La Generalitat Valenciana presentó esta mañana en el Tribunal Constitucional un recurso contra el real decreto ley 2/2004 que derogó el trasvase del Ebro, para intentar que la norma no se ejecute y las transferencias de agua hacia Cataluña, Valencia, Murcia y Almería se lleven a cabo, según recogía la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). El real decreto también incluyó más de 100 actuaciones urgentes para desarrollar en las cuatro comunidades, capítulo que la Generalitat valenciana no recurre.
La Comunidad Valenciana considera que el real decreto podría vulnerar los artículos 2, 9, 31, 86 y 131 de la Constitución. Así, argumenta en su recurso que "la regulación del equilibrio territorial hidráulico, plasmado en el PHN, no puede efectuarse mediante un real decreto ley, ya que su objetivo es garantizar la solidaridad interterritorial".
El consejero de Presidencia, Alejandro Font de Mora, explicó a Europa Press que "se vulneran principios constitucionales y se ha utilizado un real decreto ley que es inapropiado para estos propósitos".
"Insistimos mucho en uno de los principios constitucionales vulnerados que es el de la solidaridad interterritorial, que está recogido en la Constitución de manera firme y reiterada, y entendemos que el Gobierno socialista ha vulnerado porque el agua es un bien escaso, pero escaso y mal distribuido, es decir, que en unas comunidades sobra y en otras falta. El principio de solidaridad entre territorios exigiría por tanto que un bien como el agua pudiera llegar desde donde sobra a donde falta, y es lo que se pretendía por parte de los gobiernos populares, cuando se planteó el trasvase de agua del Ebro", dijo.
El argumento de la solidaridad aducido por Valencia se recoge en el recurso diciendo que el real decreto "no tiene en cuenta los déficits hídricos existentes en unas regiones y los superávits propios de otras, permitiendo que el agua sobrante en unas cuencas pueda paliar las necesidades de otras, tal y como exige la solidaridad proclamada por el artículo 2 de la Constitución".
Font de Mora comentó que "al bloquear el trasvase se ha abierto un nuevo problema: la insolidaridad de otros territorios. Bloqueando el trasvase del Ebro se ha producido una inundación de insolidaridad".
La Comunidad Valenciana también esgrime que se ha "vulnerado el principio de seguridad jurídica y que se había generado confianza legítima" con el PHN. Así, la Consejería valenciana de Agricultura, Pesca y Alimentación "ante la confianza generada con la aprobación del trasvase, tenía ejecutadas o en ejecución significativas infraestructuras relativas a obras de modernización de regadíos"; y las comunidades de regantes y usuarios pueden considerar la derogación del trasvase "como un acto expropiatorio de derechos, por cuanto deja sin contenido el derecho que ostentan los titulares de las concesiones de agua existentes en estos sistemas, a la utilización del agua concedida en los términos fijados en su título concesional al objeto de superar las situaciones de precariedad o infradotación".
PARTICIPACIÓN.
En el recurso también se argumenta que con el real decreto ley "se coarta la participación del Senado" y "no cumple con los requisitos exigibles para la modificación de la Ley del PHN, según la necesaria participación social e institucional".
En esta línea de crítica a la falta de discusión, la comunidad gobernada por el PP indica que "el real decreto ley modifica la Ley del PHN sin ningún tipo de informes, ni siquiera el preceptivo del Consejo Nacional del Agua, ni intervención de los sectores profesionales y económicos afectados". Y añade que no se han seguido "las condiciones de información y participación pública que exige el artículo 14 de la directiva marco de Agua".
EL PHN NO ES DE INMEDIATA APLICACIÓN.
Además, el Gobierno valenciano estima que "no existe extraordinaria necesidad" en la aprobación del real decreto "pues el contenido que se pretende se podía haber obtenido mediante la tramitación ordinaria de un proyecto de ley". El Ejecutivo autonómico añade que la ley del PHN "no constituye una norma de aplicación inmediata, pues requiere, dados sus objetivos, de una larga y dilatada empresa hídrica con la finalidad de llevar a cabo toda la articulación y entramado de planes hidrológicos, entre ellos el trasvase del Ebro". Valencia considera que la planificación hidrológica nacional "está vedado al decreto ley" y no se puede regular por este cauce.
En relación con el gasto público, la Generalitat expone que en la Ley del PHN se establecía un tributo ecológico, y al derogar el artículo 22 de dicha ley "está alterando la obligación de los usuarios de contribuir al sostenimiento del gasto público, de forma que se imposibilita la repercusión de costes a los usuarios en los términos de la directiva marco del Agua".
La Generalitat afirma que la alternativa del Gobierno es "ineficiente económicamente, por comportar un mayor coste económico", además "conlleva un coste añadido por la inutilización de los recursos humanos, técnicos y económicos que ya ha utilizado la Administración del Estado en la redacción del propio Plan Hidrológico". Y añade que obligará a indemnizar a terceros perjudicados como contratistas o concesionarios.
INCIDE EN COMPETENCIA DE VALENCIA.
También advierte en el recurso, recogido por Europa Press, que el real decreto "incide en competencia asumidas en el Estatuto de Autonomía: aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, la ordenación del territorio y del litoral, la protección del medio ambiente y la conservación de los espacios naturales, obras públicas, la pesca, la industria, el turismo, y significativamente, la planificación de la actividad económica de la comunidad, lo que obliga a la necesidad de coordinación, que ha sido incumplida por el Estado".
Por otra parte, el consejero de Presidencia no descartó movilizaciones. "No descartamos ningún tipo de actuación, ni tampoco movilizaciones en su momento, pero ahora estamos en la vía judicial, y también vamos a poner en marcha una iniciativa legislativa popular en pocas semanas", concluyó.