La consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gema Amor, señaló hoy que el Real Decreto ley 2/2004 que deroga el trasvase del Ebro podría "suponer la merma de 80,6 millones de euros anuales en los beneficios de los agricultores de la Comunidad Valenciana".
Según explicó Amor, la Ley del Plan Hidrológico Nacional implica la "consolidación del suministro" de los regadíos existentes en las zonas con precariedad hídrica, reconociendo un derecho de concesión de aguas tanto a Comunidades de Regantes como a Usuarios del agua de las Cuencas del Júcar y del Segura "que el decreto de derogación del trasvase deja sin efecto, provocando por lo tanto la expropiación de este derecho".
En este sentido, indicaron fuentes de la Generalitat, "la cuantificación económica de los derechos de aprovechamiento hídrico, según los valores contemplados en el propio Plan Nacional de Regadíos, alcanzaría los 80,6 millones de euros al año, calculados estimando los hectómetros cúbicos anuales que debían llegar a nuestras cuencas y el beneficio económico que en las producciones de nuestros agricultores supondrían estos recursos".
Pero además, dijo la consellera, "esta pérdida de derechos supone que las infraestructuras ejecutas o en ejecución, por valor de 80,2 millones de euros, ante la confianza generada con la aprobación del trasvase del Ebro incluido en el PHN, a través del que se daba respuesta a una reivindicación histórica de los agricultores de la Comunidad Valenciana, y especialmente de Alicante, podrían llegar a ser en buena parte inservibles".
De este modo, el esfuerzo inversor realizado, especialmente por los agricultores, en la ejecución de las infraestructuras necesarias para recibir las aguas excedentarias procedentes del Bajo Ebro, "se ha visto dañado como consecuencia de la falta de garantía del suministro hídrico provocado por el decreto".
Entre las obras ya ejecutadas destaca la construcción del embalse de regulación de San Pascual en las localidades de Monforte y Novelda, con un coste de 2,7 millones de euros; la primera fase de la conducción de la margen derecha del Vinalopó, por valor de 5,8 millones de euros; el embalse de regulación y las conducciones de El Canalillo en Agost, con un coste de 2,2 millones; los embalses de regulación de El Toscar en Monovar y el Morrón en Villena, por valor de 5,8 y 2,7 millones de euros respectivamente; así como las obras de modernización del regadío en San Rafael (Castellón), que han supuesto una inversión de 2,8 millones de euros, indicaron las mismas fuentes.
Del mismo modo, señalaron, se ha ejecutado el 83 por ciento de la modernización de los regadíos de la Comunidad General de Usurarios Alto Vinalopó, con un coste total de 56,3 millones de euros, y el 65 por ciento del proyecto de racionalización del agua para riego de la comunidad de regantes Virgen de la Paz y El Canalillo, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, "lo cual supone haber invertido 47,4 millones de euros en estas dos infraestructuras de riego proyectadas para poder ejecutar la transferencia de recursos hídricos contemplados en el PHN".
Todas estas infraestructuras se han acometido sobre la "base de la confianza legítima que merecía la previsión de la transferencia de recursos contemplada en la ley aprobatoria del PHN y, por lo tanto, se ha provocado un daño efectivo y cuantificable económicamente que de seguir adelante exigiría la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones sufridas en los bienes y derechos tanto de la Generalitat Valenciana como de los particulares afectados", según las mismas fuentes.
Por último, la consellera ha manifestado que la derogación, mediante un decreto, de una actuación contemplada en una ley aprobada por los cauces jurídicos habituales y con un "amplio consenso", "vulnera los principios esenciales de seguridad jurídica y confianza legítima amparados constitucionalmente".