condiciones bajo las cuales se otorgaron los fondos, estaríamos obligados a emitir un informe negativo'.
Entre las condiciones impuestas por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para sufragar las obras con fondos europeos se encuentran la de no utilizar agua del Ebro y la de mantener un caudal ecológico en la cuenca cedente. Un portavoz de la Comisión explicó a los eurodiputados que el proyecto no parece vulnerar ninguna de las directivas medioambientales europeas, si bien utilizaba los datos oficiales que España había enviado antes del cambio de Gobierno en Madrid