Junta de Andalucía y Gobierno central estudian las opciones con las comunidades de regantes Calculan tener firmados los convenios a finales de este año Después estudiarán durante un año los aspectos técnicos
ALMERÍA /A pesar de que tras la derogación del trasvase del Ebro, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprobó un plan de medidas urgentes para paliar las necesidades hídricas de la provincia de Almería, estas solciones tardarán al menos 17 meses en ponerse en marcha. Así lo anunció ayer Adrián Baltanás, director general de la sociedad estatal Acuamed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), tras una reunión celebrada entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y las comunidades de regantes y juntas de usuarios de la provincia.

Esta reunión es la primera de una serie de contactos que se llevarán a cabo durante los próximos meses entre las Administraciones y los colectivos afectados por la escasez de agua en Almería, ya que el objetivo prioritario que se han marcado es que «no habrá un solo tema de agua que no sea coordinado y conocido por la otra Administración», como resaltó Juan Callejón, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, en referencia a algo que han destacado todos los comparecientes, el hecho de que a partir de ahora se coordinarán todos los trabajos y decisiones que se adopten en materia de aguas, para evitar errores como los que se han dejado ver en la desaladora de Carbboneras.

En este sentido, Juan Corominas, secretario general de Aguas de la Junta resaltó que empieza «un tiempo nuevo para resolver los problemas del agua en Almería». Pero si en algo coincidieron todos fue en que las comunidades de regantes han «saludado» de manera muy favorable esta iniciativa y que «quieren trabajar con nosotros y que avancemos en solucionar problemas concretos», añadió Corominas.

Calendario

A partir de ahora, es mucho el trabajo que queda por hacer. Adrián Baltanás ha avanzado el calendario que se seguirá para «garantizar la eficacia de las gestiones». En una primera fase, que se prolongará hasta final de este año, se van a mantener conversaciones con las juntas de usuarios y comunidades de regantes, para después de conocer sus necesidades y compromisos, empezar a firmar convenios marco que regulen todo lo acordado. A partir de ahí, se iniciará una segunda fase, para la que han estimado un margen de 9 a 12 meses, en la que se estudiarán las características técnicas específicas de las zonas donde se vayan a instalar las desaladoras «que tienen unas ciertas complejidades técnicas, por la forma de captación de los recursos o la forma de vertidos», como apuntó Corominas. Así, una vez finalizados todos los prolegómenos, y ya en enero de 2006, empezarían a «concretar las condiciones que se habían acordado de manera más o menos general en estos convenios marco ya firmados», anunció el secretario de Aguas.

Además de adelantar los plazos que van a seguir las Administraciones, Baltanás anunció los volúmenes de agua desalada necesaria. El Poniente almeriense precisa entre 40 y 50 Hm3 de agua, aunque en principio se abastecería a la comarca con 20 Hm3, hasta que se conociera la demanda real. En cuanto al Levante, la producción sería similar, aunque tendrían que tener en cuenta la aportación de agua desalada que, a esas alturas, realizara la planta de Carboneras.

De este modo, lo que queda por concretar es el emplazamiento que tendrán las plantas desaladoras. Se plantean dos opciones, la de un emplazamiento único o la construcción de varias plantas. Según Baltanás, director general de Acuamed, «esto tiene que ver con los plazos de ejecución, lo más probable es que se decida hacer urgentemente, en dos o tres años, unos primeros módulos, y dejar para una etapa posterior, cuando se vea si verdaderamente hay una necesidad de agua, ampliar módulos sucesivos, que podrían coincidir o no coincidir».

Financiación

A pesar de haber consensuado este tipo de aspectos, la financiación de las obras que se van a realizar, es un apartado que se ha dejado en el aire, a pesar de que Juan Corominas expresó su «preocupación» por el tema de financiación «desde el primer momento». Eso sí, este aspecto se concretará en los convenios marco, para evitar pequeños dilemas como el que sufren ahor los regantes de Níjar con el precio del agua desalada de Carboneras.

Pero no sólo se adoptaron directrices generales durante las reuniones de ayer, sino que las Administraciones adquirieron una serie de copromisos concretos con las comunidades de regantes. Así. con la Junta Central de Usuarios del Poniente, se acordó llevar a cabo una actuación urgente en la Balsa del Sapo, en Las Norias de Daza, para proceder al bombeo de agua y rebajar así el nivel, que se ha sobrepasado. Además, se va a firmar un convenio con los usuarios para gestionar el acuífero. Por otro lado, con la Comunidad de Regantes de Níjar y Rambla Morales, se habló de la necesidad de acelerar las obras que posibiliten el regadío, mientras que con la del Valle del Almanzora se acordó iniciar los trabajos para impulsar una gran junta central de usuarios, donde estén los regantes y los ayuntamientos, al mismo tiempo que estudiarán la canalización de agua desde Carboneras hasta el Levante.

Finalmente, aplaudieron la iniciativa de María Dolores Muñoz, alcaldesa de Pulpí, que propuso la organización de unas jornadas técnicas para que defensores y críticos de la desalación y del trasvase, expongan sus teorías y cada uno saque después sus conclusiones. Para los representantes gubernamentales, «la desalación es una opción que fue apoyada por la Junta de Andalucía, y en este sentido estuvimos apoyando al Gobierno anterior del Partido Popular para que hiciera esas obras de la desaladora de Carboneras y además le pedimos que hiciera más obras de desalación, por lo que en ese sentido el Gobierno actual ha hecho caso de esos planteamientos, por lo que es el momento de trabajar con los usuarios para que la obra de Carboneras pueda cuanto antes empezar a funcionar», destacó.