Desde Joaquín Costa, allá por el año 1880, en una alocución a los agricultores reunidos en congreso en Madrid, hasta nuestros días, los hombres del campo han intentado conseguir agua para sus tierras y mejorar sus cosechas. Unas veces reclamando solidaridad y otras exigiendo a los Gobiernos obras de trasvase que llevaran el agua desde donde la había en abundancia hasta donde se padecía la escasez. Decir, a estas alturas, 2004, «que no se es partidario de los trasvases», no deja de ser una idiotez, tanto mayor cuanto más alto está el personaje que la pronuncia, porque tiene la obligación de estar informado de lo que ocurre con el agua.En todos los trasvases, he notado que se considera al receptor del agua: sus necesidades y las riquezas que el agua le proporcionaría. Sin embargo, se olvidan del cedente, del que en origen dispone del agua, del que podría reclamar su propiedad.Si el agua se encuentra en un acuífero, el propietario de los terrenos en superficie la puede explotar: extraerla para su uso o venderla. Si el agua se encuentra en superficie, ¿de quién es el agua? Del Estado. Pero el Municipio también es Estado, una parte de ese Estado. Entonces, pregunto. ¿Por qué sin dejar de pertenecer al Estado español no se le adjudica, por proximidad, la propiedad al Municipio, parte de ese Estado? ¿Lo impide la Ley?, pues, modifíquese la Ley, que para eso están los Parlamentos.Viene esto a cuento, porque los municipios de la comarca del Bajo Ebro, en la actualidad, se encuentran cada año con una media de 7.000 hectómetros cúbicos (7.000 millones de metros cúbicos) de agua que ven pasar hacia el mar, sin beneficio ni para ellos ni para nadie; ya que, aguas arriba todos han tomado el agua que necesitaban, para riesgos, abastecimiento o generación de energía eléctrica. Estos habitantes del Bajo Ebro ven pasar una riqueza superior a la de una mina de oro o un campo petrolífero, porque no se agota, porque se renueva cada año. Disponer de esa riqueza para poderla vender, supondría un mínimo de ingresos de 210 millones de euros (35.000 millones de pesetas) cada año, al módico precio de cinco pesetas el metro cúbico de agua vendido en origen; o lo que es lo mismo, más de un millón de pesetas (6.000 euros) por cada uno de los 32.000 habitantes que conforman la comarca del Bajo Ebro, cada año.Y, ¿qué tendrían que hacer para conseguir tal riqueza? Sólo solicitar y conseguir que el Estado les autorice a extraer el agua sobrante del cauce del Ebro, aquella que se tira por las compuertas del último pantano para evitar que peligre la estabilidad de la presa con el empuje de la riada; y depositarla en sus propios pantanos, construidos sobre el terreno de sus municipios.Necesitarán compradores de esa agua. Parece que lo tendrán fácil ofreciéndosela a Barcelona, Gerona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga y Baleares. El costo del transporte, a cargo del comprador.Sería una riqueza inacabable e inigualable. Es sólo una opinión.