Valencia recurre, por «irracional», ante el TC la derogación del trasvase del Ebro
Jue, 22/07/2004
La iniciativa, de 144 folios, se basa en la «irracionalidad» del Real Decreto socialista, apela a la solidaridad entre regiones y niega un conflicto de competencias
VALENCIA. El consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Alejandro Font de Mora, aseguró ayer que, con la derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno, se ha infringido «de manera evidente el principio de solidaridad entre los territorios que conforman nuestro país». Font de Mora se expresó así tras presentar ayer en la sede del Tribunal Constitucional un recurso en nombre de la Generalitat contra el Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio por el que se modifica el Plan Hidrológico Nacional y se elimina la transferencia hídrica.
Se trata de un recurso de 144 folios y distinta documentación -entre la que se encuentra alguna del propio Gobierno central- elaborado por los equipos jurídicos de distintas consejerías, el dictamen al respecto del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y expertos sin relación con la Administración autonómica que fija la doctrina impulsada por el Tribunal Constitucional en los últimos 20 años.
El aspecto jurídico más novedoso, según expresaron a ABC fuentes de la Generalitat, es el tratamiento de la arbitrariedad -voluntad o capricho- llevado a cabo por el Gobierno socialista que, siempre según las mismas fuentes, «ha actuado de manera irracional, por lo que el producto (el Real Decreto) es también irracional».
El trabajo aportado hace referencia al artículo 2 de la Constitución Española en el que se garantiza la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran la Nación y no presenta apenas argumentos competenciales, ya que no se considera que se han vulnerado competencias de la Comunidad Valenciana, sino que el Gobierno ha realizado un «ejercicio inconstitucional de las competencias estatales».
El recurso, que ha sido presentado en un tiempo récord ya que el plazo expiraba el 19 de septiembre, supone la primera iniciativa de inconstitucionalidad de la Generalitat desde 1995.
Inundación de insolidaridad
Alejandro Font de Mora destacó que, «anulando el trasvase del Ebro se ha producido una inundación de insolidaridad porque a raíz de esta derogación otros presidentes regionales, concretamente el de Castilla-La Mancha, también quieren que el trasvase, en este caso el del Tajo-Segura, se anule».
El dirigente popular añadió que «una nación es un conjunto de solidaridad», y recordó que la Comunidad Valenciana ha sido muy solidaria a lo largo de su historia «en momentos en que las exportaciones eran mínimas nuestra Comunidad con su capacidad exportadora aportaba una cantidad importante de recursos a la nación». «Cuando se nos niega a los valencianos, a los murcianos y almerienses un recurso fundamental como es el agua, la cual sobra en otros territorios, pensamos que se está vulnerando la constitución», continuó el consejero de Presidencia valenciano.
Cabe recordar que el Gobierno valenciano ya ha presentado una queja ante la Unión Europea por incumplimiento del derecho comunitario y que ha promovido la recogida de 500.000 firmas para iniciar un procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular que acabe en las Cortes Generales.
VALENCIA. El consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Alejandro Font de Mora, aseguró ayer que, con la derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno, se ha infringido «de manera evidente el principio de solidaridad entre los territorios que conforman nuestro país». Font de Mora se expresó así tras presentar ayer en la sede del Tribunal Constitucional un recurso en nombre de la Generalitat contra el Real Decreto Ley 2/2004 de 18 de junio por el que se modifica el Plan Hidrológico Nacional y se elimina la transferencia hídrica.
Se trata de un recurso de 144 folios y distinta documentación -entre la que se encuentra alguna del propio Gobierno central- elaborado por los equipos jurídicos de distintas consejerías, el dictamen al respecto del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y expertos sin relación con la Administración autonómica que fija la doctrina impulsada por el Tribunal Constitucional en los últimos 20 años.
El aspecto jurídico más novedoso, según expresaron a ABC fuentes de la Generalitat, es el tratamiento de la arbitrariedad -voluntad o capricho- llevado a cabo por el Gobierno socialista que, siempre según las mismas fuentes, «ha actuado de manera irracional, por lo que el producto (el Real Decreto) es también irracional».
El trabajo aportado hace referencia al artículo 2 de la Constitución Española en el que se garantiza la solidaridad entre las nacionalidades y regiones que integran la Nación y no presenta apenas argumentos competenciales, ya que no se considera que se han vulnerado competencias de la Comunidad Valenciana, sino que el Gobierno ha realizado un «ejercicio inconstitucional de las competencias estatales».
El recurso, que ha sido presentado en un tiempo récord ya que el plazo expiraba el 19 de septiembre, supone la primera iniciativa de inconstitucionalidad de la Generalitat desde 1995.
Inundación de insolidaridad
Alejandro Font de Mora destacó que, «anulando el trasvase del Ebro se ha producido una inundación de insolidaridad porque a raíz de esta derogación otros presidentes regionales, concretamente el de Castilla-La Mancha, también quieren que el trasvase, en este caso el del Tajo-Segura, se anule».
El dirigente popular añadió que «una nación es un conjunto de solidaridad», y recordó que la Comunidad Valenciana ha sido muy solidaria a lo largo de su historia «en momentos en que las exportaciones eran mínimas nuestra Comunidad con su capacidad exportadora aportaba una cantidad importante de recursos a la nación». «Cuando se nos niega a los valencianos, a los murcianos y almerienses un recurso fundamental como es el agua, la cual sobra en otros territorios, pensamos que se está vulnerando la constitución», continuó el consejero de Presidencia valenciano.
Cabe recordar que el Gobierno valenciano ya ha presentado una queja ante la Unión Europea por incumplimiento del derecho comunitario y que ha promovido la recogida de 500.000 firmas para iniciar un procedimiento de Iniciativa Legislativa Popular que acabe en las Cortes Generales.